¿Se rajó el auditor?
Armando Ríos Ruiz viernes 26, Feb 2021Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
Al auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, sólo le faltó decir públicamente: “perdón, señor Presidente. No sabía que mi informe lo iba a molestar tanto. De haberlo sabido, lo presentó a su completa satisfacción”, cuando después de emitirlo, manifestó en el mismo que el Aeropuerto de Santa Lucía presentaba en su ejercicio de 2019 irregularidades por 31 mil millones de pesos.
Después de conocido el informe, que contiene fallos en el manejo del presupuesto del año pasado por 67 mil millones de pesos, parece que lo que más afectó negativamente al Presidente, fue lo que se refiere a la cancelación del Aeropuerto en Texcoco para sustituirlo con el de Santa Lucía, una de sus obras insignia. En una mañanera dijo que había un error y que más le valía al auditor superior aclararlo o alguien más se encargaría de hacerlo.
Ante esa reacción, muchos mal pensados elucubraron que, o le llamaron la atención al investigador, con alguna amenaza fuerte o él solito rectificó lo ya anunciado y se aprestó a reconocer que su informe tiene fallas, aun cuando se sabe que se trata de un hombre con experiencia y competente en el ejercicio que le concierne.
Ahora ya debe estar cierto de que en esta administración tendrá que preguntar si así está bien o mejora sus informes a conveniencia. Denunció inclusive que la Secretaría de la Función Pública ni siquiera le permitió revisar documentos para realizar la indagación, aunque la secretaria Irma Eréndira Sandoval haya dicho que puso a su disposición todo lo que necesitaba.
La tarea de la Auditoría Superior de la Federación es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías a los tres poderes de la Unión, a órganos constitucionalmente autónomos, a los estados y municipios y a toda entidad que ejerza recursos públicos federales, incluidos los particulares. El propósito es verificar el cumplimiento de objetivos de las políticas públicas, el correcto manejo del ingreso, como del gasto público, entre otros aspectos relacionados con el uso de los recursos.
Se trata de un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, provisto de autonomía técnica y de gestión que, entre otros organismos del gobierno, debe tener como aliados al Congreso y a la Secretaría de la Función Pública. Esta última fue denunciada como la que se resistió a ser auditada, mediante la negación de los elementos que sirven para llevar a efecto las auditorías necesarias que revelarían que los dineros se manejan con toda transparencia. Más bien se comportó como una enemiga que algo oculta.
Resultaría bastante grave que le hayan jalado las orejas al auditor o que se haya arrepentido de presentar un informe revelador de que la administración que corre, a pesar de sus dichos repetidos a todas horas del día, de que está empeñada en combatir la corrupción y a veces, de que ya acabó con este fenómeno, haya resultado peor que la anterior, a la que no se cansa de fustigar.
En ese caso, un auditor que se presta a cambiar su veredicto porque el Presidente se enoja con el resultado. O que admite que se equivocó porque eso ocurrió realmente, sirve a placer al que manda y desea que las cosas resulten de acuerdo a su conveniencia. Pero no para el quehacer que tiene encomendado, al que debería renunciar de inmediato o a quien deberían solicitarle la renuncia, en virtud de que su propio trabajo carece de transparencia y de veracidad.
Después de la agria reacción presidencial, otros funcionarios se aprestaron a fustigar el trabajo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se atrevió a afirmar que el error de cálculo del informe fue del 75 por ciento. Eso equivale a que quien lo realizó no sirve para nada y su destitución debe ser inminente.
Al respecto, se sabe que como seres humanos, cualquiera puede incurrir en error. Pero en este tipo de trabajos, errores de apenas uno por ciento o un poco más, llegan a ocurrir. Pero 75 por ciento dice que el encargado de ese asunto no está facultado ni para ejercer funciones de policía de crucero.
