En entredicho, proyectos estelares de la 4T
Miguel Ángel Rivera martes 23, Feb 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Era previsible el desmentido de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo informado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acerca del excesivo costo de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, pero lo que no resultaba tan seguro es que ese organismo dependiente de la Cámara de Diputados fuese incorporado a la lista de “enemigos” de la llamada Cuarta Transformación.
Como lo hace con mucha frecuencia, el primer mandatario recurrió a su conocida expresión de que “tiene otros datos”.
Primero, aseguró que los datos publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el sábado pasado sobre irregularidades en su gobierno son incorrectos y exagerados.
“Sí. Exageran, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se van a informar aquí y ojalá lo hagan ellos. Me gustaría que ellos (la ASF) aclararan el dato del aeropuerto, que está mal. Si fuera así nos iba a costar el aeropuerto de Texcoco 600 mil millones de pesos. Vamos a aclarar y ojalá antes aclare la ASF”, dijo el primer mandatario.
Agregó que, con esos datos, la ASF “le está dando mala información a nuestros adversarios y no debe prestarse a esas campañas”.
Así, en su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo ubicó a la ASF entre las instituciones que favorecen a sus enemigos, pues, efectivamente, con esos resultados invalida la que fue la primera de sus decisiones más importantes, la cancelación del que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en terrenos de Texcoco. Esto porque los auditores estimaron que el costo de suspender la obra supera los 330 mil millones de pesos, tres veces más de lo que dijo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
La Secretaría de la Función Pública oculta información
Por cierto, la ASF al parecer no se siente intimidada por la rectificación presidencial, pues ayer mismo, ocupó amplios espacios informativos otra observación de ese organismo dependiente de la Cámara de Diputados, dirigida a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con esta información, la Auditoría Superior detectó varias irregularidades y deficiencias por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia encargada del combate a la corrupción en la administración pública federal.
En su informe, la ASF indica que, al parecer, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza y, con pretexto de la suspensión de labores obligada por la pandemia de la Covid-19, se resistió al proceso de fiscalización y, en particular, ocultó información de un dirigente sindical. Esto, además de que se detectaron irregularidades presuntamente derivadas de la inexperiencia del personal de la dependencia, falta de claridad en los objetivos que se persigue, así como carencia de elementos para integrar un diagnóstico apropiado.
La ASF señaló, asimismo, que la SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología para justificar cómo selecciona a los servidores públicos sujetos a investigación, lo cual propició condiciones favorables para la actos de discrecionalidad en la selección de los funcionarios sujetos a investigación en 2019.
Los auditores también mencionaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) mostró “resistencias” en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, en particular los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas durante todo 2019.
Ante estas observaciones, la titular de la Función Pública dio muestra nuevamente de su espíritu combativo, pues ayer mismo recordó que se entregó a los auditores 30 mil expedientes y ofreció que la dependencia a su cargo trabajará para implementar las sugerencias de los auditores y construir juntos una buena administración federal en beneficio de los mexicanos.
Mediante un comunicado, Irma Eréndira Sandoval señaló que, “como órgano fiscalizador y corresponsable de la lucha contra la corrupción en la Administración Pública Federal, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con la Auditoría Superior de la Federación y darle seguimiento a los resultados de sus auditorías”.
La funcionaria aseguró haber dado instrucciones a todos los Órganos Internos de Control (OIC) para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la ASF y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionadores-administrativos necesarios.
Poder Judicial paraliza las obras del Tren Maya
Hace menos de una semana, el presidente López Obrador recibió del Poder Judicial Federal un preciado regalo al inhabilitar la prohibición que le habían impuesto los consejeros del Instituto Nacional Electoral de poder hablar de temas políticos en sus conferencias de prensa mañaneras.
En esa ocasión fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, también conocido como Trife el que revirtió la orden del INE de que el primer mandatario se abstuviera de emitir comentarios de naturaleza electoral en sus mañaneras, así como en eventos y giras. Los magistrados del Tribunal estimaron que los consejeros electorales se extralimitaron al tomar tal acuerdo.
Todo muy bien, pero del mismo Poder Judicial le vino al primer mandatario otra sentencia que afecta una de sus obras más preciadas: el Tren Maya.
Esta vez fue un juez federal, con sede en Yucatán, el que concedió un amparo (suspensión definitiva) para detener los trabajos para el tendido de esa preciada línea de ferrocarril en un tramo que comprende tres municipios de ese estado peninsular.
La decisión del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, se conoció a través de una organización denominada “Kanan Derechos Humanos”, la cual respalda a los campesinos inconformes. El principal argumento en contra son supuestas irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.
“Kanan” detalló que el Juzgado otorgó la suspensión provisional el 21 de enero pasado, debido a del proyecto evidencia una vez más que el Ejecutivo federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisión sobre un proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio y su integridad cultural.
Los abogados de la organización resaltaron que resulta paradójico que, mientras el Ejecutivo federal firma el Acuerdo de Escazú, que entre otras cosas establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas, en los hechos haga todo lo contrario imponiendo un proyecto ambiental, social y culturalmente insostenible para esas comunidades.
La organización informante precisó que la medida será aplicable para los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, comprendidas en el tramo Golfo Tres del proyecto original de ese medio de comunicación que, conforme a los proyectos de la llamada Cuarta Transformación deberá ser detonante del desarrollo para amplias regiones de la Península de Yucatán y los estados de Chiapas y Tabasco.
Al otorgar la suspensión definitiva, el Juzgado Tercero ordenó que las autoridades federales se abstengan de continuar con las obras e iniciar nuevas construcciones relacionadas a este proyecto.
El caso no se puede considerar cerrado totalmente, pues falta que haya una sentencia definitiva.
Por cierto, la sentencia del juzgado tercero no es el único problema para Fonatur, el organismo directamente responsable del proyecto del Tren Maya, pues también fue objeto de observaciones por parte de la mencionada Auditoría Superior de la Federación.
La ASF advirtió que Fonatur no aclaró 156,1 millones de pesos relacionados con el proyecto, pues suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya, pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.
Esto además de que, al parecer, incurrió en varias irregularidades durante la fase de diseño y de estudios, los cuales ponen en vilo la viabilidad social y financiera del proyecto.
Fonatur respondió que “el Tren Maya es un proyecto transparente que cumple con la normatividad”.
