Etnias, ¿a salvo del capitalismo rapaz?
Luis Muñoz miércoles 17, Mar 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
De acuerdo a lo expresado, la Ley de Consulta a Comunidades Indígenas y Afro mexicanas será una herramienta para que las etnias puedan defenderse de los embates del capitalismo rapaz que no deja de quitarles su territorio.
Durante el foro de consulta para la dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide dicha Ley, el diputado federal, Ulises García Soto señaló lo anterior y dijo que las propuestas de las comunidades autóctonas serán incluidas para enriquecer la Ley General, la cual es un paso más hacia la democracia participativa.
En la sede Guachochi, Chihuahua, uno de los más importantes territorios de la etnia rarámuri o tarahumara, en el centro de la Sierra Tarahumara, destacó que “vamos caminando hacia un México más incluyente donde quepamos todos, que nos respetemos todos, que no se avergüencen del color de piel, ni de sus ropas, ni de sus lenguas; un país plurinacional, que encuentre en su diversidad cultural una constelación de muchos colores que brillan para siempre”.
Explicó que no sólo se consultarán temas legislativos o administrativos, sino también proyectos de infraestructura. “Si ustedes no quieren una minera, una presa o un aeropuerto, no se construyen. Una de las virtudes de este proyecto de Ley es que los resultados de las consultas que se hagan son vinculantes; si las comunidades dicen no, será no”, precisó.
Al inaugurar el foro, el diputado Miguel Ángel Colunga, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de Chihuahua, resaltó la importancia de la participación de las comunidades y pueblos, quienes tienen que ser sujetos de derechos y definir su destino. “Es vital avanzar en crear los instrumentos para que la determinación de los pueblos sea efectiva y real”, apuntó.
Hizo votos para que la consulta rinda buenos frutos, a fin de que los indígenas y afro mexicanos decidan todo aquello que les afecta su vida, no únicamente en los temas de desarrollo del territorio y cultura, sino con aspectos de inversiones, proyectos y leyes que se van estableciendo.
Hugo Aguirre García, presidente municipal de Guachochi, Chihuahua, que cuenta con mil 72 comunidades indígenas, dijo que éstas requieren mejorar sus condiciones y tienen muchas necesidades, desde construcción de sistemas de redes de agua potable en pueblos alejados, hasta mejoramiento de vivienda, electrificación y servicios médicos para todos los municipios de la sierra Tarahumara, por eso es importante que sean escuchadas y se dictamine la Ley General de Consulta. Por su parte, el presidente municipal de Balleza, Chihuahua, Roberto Arturo Medina Aguirre, destacó la prioridad de defender los usos y costumbres y se plasmen en un papel en las mesas de trabajo que se lleven a cabo en el Foro para que se consideren en el Congreso y sean escuchadas las propuestas de las comunidades originarias.
Nicolás Víctor Martínez Juárez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Chihuahua, planteó la relevancia de que los trabajos fortalezcan la propuesta de la Ley General de Consulta a través de sus opiniones e ideas, y coadyuven a protegerlos.
Asimismo, dijo que hay que hacer fuertes otros derechos, como el respeto a los acuerdos de las comunidades para la elección de sus autoridades, sin que nadie intervenga; las garantías a la autonomía, conservación y protección del territorio, a los conocimientos del patrimonio cultural, así como la participación política en la toma de decisiones a nivel estatal y municipal.
En su participación, Alba Verónica Chacón, representante de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, comentó que esta Ley “es muy importante porque es vital que las comunidades sean tomadas en cuenta en torno a los proyectos que realizan”. Reconoció el trabajo y esfuerzo de los tres órdenes de gobierno por garantizar y respetar los derechos de las poblaciones autóctonas para que sus voces y necesidades se hagan presentes.
Trastornos derivados de la pandemia
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) señaló que durante la pandemia han aumentado los niveles de estrés individual y colectivo, ya que muchas personas enfrentan pérdidas de familiares y seres queridos, salud, vivienda, bienes y empleo.
