Voluntad política para resarcir deuda histórica
Luis Muñoz martes 9, Mar 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
Las comunidades indígenas y afroamericanas del país, eternamente olvidadas por los gobiernos, hoy, dice la diputada federal Irma Juan Carlos, esa deuda histórica será resarcida por el Estado.
Asegura la legisladora que hay voluntad política y compromiso moral para legislar a favor de los derechos de esos pueblos, mediante la creación de la Ley de Consulta Previa a Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
“Hoy más que nunca es primordial la consulta indígena, dijo, y destacó que a pesar de la pandemia, “cumplimos no solamente con un mandato de la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso emita esta ley, sino con un compromiso con las comunidades originarias para garantizar la consulta previa, libre e informada”.
Durante el tercer “Foro sobre la Ley de Consulta…”, realizado en Valladolid, Yucatán, que convocó a las comunidades de esta entidad, así como de Campeche y Quintana Roo, indicó que la propuesta conjunta siete iniciativas presentadas por diputadas y diputados de Morena, PAN y MC, para crear dicha ley.
Según dijo, se trata de un momento histórico porque ha quedado atrás la etapa en que se hacían leyes “desde el escritorio”, sin tomar en cuenta la opinión de nadie; hoy, todas las iniciativas que pueden impactar a las comunidades se consultan.
Por eso, agregó, es vital escuchar a los 68 pueblos indígenas del país y a la comunidad afromexicana, en los 10 foros que se llevarán a cabo.
Y como para todo organizan parlamentos abiertos, esta vez tampoco es la excepción. Además, dijo que habrá tiempo suficiente para revisar las observaciones de los pueblos originarios.
En su mensaje de bienvenida, Wilbert Ortegón López, rector de la Universidad de Oriente, resaltó la importancia de escuchar y hacer partícipes a los 68 pueblos autóctonos en estos foros, con el propósito de garantizar la participación de mujeres y hombres en la defensa de sus territorios, en un marco de certidumbre y de respeto a sus usos y costumbres.
MPs, indefensos ante acusaciones falsas
“Qué fácil es para el delincuente denunciar maltratos o acciones indebidas que, mientras se investigan, la propia Constitución impide la reinstalación de los policías señalados”, afirma Manelich Castilla, ex Comisionado de la Policía Federal.
Aunque reconoce que parte de las necesidades en materia de seguridad se resolvió con la Guardia Nacional, eso no se traduce en mayor investigación ni mayor inteligencia, sino sólo en presencia física.
Durante el Ciclo de Conferencias Virtuales de Seguridad Pública y Ciudadana, organizado por el Congreso capitalino, el especialista en la materia, Castilla Cravioto, señaló que es necesario reformar la fracción 13 del Apartado B del artículo 123 Constitucional, para eliminar la discriminación en contra de policías, peritos y ministerios públicos, principales operadores del sistema de seguridad y justicia penal de país, que los criminaliza y les prohíbe la permanencia y el desarrollo de una vida segura en las instituciones de justicia.
Reconoció que es un “enorme desafío” cambiar la Carta Magna, porque “qué fácil se convierte para el delincuente, destrozar la reputación del servidor público mediante la denuncia de actos y hechos que tienen que investigarse y que implican la separación del cargo y la imposibilidad de su reinstalación”.
Castilla Cravioto se refirió a la necesidad de impulsar en México un esquema permanente de promoción de los valores policiales, luego de advertir que la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país en gran parte se debe a la ausencia de un modelo policial; “vamos a cumplir 25 años de que las administraciones no permiten la “maduración de un modelo policial civil”.
Iniciativa contra el maltrato a menores
En un intento por corregir el problema, se propuso aumentar las sanciones contra quienes causen lesione a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o sujetos de tutela y custodia.
La diputada Isabela Rosales Herrera informó que la iniciativa de reforma al Artículo 132 del Código Penal del Distrito Federal, será analizada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Explicó que estos sectores de la población, por su característica de vulnerabilidad, ya sea por su condición física, mental o por su dependencia de otras personas para realizar sus actividades diarias, requieren de una mayor protección por parte del Estado.
Resaltó que ya varios delitos contemplan agravar las penas cuando se causa algún daño a menores, personas adultas mayores o con discapacidad.
Sin embargo, es necesario atender los casos desde las primeras señales de violencia, pues, en muchos casos, los infractores son personas cercanas.
Precisó que el referido artículo 132 establece un aumento de las penas en caso de lesiones contra estos grupos de población vulnerable cuando se infieran con crueldad o frecuencia.
Abundó que con la presente iniciativa se pretende eliminar esa parte del artículo, puesto que no se debe esperar a que las lesiones sean infligidas con crueldad y constancia para imponer la sanción”.
