Las transas ocultas
Freddy Sánchez jueves 11, Mar 2021Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Lo que hace una mano que no lo sepa la otra…
Ese velo de misterio ha sido objeto de un despliegue constante por parte de distintos gobiernos en el país.
Bajo el supuesto de estar reservando información “clasificada”, que de ser difundida pudiera causar grave perjuicio a la buena marcha de los asuntos públicos, en detrimento del bienestar colectivo, los expedientes secretos suman miles y miles.
En la 4T lo referente a las contrataciones con las vacunas, información relativa al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, sobre la cancelación de la nueva terminal aérea en la Ciudad de México, entre otras cuestiones.
Pero, el hábito de las autoridades para decidir que es lo que la sociedad puede o no tener a la vista data de hace mucho tiempo.
Para no irse más atrás, baste decir que la información de las primeras indagatorias sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el sacrificado candidato del PRI a la presidencia, en tiempo de Carlos Salinas de Gortari, sigue enterrada y lejos de ser conocida por la opinión pública.
Por mandato de ley en aquellos años del ocaso del régimen salinista se decidió aplicarle una reserva de casi cincuenta años a dicho asunto y será en 2035 cuando la gente tendrá acceso a los datos de las investigaciones iniciales sobre el crimen, que la voz popular llegó a catalogar de un crimen de Estado.
En ese contexto, cabe mencionar que la duración de una reserva de información decretada por los gobiernos en turno, es variable: desde unos cuantos años hasta casi medio siglo o más.
Tal pareciera pues, que los interesados en que ciertos asuntos oficiales se mantengan en absoluto secreto, en algunos casos estarían pensando en asegurarse de no seguir estando vivos ni poder ser alcanzados por el brazo de la ley al darse a conocer lo que previamente se había mantenido oculto por una reserva.
Y es que la idea de que se trata de poner a salvo el interés nacional ocultado información institucional de una u otra índole, en muchos asuntos francamente se antoja una falacia.
En especial, cuando lo que la gente no puede conocer es el resultado de investigaciones que se refieren a conductas de servidores públicos, acumulaciones patrimoniales, arreglos contractuales con proveedores de obras y varias acciones gubernamentales dudosamente estratégicas y necesariamente ajenas al dominio público.
Es de entender, naturalmente, que un gobierno se afane en cuidar en todo tiempo la secrecía de algunas decisiones institucionales, porque en efecto la divulgación de información podría traducirse en un mal mayor contra el patrimonio público, la tranquilidad, la paz, la estabilidad social y los bienes nacionales, además de cuanto exponga la soberanía del país.
Pero, eso no justifica que igual se trate de mantener fuera del conocimiento de la sociedad aquella información que difícilmente amerita una absoluta secrecía.
Un solo ejemplo sobre el particular: investigaciones sobre el asesinato de Jeny Rivera. Acaso alguien puede justificar que algo así deba estar sujeto a una orden de reserva de información.
Qué exactamente entonces debe ser revelado con base en la ley de transparencia. Mucho de lo que se oculta, seguramente.
De modo que, sería saludable que de los pasados gobiernos y el actual la sociedad pudiera conocer y juzgar cuánto se ha mantenido bajo reserva y de esa manera estar cierta de si se trató de proteger intereses nacionales o por el contrario a un sinnúmero de indecentes servidores públicos que abusaron del poder para evitarse acciones en su contra por las tranzas ocultas.
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