¿Vamos requetebién?
Armando Ríos Ruiz miércoles 24, Feb 2021Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
A estas alturas, conocemos a ciencia cierta la respuesta del Presidente, respecto a cualquier información que hable de sus fallas, que se multiplican peor que los conejos y que hablan del total y absoluto desconocimiento de lo que significa ejercer el más alto cargo político de un país. “Yo tengo otros datos”, suele decir a los verdaderos expertos que ejercen determinadas funciones y que ponen en verdadero predicamento su forma por demás errónea de gobernar.
Lo anterior viene a colación por la entrega del Informe General de la Cuenta Pública 2019, o de apenas el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que recién entregó la Fiscalía Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y en el que señala que encontró irregularidades por cientos de miles de millones de pesos.
La Fiscalía es un órgano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se desempeña de manera autónoma, técnica y de gestión y decide sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispone la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Es decir, se maneja de manera autónoma y entre sus múltiples atribuciones está la de fiscalizar ingresos, egresos y deuda; préstamos de estados y municipios; la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión; realizar auditorías del desempeño en el cumplimiento de objetivos contenidos en programas federales.
Le corresponde certificar que el dinero de los mexicanos se gaste bien. Por qué se gasta en algo. Cómo se gasta, igual que muchas facultades más. Resulta que en este sexenio, parece no existir por ningún lado funcionario alguno capaz de conocer la función de este organismo que en el anterior, en el neoliberal corrupto de Peña Nieto sobraba, en la persona de Luis Videgaray Caso, pese a todos los defectos que tiene y que le quieran descubrir.
De acuerdo con el informe, prácticamente no hay dependencia pública que no haya incurrido en gastos que ahora tendrá que justificar. El organismo en cuestión informó que de la totalidad de 1,358 auditorías practicadas, en el rubro de gasto federalizado fueron 991; para desarrollo económico, 175; para desarrollo social, 114, y las de gobierno sumaron 78.
Entre otros datos, los verdaderos, los que arrojó la práctica de la auditoría, revelan que cancelar el aeropuerto de Texcoco tuvo un costo superior en la terminación de contratos. No los 100 mil millones que el Presidente aseguró que costó finiquitar la obra que tenía ya avances de más de 30 por ciento. Es decir, un capricho costó una fortuna, que bien pudo ser invertida en rubros tan urgentes y necesarios, como la adquisición de medicinas para niños enfermos de cáncer y que sin misericordia se ha permitido que mueran.
Se encontró, por ejemplo, que durante 2019, el Fondo de Gastos Catastróficos no transfirió al Insabi 324 mil 731 millones 6 mil pesos, que correspondían a 12 mil 726 casos de intervenciones, principalmente de la Fundación de Cáncer de mama. También señala un adeudo por 124 millones 750 mil pesos de esa fundación, para la atención de mujeres con cáncer de mama y al Instituto Nacional de Pediatría, por 412 casos de intervenciones, que asciende a 39 millones 383 mil 5 pesos.
Por cierto, en el caso de la Secretaría de la Función Pública, su titular, Irma Eréndira Sandoval, se negó a proporcionar la información requerida. Impidió que el equipo auditor realizara su trabajo, debido a la suspensión de labores a causa de la pandemia. Sostuvo la Fiscalía que “la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal tiene entre sus facultades”.
Resulta, pues, gravísimo un gobernante que rechaza lo que el experto informa, cuya ignorancia no le permite más que desdecir y repetir que él tiene otros datos.
