Justicia selectiva
Armando Ríos Ruiz viernes 2, Abr 2021Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
Desde que Francisco García Cabeza de Vaca era candidato al gobierno de Tamaulipas, se habló de sus nexos con el narcotráfico. El señalamiento se tomó como el que en momentos de elecciones realizan los contrincantes para denostar al puntero ante los votantes, en su afán de restarle puntos y superarlo.
García Cabeza de Vaca llegó al gobierno, en un estado en el que muchos antecesores fueron perseguidos por la justicia, por sus ligas con el crimen organizado. Marcado además por la proliferación de la delincuencia, que se ha enseñoreado al grado de que no respeta a nadie.
Ha sido escenario de crímenes atroces, como aquél en el que fueron masacrados 72 migrantes centro y sudamericanos de manera bestial, con golpes de marro en la cabeza y a balazos. Después de este hecho que conmovió a todo el territorio nacional, se han suscitado muchos más en contra de viajeros, a quienes han ultimado por docenas.
Esto no quiere decir que todos los gobernantes estén enredados con los criminales y en última instancia, la autoridad tendría que investigar y castigar mediante un juicio formal, si el actual mandatario es culpable de los delitos que se le imputan y que más bien parece obedecer a una venganza.
En múltiples ocasiones, García Cabeza de Vaca ha sido crítico de las acciones presidenciales, como muchos otros. Sin embargo, la ira presidencial parece haberse concentrado en su contra y esta actitud le acarreó señalamientos delictivos, algunos derivados del caso Odebretch.
Fue mencionado en este espinoso asunto, de haber recibido cantidades millonarias a cambio de aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Si fue así, ¿por qué no investigar también al ex Presidente?
El juicio en su contra para desaforarlo y entregarlo al Ministerio Público, si hay evidencias en su contra, acaba de iniciar en la Cámara de Diputados, con todos los atropellos y fallas, como no se había visto jamás. Sin la presencia de la Fiscalía General de la República, parte acusadora y con evidentes faltas al debido proceso, se le acusa de haber acumulado propiedades que no corresponden a lo que ha devengado en su quehacer político.
Durante la diligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, reseñó que el mandatario estatal cuenta con ocho propiedades que superan sus ingresos, a lo que el panista respondió que se trata de acusaciones “fantasiosas”. Señaló que del año 2006 a hoy, sus declaraciones ascienden a 34 millones 506 mil 620, sin embargo, se detectó la compra de al menos ocho inmuebles que rebasan esas ganancias por mucho dinero.
¿Por qué cuando Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad fue señalado en un reportaje periodístico de poseer 23 propiedades cuyo valor asciende a más de 800 millones de pesos, se ordenó una investigación, no para determinar el origen de sus propiedades, sino para exonerarlo ante la opinión pública? Luego volvió a ser señalado por otras propiedades y… nada.
Su hijo también fue mencionado como vendedor de ventiladores a precios exorbitantes. La Secretaría de la Función Pública encontró, después de una presunta investigación, que en ningún caso había delito. ¿Cómo creerle a la titular, Irma Eréndira Sandoval, si ella misma, junto con su esposo, han sido acusados de enriquecimiento sorprendente? Así se hace justicia ahora
Respecto al primer funcionario, basta rascarle un poquito a su pasado, que ya es bastante largo en las peripecias políticas, para saber de quién se trata. Recuerdo cuando despojó al dueño de Impacto, esta revista, con una serie de argumentos engañosos, para venderla posteriormente al narcotraficante Rafael Aguilar Guajardo, muerto hace muchos años, según quedó asentado en un reportaje.
Hoy, los amigos y familiares que cometen delitos, son exonerados y respetados. La ley no se hizo para ellos.
