Cárceles del país, con una población casi al tope
Luis Muñoz martes 16, Mar 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
El diputado federal Víctor Adolfo Mojica Wences propone establecer que la prisión preventiva oficiosa dictada por un juez sea hasta por un máximo de dos años en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Mediante una iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y la Federal contra la Delincuencia Organizada, expone que la propuesta no marcha en contra del concepto de prisión preventiva, sino de la falta de atención a los términos constitucionales, ya que esta medida cautelar no debe ser utilizada como el cumplimiento de una pena que aún no se ha decretado.
De acuerdo con el legislador, “es injustificable y contrario al principio de presunción de inocencia, que el límite de la medida cautelar de prisión preventiva sea el mismo al máximo posible aplicable al tipo penal del que se trate, ya que ningún ciudadano mexicano debe ser considerado ni tratado como culpable hasta que así se le encuentre en juicio”.
La iniciativa plantea que con la reforma se busca la agilización del desahogo de los centros penitenciarios de internos que aún no han sido juzgados y que al día de hoy representan cuatro de cada diez internos, así como el respeto a ser considerados inocentes hasta que sean encontrados culpables en sentencia judicial y que, atendiendo al principio constitucional, sean tratados con igualdad ante la ley como aquellos imputados que aún no han sido juzgados y no se encuentran privados de su libertad.
En México, 4 de cada 10 personas privadas de su libertad lo hacen todavía sin tener una sentencia, de acuerdo con datos del Inegi 2020. Además, al cierre de 2019, los 241 centros penitenciarios del país contaban con una ocupación de 97.7 por ciento.
También destaca que esta reforma dará seguridad jurídica a los ciudadanos de que en ningún caso podrán ser privados de su libertad por más del tiempo señalado en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IX, párrafo II, (dos años) cuando aún no se les haya encontrado culpables en juicio y que una vez transcurrido este tiempo les será aplicada una medida cautelar diversa.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) precisa que a julio de 2019 la población carcelaria en el país era de 198 mil 349 internos y en promedio el costo anual de cubrir la alimentación, medicamentos, uniformes y estancia en general, por persona, es de 120 mil 632.5 pesos; se lograría un ahorro de hasta 40% en el recurso destinado a los mismos centros anualmente.
Condonar adeudos por consumo de agua
Con el propósito de garantizar el cobro justo a los 2.1 millones de usuarios del servicio de agua potable, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, solicitó a los titulares del Sistema de Aguas y de la Secretaría de Finanzas locales, la información suficiente respecto de la concesión a las 4 empresas extranjeras que durante 27 años obtuvieron enormes ganancias con el cobro y facturación del agua a todos los capitalinos.
Hay que recordar que esta es una de las épocas críticas del año, porque es cuando se da una mayor escasez de agua durante los meses de febrero, marzo y abril. La temporada de estiaje afecta severamente a los habitantes de esta ciudad, pero en general a todo el país.
El acceso a ese recurso natural, como es sabido, es un derecho humano de todos los mexicanos (aunque no siempre se cumpla), por lo cual no se debe suspender el suministro por falta de pago y mucho menos durante la pandemia y la emergencia sanitaria.
Lobo Román señaló que una de las consecuencias de la pandemia de Covid- 19, es la elevada tasa de desempleo y la baja de percepciones de la mayoría de los mexicanos, por lo cual las autoridades deben considerar la condonación de adeudos para situaciones especiales, suspensión de recargos y facilidades para la regularización de los adeudos. En ningún caso suspender el servicio de agua potable, enfatizó.
SAT auditó casino “Caliente” de Tijuana
El fin se semana se dio a conocer que personal del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Baja California, realizó una auditoría a las máquinas tragamonedas del Casino del Hipódromo de Agua Caliente, de Tijuana.
La revisión concluyó la madrugada del sábado con la verificación de 940 de las mil 150 máquinas que tiene la empresa, todas ellas con los permisos y documentos que acreditan su compra, entrada al país y licencias para funcionar en regla, informó el director general, Eduardo Hernández Triana.
