Denuncia contra gobernador de Tamaulipas, vendetta política: PAN
Miguel Ángel Rivera jueves 25, Feb 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Es de esperar que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga bien documentada y cimentada la solicitud que presentó ante la Cámara de Diputados para que se inicie juicio de procedimiento (desafuero) del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues de otra forma continuará en picada el prestigio de la que debería ser máxima instancia en la persecución de los delincuentes.
Un eventual fallo de la FGR no sólo dañaría su propio prestigio, sino el de todo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que ha tomado las denuncias de la Fiscalía como sustento para justificar sus acusaciones de corrupción en los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.
Hasta ahora, todas las arremetidas de la FGR contra ex funcionarios y empresarios supuestamente coludidos en las acciones de corrupción se han quedado sólo en impactos mediáticos, pues hasta ahora ninguno de los acusados ha recibido una condena.
El primer ejemplo es el de la ex titular de la Sedatu y Sedesol, Rosario Robles Berlanga, quien ya lleva más de año y medio en prisión, sin que se le comprueben los supuestos beneficios que le reportó su presunta participación en la llamada “estafa maestra”. Al no lograrse sentencia se pone también en entredicho toda la tan pregonada mejora del sistema de impartición de justicia que tiene o tenía como uno de sus principales objetivos acortar el tiempo entre la consignación y la sentencia de un supuesto delincuente.
Después, está el caso de los hipotéticos sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht y la presumiblemente fraudulenta operación de compra-venta de la planta de fertilizantes Nitrogenados, por la cual se presume que Pemex pagó en exceso. En principal señalado en los dos casos es el ex director de esa empresa estatal, Emilio Lozoya Austin, quien no ha pisado la cárcel a pesar de haber sido deportado por la justicia de España y el supuesto beneficiado por la irregular venta de Nitrogenados, el empresario Alonso Ancira, también deportado de España, parece estar en vías de un arreglo extrajudicial que le permitirá volver a gozar de su libertad.
Hasta ahora el único consignado y encarcelado -pero todavía no sentenciado- es el dirigente del grupo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, pero, aunque también aparentemente está involucrado en irregulares operaciones financieras, ante la opinión pública su caso parece más relacionado con cuestiones políticas.
Dirigentes del PAN denuncian persecución política en el caso Tamaulipas
Por eso decimos que ojalá esta nueva acusación esté cimentada en pruebas contundentes, pues de otra manera será motivo de intensas polémicas partidistas.
Por lo pronto, el gobernador Cabeza de Vaca, respondió de inmediato a los informes de que la FGR había solicitado su desafuero. El mandatario tamaulipeco se presentó ante la Cámara de Diputados para que se le entregara copia del expediente de su consignación y aprovechó para presentarse como víctima de persecución política.
En breves declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo, Cabeza de Vaca dijo que su consignación es una revancha de la 4T por haber exhibido a la CFE y su titular, Manuel Bartlett, que justificaron un apagón que afectó a más de diez estados con la supuesta quema de un pastizal en Tamaulipas y como testimonio presentaron un documento atribuido a autoridades de Protección Civil del estado fronterizo, pero que el gobierno estatal evidenció que era falso.
Además, recordó que su gobierno forma parte de la Alianza Federalista que ha protestado contra acciones y programas del gobierno encabezado por el presidente López Obrador, como la desaparición del Seguro Popular y la consecuente escasez de medicamentos, así como por el desigual reparto de las participaciones federales, por lo que han pedido un nuevo pacto fiscal, lo que ha incomodado a la 4T.
En respaldo de Cabeza de Vaca, otros gobernadores, así como la dirigencia nacional, senadores y diputados del PAN denunciaron que la solicitud de desafuero evidencia una persecución y linchamiento político contra el gobernador de Tamaulipas para utilizarlo como distractor o cortina de humo ante “las escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)” que evidenció opacidad, despilfarro por miles de millones de pesos e irregularidades en programas sociales y obras emblemáticas del presidente López Obrador.
El bloque de gobernadores del PAN, integrado por Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y Yucatán, advirtieron a la federación que el uso político de los aparatos de justicia es señal del rompimiento del estado de Derecho.
El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés advirtió que el presidente López Obrador “ha comenzado la cacería de brujas” de cara a las elecciones del 6 de junio, proceso en el que es evidente el avance de la oposición para arrancarle la mayoría a Morena.
Cortés acusó a Morena de estar acabando con la autonomía de las instituciones y como ejemplo mencionó lo sucedido con la lamentable presión ejercida sobre la Auditoría Superior de la Federación para que se desdijera de sus reportes y ahora se pretende utilizar a la Fiscalía para sus fines electorales.
“México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo”, advirtió Cortés.
El dirigente panista recordó a López Obrador que el buen juez por su casa empieza, por lo que preguntó dónde están los procedimientos de la fiscalía en contra de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Pío López Obrador o Felipa López Obrador, por todos los señalamientos de corrupción en que se les involucró.
A pesar de las críticas la (contra)reforma eléctrica fue aprobada por los diputados
Previamente, el dirigente de Acción Nacional había descalificado la contrarreforma energética, propuesta por el presidente López Obrador y que los diputados de Morena y sus asociados del PT y PES se encargaron de aprobar, sin ninguna modificación, como se los había solicitado el jefe del Ejecutivo federal.
Cortés señaló que, con su lealtad ciega a los caprichos del Presidente, Morena, representa un retroceso de medio siglo, porque hará más ineficaz y contaminante a la CFE, provocará más apagones y un alza generalizada de precios, especialmente en el consumo de luz.
Agregó que la reforma “será un golpe muy duro a la frágil economía de las familias mexicanas. No olvidemos que cada día hay más trabajadores a quienes su salario ya no les alcanza para comprar la canasta alimentaria”.
En efecto, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del miércoles las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y de inmediato la turnó al Senado, en donde se espera que sea igualmente aprobada con toda celeridad.
La sesión, iniciada el martes, consumió 17 horas de discusión, para concluir casi al amanecer del miércoles, con 289 votos a favor de “morenos y asociados”, que esta vez no incluyó al Partido Verde, el cual se desligó de la coalición dominante por los efectos que tendrá en el aumento de los niveles de contaminación el dar preferencia a las plantas de la CFE.
Hubo un solo voto de abstención y correspondió a la ex panista Gabriela Cuevas Barrón, quien hoy es diputada federal por Morena, pero en 2013 en su calidad de senadora por Acción Nacional, votó a favor de la reforma energética promovida por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
El debate se prolongó al discutirse la ley en lo particular, pues se presentaron en total 412 reservas en lo particular. Todas las propuestas de cambio presentadas por la oposición fueron desechadas una tras otra, sin que los legisladores de la mayoría aceptaran debatirlas. Pero no sólo eso, algunas reservas habían sido presentadas por legisladores de Morena y sus aliados, pero fueron retiradas antes de ser sometidas a votación, pero los diputados de la mayoría aprovecharon los turnos correspondientes para refutar los argumentos de la oposición y aprovecharon para hablar en favor del cambio propuesto por el Ejecutivo.
Los diputados de Morena, PT y PES insistieron en destacar que, con la reforma, el Estado mexicano recupera la rectoría en la generación de electricidad y terminará con los subsidios a las empresas privadas.
