Protectores desprotegidos
Freddy Sánchez martes 9, Mar 2021Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Suponiendo que haya sido cierto y se trate de algo legal y no un ilícito el supuesto de que Alfonso Durazo Montaño haya dispuesto de sesenta marinos para su protección personal durante su campaña política para el gobierno de Sonora, cuál debe ser la medida de protección oficial para los demás candidatos.
Porque ni modo de darle a uno solo de los contendientes electorales y tal vez a algunos más de los abanderados de “Morena”, idéntica o similar protección, sin hacer lo mismo con el resto de los aspirantes a un cargo de elección popular.
La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, ofreció la semana pasada, (cuando supuestamente Durazo ya estaba protegido), que el gobierno daría seguridad a los candidatos.
Y es correcto, pero valdría la pena que se aclararan dudas.
Por ejemplo, en relación con la dependencia que proveerá el servicio de protección para los candidatos, puesto que el número de elementos a requerir para estas funciones será muy alto tomando en cuenta que para la renovación de la Cámara de Diputados que cuenta con quinientos legisladores habrá candidatos de distintos partidos, igual que sucederá con los contendientes para las gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales.
De modo que si los candidatos van a tener hasta sesenta agentes a su servicio para que los protejan como es el caso aparentemente de Alfonso Durazo, es lógico que la merma de personal al servicio de funcionales de la seguridad representará un grave déficit en perjuicio de la protección ciudadana.
Y es que si no son tomados esos elementos de la Guardia Nacional, de dónde más se les podría tomar para que cumplan la tarea de dar seguridad a los candidatos.
En ese contexto entonces, lo correcto es que si no existe otra forma de brindar seguridad a los aspirantes a cargos de elección popular, en el entendido de que el apoyo será parejo, bridando el mismo trato a los representantes de todos los partidos políticos, justo será que los salarios y prestaciones que reciban los elementos de la fuerzas armadas, en tanto protegen candidatos, si no es forma total que en buen medida se les descuente a los institutos partidistas de sus propias recursos.
Y es que otra opción para brindar protección a los candidatos podría depender de recurrir a servicios privados de seguridad, endosando el gasto a los partidos o descontándoselos posteriormente, porque si bien es necesario garantizar la protección de los contendientes electorales, no es justo que los que tengan que pagar sean los contribuyentes.
Por lo demás, es menester asumir que con la custodia de quienes serán los futuros representantes populares, se están cuidando los intereses de la sociedad, puesto que entre menos riesgos a su integridad corran los candidatos, más libres de intimidaciones y manipulaciones de la delincuencia organizada estarán durante sus campañas electorales y eso, lógicamente, conviene a los ciudadanos.
Cualquier acción encaminada a romper la influencia del crimen organizado en los asuntos institucionales, a efecto de que la población cuente con autoridades y representantes a su servicio exclusivo sin injerencias criminales, habrá que apoyarla “por el bien de todos”.
En ese sentido pues, resulta de fundamental importancia adoptar cuanta medida sea aconsejable en aras de limpiar los quehaceres de política de las nocivas influencias de grupos delictivos que como se ha visto: cuando les falla su estrategia de repartir “plata”, recurren a utilizar “el plomo”.
O sea que no tienen el menor escrúpulo para eliminar como lo han hecho a los políticos que debieron rechazar sus ofertas económicas y evitar de esa manera convertirse en empleados de las mafias.
Por ello es que hace falta darles todas las medidas de seguridad que hagan falta a los candidatos a cargos de elección popular, al mismo tiempo de evitar que quienes lo cuidan se conviertan en protectores desprotegidos.
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