Se cumplen vaticinios: detenida, la reforma eléctrica
Miguel Ángel Rivera viernes 12, Mar 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Desde todos los rumbos de la sociedad mexicana surgieron avisos precautorios: la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sería combatida en tribunales, nacionales e internacionales.
Lo que no se sabía es que las demandas prosperarían tan pronto.
Apenas el reciente miércoles 10 entró en vigor la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), luego de que el presidente López Obrador ordenó que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ayer mismo, un juez federal concedió el amparo a empresas que se consideran afectadas por las reformas aprobadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión con toda celeridad por Morena y asociados, con el desacuerdo del llamado bloque opositor, integrado por los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, a los que sumó el PVEM, que depuso temporalmente su alianza con los “morenos” por tratarse de un asunto que redundará en deterioro del medio ambiente.
Pero no sólo eso, al iniciarse la Convención Nacional Bancaria, los dirigentes del sector financiero, nacionales y extranjeros, reafirmaron su advertencia en el sentido de que prevalece una creciente incertidumbre creada por las recientes reformas impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador.
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda la República, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron el nuevo estatuto, por considerarlo contrario a diversos artículos de la Constitución.
Con el expediente 119/2021, el Juzgado Segundo de Distrito otorgó la suspensión provisional al Parque Solar La Orejana de Sonora, en el noroeste del país, pero con efectos para todos los participantes del mercado eléctrico.
“Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector”, detalló el juez Gómez Fierro.
De esta manera, el juez federal frenó aplicación con “todas las consecuencias” de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, porque podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias.
Lo más sobresaliente del caso es que, al contrario de lo que ocurre con otros amparos que sólo protegen a quienes los solicitan, el juez Gómez Fierro determinó que la suspensión de la LIE tendrá efectos generales.
Esta decisión no va directamente en contra de la ley combatida, sino que tiene por objeto, al decir del juez, no conceder ventajas a unas cuantas empresas frente al resto de las compañías involucradas en la industria eléctrica, porque podría ocasionar distorsiones, afectar la competencia y el desarrollo del sector, “que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”.
La sentencia también aclara que no se ha analizado el fondo de las reformas combatidas, sino que únicamente se difiere temporalmente su aplicación. “La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio”, precisó el juez.
De hecho, aunque las reformas a la LIE apenas entraron en vigor, el amparo concedido por el juez Gómez Fierro es un capítulo más de una disputa jurídica que arrancó desde la publicación del decreto sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional elaborado por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ordenamiento que ya comprende los puntos destacados de la reforma que pretende el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Primero fueron jueces de distrito quienes concedieron el amparo por considerar que ese decreto iba en contra de normas constitucionales y luego llegó la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica, cuyos integrantes decidieron por mayoría que la Secretaría de Energía y Cenace invadían facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El propio juez Gómez Fierro recordó que él ya ha fallado contra disposiciones similares contenidas en el decreto sobre la “Política de Confiabilidad”.
“Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados”, expuso.
Inconformidad e inseguridad en la iniciativa privada
El mismo miércoles en que entró el vigor la reforma aprobada “sin cambiarle una coma” por diputados y senadores de Morena, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la no retroactividad de la ley que protege la Constitución.
Ese organismo patronal estimó que la reforma provocaría un sobrecosto de 60.000 millones de pesos (casi 2.870 millones de dólares) porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados y que ese costo recaería en el consumidor final mediante aumento de tarifas o incremento del subsidio.
Tras esta suspensión provisional, tanto el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.
Representantes de bancos mexicanos y extranjeros advirtieron este jueves que hay una creciente incertidumbre creada por las recientes reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En particular, los banqueros hicieron referencia a la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada esta semana para “fortalecer” a la empresa del Estado en detrimento de privadas y extranjeras, y la que pretende modificar la ley del Banco de México con la finalidad de obligar a esa institución autónoma a comprar dólares en efectivo de las remesas.
“Lo peor que puede pasar a la inversión es la incertidumbre y por eso mismo, sí sentimos en el gremio, y compartimos la preocupación, de que ante la duda la inversión se mantiene cautelosa”, manifestó Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM).
Martínez-Ostos, director general de Barclays México, habló sobre los litigios que creará la reforma eléctrica, que obliga a revisar de forma retroactiva los contratos de autoabastecimiento y de productores independientes de energía.
“Lo que necesitamos es que haya claridad, evitar litigios, amparos en esta materia y tratar de acercar a la iniciativa privada con el sector público. Entender bien la ley y qué se puede hacer para generar un entorno de certidumbre que fomente la inversión”, expresó Martínez-Ostos.
A pesar de todo, se mantiene la candidatura del “toro sin cerca”
Si resulta cierta y válida la encuesta realizada por Morena para confirmar a su candidato al gobierno de Guerrero, se va a cumplir en ese estado la sentencia del filósofo Joseph de Maistre, en el sentido de que “toda nación tiene el gobierno que merece”.
Esto porque empezaron las filtraciones que dan como triunfador, por amplio margen, a Félix Salgado Macedonio, quien ya tenía segura la nominación, pero tuvo que pasar una segunda prueba, luego de las denuncias en su contra por violación y acoso sexual.
Lo más destacado es que según esas informaciones extraoficiales -que seguramente serán confirmadas en las próximas horas- el político que se dio a conocer como “diputado costales” y luego adoptó el mote de “toro sin cerca”, ganó en la presunta encuesta en capítulos titulados “respetuoso de las mujeres”, “honesto”, “conocedor de los municipios”, “buen candidato” y “cumplidor”.
Las otras aspirantes incluidas en la supuesta consulta fueron la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, la senadora Nestora Salgado, María de la Luz Núñez y Esther Gómez.
