Robo del siglo
Freddy Sánchez jueves 8, Abr 2021Precios y desprecios
Freddy Sánchez
El partido único, el presidencialismo todopoderoso y el fraude electoral, suman tres grandes desgracias que padeció el país y bajo ninguna circunstancia debe volver a padecer.
Y por esa razón, sean las que fueren las acciones legales a emprender con miras a un cambio en el Instituto Nacional Electoral, nada absolutamente nada justificaría un nefando retorno a un pasado oscuro que en la memoria histórica sobrepasó los límites de la tolerancia social hasta que hubo la necesidad de dar un paso en firme para la democratización electoral.
Setenta años de un priismo avasallador terminaron porque los habitantes de México clamaron por la liberación del casi inconmovible autoritarismo institucional que si bien logró diversos avances innegablemente positivos, (como sucedió con la construcción de instancias públicas de alto valor social en distintos órdenes de la vida nacional), propició a su vez una insoportable plaga de abusos de corrupción, intolerancia y recurrentes abusos de poder.
En ese sentido, imposible sería olvidar que el ahora Instituto Nacional Electoral, (anteriormente IFE), se constituyó con la voluntad oficial de ceder un espacio a los ciudadanos para que tuvieran la confianza de que los representantes electorales habrían de surgir de elecciones limpias.
Los antecedentes oprobiosos de una seudo democracia corrompida y manipulada desde el poder oficial, con la finalidad de imponer a capricho del mando presidencial a una caterva de actores públicos sumisos a las exigencias de todo tipo del Poder Ejecutivo, finalmente propiciaron un cambio radical que le arrebató al presidente su capacidad todopoderosa de hacer y deshacer a su antojo cuanto le viniera en gana en una elección.
Con el cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari, en sustitución de Miguel de la Madrid, el propio Presidente tomó la decisión de impulsar el surgimiento de dos instituciones cercanas a la sociedad y salvaguardas de los derechos elementales de toda sociedad que se libera de la más descarada e impune opresión. Y es que junto con el Instituto Federal Electoral, (actualmente INE), se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, a partir de aquel momento trascendental para la historia moderna nacional, en materia de defensa de los derechos electorales y humanos de la población, comenzó el equilibrio en la distribución del poder gubernamental con las primeras gubernaturas que con absoluta libertad los electores pusieron primero en manos del Partido Acción Nacional y después también del Partido de la Revolución Democrática, con la participación en distintas representaciones populares del Verde Ecologista, Partido Del Trabajo y otras organizaciones partidistas e incluso ciudadanos independientes electos democráticamente al igual que los abanderados de Morena.
Con esos antecedentes pues, a favor de la democracia electoral, es preciso avalar el desempeño de lo que fue el IFE y lo que ahora es el INE, (con deficiencias, fallas e irregularidades de una u otra índole como sucede con la mayoría de las instituciones públicas o privadas en el país), destacando que el regreso a las viejas formas de simulación democrática constituiría un imperdonable atentado a la libertad de elección electoral de los ciudadanos.
Bajo esa tónica, lo único correcto que puede hacerse, no es anular los avances logrados, sino por el contrario, fortalecer la autonomía e independencia del INE, tomando la decisión de que los futuros consejeros no provengan de la propuesta y designación presidencial o legislativa, sino que directamente los nombramientos emanen de la voluntad ciudadana.
Y que los aspirantes a ocupar dichos empleos, no sólo acrediten su buena fama pública y una vida honorable, sino que de ninguna manera hayan estado ligados a intereses con grupos de poder económico o político para que su desempeño responda al interés ciudadano y no de quienes se apurar a nombrar a un consejero o magistrado electoral para tratar de convertirlos en sumisos sirvientes de sus intereses. Por ello, no debe haber un funesto regreso al pasado turbio y tendencioso en materia democrática, puesto que se estaría cometiendo en los asuntos electorales lo que podría ser el robo del siglo.
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