Muere en accidente, Leonel Luna; PRD pide investigación a fondo
Luis Muñoz lunes 15, Mar 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
Luego de conocer de la muerte del ex delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, en un accidente automovilístico la mañana de ayer, el PRD exigió la más profunda y pronta investigación sobre el extraño percance en que perdió la vida el que fuera también diputado y quien había sido postulado a diputado federal de la Coalición Va por México por un distrito de la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y la presidenta del PRD en esta capital, Nora Arias Contreras, señalaron: “No quisiéramos pensar que estamos entrando a un escenario en el cual comenzarán a presentarse sucesos criminales con motivaciones políticas”. “Ni el país ni la sociedad capitalina, agregaron, pueden quedar sujetos a eventos que enturbian el proceso electoral con miras a los comicios del próximo 6 de junio”.
Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la CDMX, lamentó el fallecimiento del perredista, ocurrido en las primeras horas de este domingo.
El PRD, en el que militaba Luna Estrada, expresó sus condolencias: “En el PRD lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero y expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.
Hasta donde se pudo saber, Luna Estrada perdió la vida en un accidente vial en Río Churubusco, de donde fue trasladado aún con vida a un hospital, pero en el trayecto murió.La fiscalía capitalina se abocará a la investigación sobre lo que pudo haber motivado el percance en el que perdió la vida Leonel Luna.
Fin a conductas abusivas
La diputada Esperanza Márquez presentó una iniciativa que busca desincentivar conductas abusivas que se traducen en impunidad e injusticia para las víctimas de feminicidio.
La legisladora del PRD dijo que se transgrede de manera grave su dignidad, la de sus familiares y ponen en riesgo el debido proceso.
De ahí que impulsa esta iniciativa que reforma el Código Penal Federal, con el propósito de desincentivar conductas abusivas que se traducen en impunidad e injusticia para las víctimas de feminicidio.
Plantea reformar la fracción XXVIII del artículo 225, para considerar como delito contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, los siguientes:
Dar a conocer, entregar, revelar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, intercambiar o compartir a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, constancias o información, del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos que obren en una carpeta de investigación o estén relacionados con un proceso penal o bien la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.
Además propone reformar el artículo 325 para que al servidor público que retarde, entorpezca u obstruya maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia o difunda, publique o exhiba a través de cualquier medio imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal, se le imponga una pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días de multa, así como ser destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Explicó que tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres o las circunstancias de muerte de mujeres, niñas o adolescentes, las penas previstas en este artículo se incrementarían hasta en una mitad.
En los considerandos de la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, se señala que “existen múltiples casos donde los servidores público han filtrado, de manera amarillista, las imágenes, documentos, videos o audios relacionados con hechos constitutivos de delitos, que transgreden la dignidad de las mujeres y las revictimizan al exponer y difundir en medios de comunicación imágenes explícitas de sus cuerpos violentados”.
Demanda Salgado a Sesma
La disputa por las alcaldías de la Ciudad de México avanza entre acusaciones, reclamos, señalamientos y una que otra denuncia.
¡Y lo que falta!
Antes de que llegue la veda electoral y no puedan decir ni “pio” (a partir del 3 de junio ni candidatos, ni partidos deben hacer proselitismo), unos acusan y otros se defienden, y viceversa. En la alcaldía Benito Juárez el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó procedente una denuncia sobre uso electoral de programas sociales contra el PAN local y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, luego de que se diera a conocer que el panista difunde propaganda sobre los kioskos de la salud –dispuesto por el gobierno central– con el logo panista; en Coyoacán ni se diga y ahora en Tláhuac. Todavía ni siquiera hay registro de candidatos y traen pleito.
La más reciente escaramuza la protagonizaron el dirigente del Partido Verde, Jesús Sesma y el diputado de Morena, Rigoberto Salgado.
Todo empezó porque Salgado dice que Sesma lo culpó “directamente” de amedrentar a personas del PVEM, lo cual es falso, afirma el morenista.
