Sancionarán a quien difunda videos bajo su custodia
Luis Muñoz martes 30, Mar 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
Aunque esto mismo ya ha sido planteado en otras ocasiones, el diputado Fernando Torres Graciano (PAN), también expuso su preocupación y planteó establecer como delito el ejercicio ilícito (por parte de servidores públicos) la difusión de imágenes, audios o videos almacenados en aparatos electrónicos o en cualquier otro medio, soporte o formato de información tecnológico, que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Con antelación, ProDatos había señalado que se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.
Precisó que se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.
De acuerdo con el legislador federal, al servidor público que, en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación o “marginación”, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, “ya sea de manera física o a través de la utilización de imágenes, audios o videos almacenados en aparatos electrónicos o en cualquier otro medio, soporte o formato de información tecnológico”, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días multa.
En la iniciativa, remitida a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, se destaca que la información que llegue a ser filtrada por los servidores públicos puede afectar las investigaciones, dando como resultado procesos mal ejecutados que permiten en algunos casos que los imputados salgan libres de toda repercusión y castigo.
Además se hace referencia a casos donde los servidores públicos encargados de la investigación filtraron fotos y videos, sobre un feminicidio y de cómo elementos de la Policía Bancaria e Industrial golpeaban a tres acusados del robo a un negocio.
Hay casos, explica, en donde los propios elementos de la policía no sólo violan los derechos humanos, sino también afectan el debido proceso por grabar a los detenidos e imputados de algún hecho ilícito, lo cual perjudica a un proceso claro y transparente, y da la posibilidad al presunto imputado de salir impune por la mala actuación de los elementos de seguridad.
Algunos de los servidores públicos que deberían trabajar para beneficio de la sociedad y la impartición de justicia, han realizado acciones que no solo violan los derechos humanos de las víctimas, sino que pueden llegar a degradar la integridad de los afectados y sus familiares.
Por ello considera necesario detener esta sustracción de evidencia física, digital o documental por parte de los servidores públicos que victimizan, revictimizan, degradan y humillan a las víctimas y familiares de estos hechos.
Por todos los medios se debe evitar que los funcionarios públicos que están a resguardo de la evidencia hagan un mal uso de esta información que puede ser esencial para la propia investigación y que, por no seguir una adecuada cadena de justicia pueda verse afectada, lo cual podría resultar en una violación, no sólo para el imputado, sino para aquella persona que busca justicia.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, modifica los artículos 214 del Código Penal Federal y 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El “manto protector” de mafias
Hablando de castigos y sanciones, el presidente de la Jucopo del Congreso de la Ciudad de México, diputado Víctor Hugo Lobo Román, insistió en que se castigue a funcionarios omisos del delito de pedofilia.
El problema no es menor si tomamos en cuenta que San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y la capital del país, son las entidades con “focos rojos” que advierten sobre un gran peligro social por la presencia de pedófilos, violadores y mafias de pornografía infantil que, amparados por la corrupción, se mantienen impunes.
Frente a este problema, que bien se puede extender al resto del país, el legislador del PRD propuso modificar el Código Penal de la CDMX para sancionar con penas más severas, como la inhabilitación a los servidores públicos que sean omisos a los delitos de violación, abuso y comercio sexual contra un menor de edad.
De acuerdo a las cifras de la Red Nacional Por los Derechos de la Infancia (REDIN), en el 2020 en todo el país se registraron 19 mil llamadas de emergencia diarias relacionadas con violencia familiar; la violencia sexual “es una realidad que ocurre a una de cada 10 mujeres adolescentes y durante la pandemia de la Covid-19 ha habido un aumento de los delitos que atentan contra la vida, salud, libertad, integridad y privacidad de niñas y niños”.
Piden no comprar vacunas falsas
Parece que no se ha podido poner orden porque continúa la venta de vacunas contra la Covid-19 en la Ciudad de México.
Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde, pidió a la población capitalina no caer en engaños sobre la venta de vacunas que podrían ser falsas y ocasionar daños graves a la salud.
