Cancelar aeropuerto de Texcoco costó tres veces más
Miguel Ángel Rivera lunes 22, Feb 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un organismo con autonomía técnica, pero que administrativamente depende de la Cámara de Diputados, el cual pronto podría entrar en la ya larga lista de instituciones destinadas a desaparecer por causar incomodidad al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Esta difícil situación para la ASF deriva de un doble pecado: primero estimó que el costo de haber cancelado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en los rumbos de Texcoco ya superó tres veces lo que originalmente anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y, segundo, descubrió manejos irregulares es uno de los programas sociales estelares de la 4T, Jóvenes Construyendo el Futuro, con lo cual desvirtúa la reiterada declaración de los funcionarios y simpatizantes de la 4T en el sentido de que “no son iguales”.
Antes de seguir adelante, es conveniente precisar que la ASF surge del principio constitucional de que la Cámara de Diputados es la responsable de definir y aprobar el presupuesto federal y, para que esa obligación se pueda cumplir cabalmente, es necesario comprobar que el gasto federal se ajusta a lo ordenado por los diputados.
Ese es precisamente el compromiso de la ASF. Como dice en su página de Internet, su misión consiste en: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno”.
Ahora bien, vamos a los hechos
La ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados. Su actuación se rige por un conjunto de disposiciones jurídicas, técnicas y éticas.
Los principales ordenamientos jurídicos que dan origen y norman la actuación de la ASF son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En los últimos años, estos ordenamientos se han modificado para crear un órgano de fiscalización eficiente y moderno.
Al contrario de su sucedáneo, la base aérea militar de Santa Lucía, en vías de ser convertido en terminal civil, sin que se sepa qué instituciones u organizaciones especializadas hayan dado el aval técnico, la selección del sitio en el ex vaso del Lago de Texcoco elegido en el anterior sexenio para ser el nuevo aeropuerto capitalino se llevó a cabo con base en estudios técnicos y de factibilidad realizados, entre otros, por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Arup, la corporación MITRE, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde su tercera campaña electoral el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció y cumplió al asumir el gobierno de la República, cancelar ese ostentoso aeropuerto que ni Obama tenía (no, perdón, ese fue el avión que todavía no puede vender) y aseguró que el cambio de sede tendría un costo aproximado de cien mil millones de pesos.
Casi al cumplirse el primer trimestre de su tercer año de gobierno, la ASF sorprendió al informar que el costo real por cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será de 331 mil 996 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 231 por ciento, respecto a lo estimado por el gobierno federal.
Esta información aparece en la tercera entrega de la cuenta pública, en la cual la ASF señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había estimado una cifra de 100 mil millones de pesos por la cancelación de esa obra, pero no consideró todos los gastos.
Esta cifra de “la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”, detalló.
La ASF especificó que, del total del monto, 163 mil 540 millones de pesos corresponden a los costos no recuperables de inversión en el periodo 2014-2018 y 168 mil 455 millones de pesos por obligaciones pendientes.
La Auditoría señaló, además, que el costo total de la cancelación podría incrementarse debido a que se encontró pendiente la liquidación del 70 por ciento del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y se deberán pagar comisiones o intereses generados por los bonos en circulación pendientes de recompra.
Como acostumbra, al anunciar la cancelación del NAIM en Texcoco, el presidente López Obrador aseguró que su decisión la respalda el pueblo, pues supuestamente realizó una consulta, por lo cual “no tenemos ningún problema de consciencia” con su cancelación.
En respaldo de la opinión presidencial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó un informe en el que señaló que el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto sería de 100 mil millones de pesos.
Sin embargo, la ASF documentó que, a la fecha, el Estado mexicano ya sobrepasó esa cifra prometida puesto que van gastados 163 mil 540 como resultado de la cancelación, advirtiendo que en los próximos años México gastará otros 168 mil 426 millones hasta sumar casi 332 mil millones de pesos”.
De confirmarse las estimaciones de la ASF, los gastos por la cancelación de la terminal aérea resultaron superiores a su costo total, según las estimaciones del anterior gobierno.
Al ser anunciado el nuevo aeropuerto en 2014, se estimaba una fecha de apertura para octubre de 2021, con un costo de construcción de 13,300 millones de dólares estadounidenses (168,880 millones de pesos mexicanos). No obstante, esas optimistas estimaciones debieron ser corregidas, por lo que para 2018 el costo calculado había subido a 14,300 millones de dólares estadounidenses (285 mil millones de pesos mexicanos). Estas diferencias se tradujeron en un incrementos en costos, debido a la devaluación del peso y al replanteamiento del plan maestro para que el aeropuerto pueda atender una mayor demanda en su primera fase.
De cualquier forma, esta última cifra resulta inferior a lo que la ASF asegura que ha costado la cancelación.
Los jóvenes pretexto para negocio
Lo relacionado con la cancelación del aeropuerto en Texcoco no fue el único descubrimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Especialistas también encontraron que el estelar programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo irregularidades por 57 millones de pesos durante 2019.
Las aparentes irregularidades derivan de pagos a jóvenes que se encontraban estudiando cuando supuestamente estaban en proceso de ser capacitados para el trabajo, informó la ASF.
La Auditoría de Desempeño señala que algunos becarios estaban inscritos en otros programas gubernamentales, de manera que no se verificó que no trabajaran ni estudiaran al momento del registro y que tuvieran el rango de edad establecido para ser beneficiario del apoyo.
Además, en la Cuenta Pública 2019, entre las irregularidades se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.
En resumen, de acuerdo con los informes de la ASF, los pagos generados fueron por 51 millones 213 mil pesos, dinero que supuestamente se les entregó a pesar de que los beneficiarios estudiaban, a pesar de que las normas de Jóvenes Construyendo el Futuro establecen que los recursos están destinado a quienes no trabajan ni estudian.
De acuerdo con las estimaciones de la ASF, son 3 mil 188 jóvenes los que recibieron el pago mensual por 4 mil pesos cuando también eran beneficiarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El organismo dependiente de la Cámara de Diputados, señaló que el manejo que se hace de los recursos públicos federales en ese programa “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia, y honradez al Estado”.
Mientras tanto, todo está listo en la Cámara de Diputados para aprobar en su sesión de mañana, martes, la controvertida nueva (o contra) reforma eléctrica, sin cambios a lo propuesto por el presidente López Obrador.