Por ello, propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de que, en caso de emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, cuando las circunstancias lo exijan, establezcan programas de medidas terapéuticas de carácter psicológico y social que eviten daños a la salud de la población. Además, precisar que la persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá el “derecho a recibir atención inmediata cuando sea solicitada por causa de la declaración de emergencia sanitaria”.
La legisladora consideró que en este contexto por la emergencia sanitaria, el sistema de salud debe responder a las nuevas realidades epidemiológicas, demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales del país, ya que influyen directamente en la configuración y manejo de los servicios de salud.
Mencionó que este entorno ha traído consigo manifestaciones emocionales como angustia, ansiedad, cansancio, crisis de pánico, depresión, desconfianza, discriminación, frustración, impotencia, incertidumbre, indefensión, inseguridad, insomnio, irritabilidad, nerviosismo y tristeza.
“A esto se suma la intranquilidad ante el riesgo de un contagio, de perder el empleo, de no contar con asistencia médica oportuna o de caer en el consumo excesivo de alcohol y tabaco”, afirmó.
Resaltó que el distanciamiento familiar y social, la limitación de la libertad y de la movilidad, la incertidumbre sobre los riesgos de enfermarse y el aburrimiento, tienden a generar efectos psicológicos adversos y conductas inapropiadas que pueden llegar al suicidio u homicidio.
Sostuvo que se ha comprobado que, durante el confinamiento, los factores que más afectan al bienestar físico y psicológico son la pérdida de hábitos y rutinas y el estrés psicosocial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre las consecuencias del Covid-19 en la salud mental actual y las implicaciones en el futuro, debido al preocupante aumento de trastornos mentales, comentó.
Refirió que de acuerdo con diversos estudios los principales síntomas de los efectos psicológicos por trastorno por estrés, son el agotamiento emocional, alteración emocional, ansia, efectos depresivos, enojo, insomnio e irritabilidad.
Además, una vez superada la cuarentena persisten comportamientos como evitar a las personas que tosen o estornudan, evasión de no acudir o permanecer en lugares cerrados o saturados, no visitar espacios públicos, posponer las actividades habituales, y dificultades para retornar y adaptarse al trabajo.
La diputada subrayó que el tema de la salud mental ha sido de gran interés y preocupación en el Congreso de la Unión, al considerarlo como un problema de salud pública, pero “es momento de darle mayor importancia a esta materia por los efectos que se están teniendo debido a la pandemia por el Covid-19 y las medidas que se han aplicado”.
Incluir profesionales en lenguas indígenas
En la Cámara de Diputados se impulsa reformas a los artículos 7° y 17 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el objetivo de incluir a las y los profesionales en lenguas indígenas y extranjeras como personal docente.
La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que se adiciona la fracción VI del artículo 17 para que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación establezca los criterios y programas para su desarrollo profesional, considerando la formación, capacitación, actualización, medios de apoyo para el cumplimiento del perfil académico. Los programas de desarrollo se impartirán de conformidad con los criterios que determine la comisión y la autoridad educativa.
En las disposiciones transitorias plantea que los derechos laborales de estas y estos maestros, incluyendo los contratados a través del Programa Nacional de Inglés (Proni), se incorporen al Sistema para la carrera de las maestras y maestros y que la Secretaría de Educación Pública reconozca su antigüedad y derechos laborales enmarcados en la Constitución.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación para dictamen, con opinión de la de Pueblos Indígenas, busca reconocer los derechos lingüísticos, integrando explícitamente al sistema educativo nacional a las maestras y maestros en lenguas indígenas y extranjeras.
Refiere que hablar de bilingüismo y plurilingüismo significa que un país usa más de una lengua cotidianamente, que representan un instrumento de comunicación y un atributo de la identidad cultural y la realización del potencial individual y colectivo.
La legisladora destaca la importancia de fortalecer el entorno educativo de la población indígena que tiene mayor riesgo de no ir a la escuela, no concluir su formación básica obligatoria o no lograr los niveles de aprendizaje esperados, y reconocer e impulsar a maestras y maestros que hacen realidad el derecho a la educación.
