Diputados del PRD piden a la SCJ atraer controversias en materia eléctrica
Miguel Ángel Rivera lunes 15, Mar 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Debido a que se espera “una ola” de demandas de amparo contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y ante el temor de que se registren presiones en contra de los jueces que se atrevan a conceder amparos contra esa norma, los diputados del PRD pidieron a la Suprema Corte de Justicia atraer los litigios en esa materia, para normar el criterio a seguir por todo el Poder Judicial Federal.
En particular, los legisladores perredistas —que confía en que su posición sea respaldada por otros partidos de oposición— expresaron preocupación por la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga su actitud de persecución en contra de los jueces que se atrevan a conceder la suspensión de las reformas aprobadas por el partido del gobierno, Morena, y sus aliados.
Al respecto, se recordó que el primer mandatario pidió que se investigue al juez , Juan Pablo Gómez Fierro, el primero que concedió la suspensión provisional de esa reforma que a nadie convence, salvo a sus promotores de la llamada 4T.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el perredista Antonio Ortega Martínez recordó que en contra de las reformas se pronunciaron no sólo los diputados y senadores del llamado Bloque Opositor -donde además del PRD participan PAN, PRI y MC- sino también gobernadores, todos los cuales consideran necesaria la definición de la Suprema Corte acerca de la constitucionalidad de la combatida reforma.
“¿Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias?”, se preguntó Ortega Martínez, quien también respondió: “ahora es cuando”.
El diputado perredista dijo que de hecho, ya el máximo tribunal del país declaró inconstitucionales esas reformas al revisar el decreto sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional elaborado por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que en sus puntos esenciales es igual a la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Ortega Martínez también mencionó que a pesar de esa sentencia, el presidente López Obrador trató de darle la vuelta y por eso presentó su iniciativa de reforma a la LIE, la cual presentó como iniciativa preferente y además pidió a los legisladores de su partido y aliados que no le cambiaran ni una coma.
En cuanto al “alud” de amparos, el diputado perredista dijo que en su bancada han recibido informes de que en los días venideros se esperan alrededor de 300 demandas más.
Agregó que en tal situación, el Ejecutivo tiene la posibilidad de protestar ante un tribunal colegiado para intentar echar abajo la suspensión provisional recién concedida por el juez Gómez Fierro, quien también escuchará los alegatos de los representantes del Ejecutivo y está en espera de un estudio a fondo acerca de los efectos negativos de la Ley de la Industria Eléctrica por los cuales protestan quienes se sienten afectados.
La demanda de los perredistas para que la Suprema Corte atraiga todas las demandas de amparo y las controversias constitucionales relacionadas con la LIE no están desencaminadas. De hecho, en el portal de Internet del máximo tribunal se establece que se otorga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la facultad excepcional para solicitar al Poder Judicial Federal, la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, cuando se justifique su urgencia, en atención al interés social o al orden público.
La reforma eléctrica es, obviamente, un asunto de alto interés social. Los resultados, positivos o negativos, repercutirán tarde o temprano en el consumidor final, pues de la aplicación de esos ordenamientos dependerá que las industrias y los hogares tengan seguro el suministro de electricidad, a un costo menor o más elevado.
Todos, menos uno, contra Salgado Macedonio
Ahora sí, no hay vuelta atrás, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado Carrillo, confirmó como candidato al gobierno de Guerrero al controvertido senador con licencia Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y acoso sexual en agravio de varias mujeres.
La decisión, aunque esperada, generó nuevamente críticas de parte de los partidos de oposición y de organismos de la sociedad civil e inclusive dentro de las filas del partido del gobierno, pero nada de eso fue suficiente para provocar el cambio de candidato, pues el autodenominado “toro sin cerca” recibió el supuesto respaldo popular mediante una encuesta que nadie sabe quién y cómo la realizó, pero, sobre todo, tuvo un magnífico abogado, el presidente López Obrador, a quien nadie dentro de su organización se atreve a llevarle la contra.
Entre todas las manifestaciones de repudio, sobresalen las declaraciones de rechazo de figuras del sector femenil de Morena, como la diputada federal, Lorena Villavicencio, quien advirtió que al ratificar a Salgado Macedonio su partido envía un mensaje de revictimización de quienes padecieron violación y abusos sexuales.
“Quienes tomaron la decisión en Morena le dan la espalda a las víctimas y a quienes creemos que la impunidad debe ser desterrada. No queremos un país o un partido de agresores intocables. La justicia no se resuelve en las urnas. Se resuelve en los tribunales”, sentenció.
La también diputada federal de Morena, Wendy Briseño Zuloaga señaló que la confirmación de Salgado Macedonio “es un pésimo mensaje para las mujeres y la sociedad mexicana. Y generará una elección fallida en Guerrero. Lamentable y no la avalamos”, recalcó.
“Y cuando despertamos, los hombres seguían necios. Pero desde los espacios conquistados, seguiremos defendiendo nuestras convicciones feministas”, escribió en las redes sociales la Secretaria General de Morena, Citlali Hernández.
“El @PartidoMORENA ya lo decidió, la violencia contra las mujeres será institucional”, escribió la luchadora social Patricia Olamendi, quien es la abogada de Basilia “N”, una de las mujeres que acusan a Salgado Macedonio por violación.
En el terreno político, difícil creer en las coincidencias
En las filas del Partido Encuentro Solidario (PES) y entre los allegados al empresario y ahora candidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rhon, se comenta que resulta “demasiada coincidencia” que el pasado fin de semana aparecieran sin aviso supuestos auditores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de ese estado fronterizo para realizar una “revisión” a las empresas de su propiedad, en particular a las máquinas que tiene en Tijuana en el casino de Agua Caliente, de las cuales “embargaron” 208 con cualquier pretexto.
Los colaboradores de Hank comentaron que el político y empresario tiene en ese casino mil 150 máquinas -todas ellas con los permisos y documentos que acreditan su compra, entrada al país y licencias en regla para funcionar- de las cuales los presuntos auditores revisaron casi 940 y por supuestas “irregularidades” como sellos que aparecen fuera del recuadro, o por números “medio borrosos”, o porque algún otro dato aparecía “chueco o descuadrado”, procedieron a confiscar las máquinas.
El “embargo”, dicen los informadores, no está justificado, porque las leyes en la materia establecen que en casos semejantes las máquinas sólo se inmovilizan, dejando al contribuyente como depositario. Sin embargo, las supuestas autoridades fiscales insistieron en llevárselas porque esa era la orden que tenían de sus superiores.
Al respecto, se recordó que, en agosto pasado, otros empresarios bajacalifornianos denunciaron que la creación de Servicio de Administración Tributaria (SAT) estatal de Jaime Bonilla, podría ser utilizado como instrumento de persecución política en contra de empresarios incómodos, a través del terrorismo fiscal.
En particular, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California se manifestó en contra del nuevo organismo del gobernador Bonilla, de Morena, sí como de las denominadas comisiones estatales de servicios públicos, por haber emprendido de manera ilegal una campaña de cobros contra empresas de distintos giros, argumentando actos de corrupción en el consumo de agua potable y el uso de la red de drenaje sanitario.
