El empleo no se recupera ni bajará el costo de la electricidad
Miguel Ángel Rivera martes 16, Feb 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Una vez más los organismos autónomos parecen esforzarse en evidenciar por qué no son queridos en la llamada Cuarta Transformación.
Por una parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) descalificó las versiones más que optimistas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que ya se empiezan a recuperar los empleos perdidos en los dos últimos años.
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pidió a los diputados y senadores no aprobar la (contra)reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal.
Vamos por partes. Primero no hay indicios de una recuperación de los puestos de trabajo perdidos, sobre todo durante el año anterior, como consecuencia de la crisis intensificada por la pandemia del coronavirus.
Nada de eso. Durante 2020 el desempleo abierto se disparó 31.3 por ciento, reveló el Inegi a partir de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), la cual detalla que entre el último trimestre de 2019 (antes de desatarse la pandemia) y el mismo periodo del año pasado se registró una disminución de un millón 790 mil personas en la Población Económicamente Activa (PEA), la cual pasó de 57 millones 625 mil a 55 mil 880 millones.
El único aspecto que se puede apreciar con cierto optimismo es que se ha logrado una recuperación de los más de 12 millones de personas que perdieron sus trabajos en abril, al inicio del confinamiento, pero esa leve reversión no puede servir para afirmar que el país ha regresado a los niveles previos a la pandemia.
Lo peor es que el aumento del desempleo superior al 30 por ciento no incluye a los subocupados, ni a los trabajadores informales ni a la población considerada no económicamente activa (PNEA), sector que incluye a quienes no tienen trabajo por falta de oportunidades y no porque no lo necesite o no quiera.
Otros datos de la difícil situación que enfrenta el tema del desempleo en México dados a conocer por el Inegi a partir de la mencionada ENOE que compara los datos del último trimestre de 2020 con igual periodo de 2019, son los siguientes:
Una disminución de (-)1.7 millones de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones.
La población ocupada fue de 53.3 millones de personas, reportando una disminución de (-)2.4 millones.
Los ocupados en actividades terciarias descendieron (-)1.7 millones, siendo el impacto mayor en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento con una reducción de (-)769 mil y los servicios diversos con (-)489 mil ocupados menos.
La ocupación en micronegocios disminuyó en 914 mil: 474 mil menos, específicamente en aquellos con establecimiento.
La población subocupada aumentó en 3.8 millones, al pasar de 4.3 a 8.1 millones.
La tasa de desocupación aumentó 1.2 puntos porcentuales al pasar de 3.4% a 4.6% a nivel nacional. Para el conjunto de las principales 39 ciudades del país la tasa se ubicó en un 5.6 por ciento.
Oaxaca con 78.5%, seguido de Guerrero con 77.3% y Chiapas con 76.4% reportaron las tasas más altas de informalidad laboral; en cambio, Nuevo León, con 35.6%, Coahuila de Zaragoza, con 36.7% y Chihuahua, con 37.3% registraron las tasas más bajas durante el cuarto trimestre de 2020.
La reforma eléctrica podría derivar en un aumento de las tarifas eléctricas
La iniciativa (de reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador), “de ser aprobada en sus términos, lesionaría severamente las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica. Porque: 1) elimina la regla de despacho de la electricidad más barata para beneficiar artificialmente a la CFE, en detrimento de otros generadores, 2) restringe injustificadamente el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, 3) permite a CFE SSB adquirir electricidad por métodos no competidos, eliminando la necesidad de hacer subastas, y 4) otorga amplia discrecionalidad a la CRE para decidir sobre el otorgamiento (o no) de permisos para operar como generador o suministrador”.
Así dice el párrafo inicial del documento que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) remitió al Congreso de la Unión, en el cual recomienda “no aprobar en los términos propuestos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (iniciativa), ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica.
“De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios”, advierte la opinión del pleno de la Cofece, integrado por siete comisionados y presidido por Alejandra Palacios Prieto.
En ese documento que aparece en la página de Internet de la Cofece, los comisionados también apuntaron:
“El marco constitucional vigente contempla la posibilidad de la competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, actividades en las que, sin excepción, todos pueden participar, tanto los privados como la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por su parte, las redes de transmisión y distribución, como áreas estratégicas a cargo del Estado, deben ser operadas de manera neutral y bajo un principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Esta dinámica incentiva la producción y abasto de la energía a precios competitivos. En contraste, de aprobarse la Iniciativa, se impediría la competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica”…
A lo anterior, se debe recordar que la Cofece interpuso y ganó una controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) contra el decreto denominado Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), conocido popularmente como “Ley Nahle” (por la secretaria de Energía, Rocío Nahle), que coincide en sus puntos esenciales con la iniciativa enviada por el primer mandatario a la Cámara de Diputados.
La Suprema Corte determinó que ese decreto invade las facultades de la Cofece, viola el derecho de libre competencia y da una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ante esta decisión del tribunal constitucional, precedido de amparos concedidos por tribunales de menor alzada, el gobierno de López Obrador decidió darle la vuelta a las querellas judiciales y optó por modificar la ley, con el respaldo de su mayoría en el Congreso.
El pasado 29 de enero de 2021, el mandatario envió a la Cámara de Diputados una propuesta que pretende dar prioridad a las plantas eléctricas de CFE en el despacho al sistema eléctrico nacional y relegar las plantas de energía renovable de la iniciativa privada.
El presidente dio instrucciones de que su iniciativa fuese aprobada sin cambios y así lo aceptaron los legisladores federales.
Sin embargo, en aras de hacer aparecer que se toma en cuenta la opinión de todos los sectores interesados se llamó a un foro denominado Parlamento Abierto, cuyas conclusiones, previsiblemente, no serán tomadas en cuenta, pues como apuntamos la decisión del Ejecutivo y del Legislativo ya está definida.
No obstante, como parte de esa consulta, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó a la Cámara de Diputados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quede sólo con las áreas donde es rentable: transmisión, distribución y como suministrador de servicios, y que las empresas privadas se hagan cargo de la generación de electricidad. Esto es, que CFE únicamente se dedique a comprarles la electricidad.
En una reunión privada, efectuada ayer por la tarde, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, presentó un documento donde el organismo patronal sostiene que dar prioridad a la electricidad generada por la CFE incrementaría el costo de abastecimiento del suministro básico por 15 mil 826 millones de dólares entre 2022 y 2026, además de que las demandas legales “implicaría costosas demandas”.
El CCE coincidió con la Cofece en advertir que la reforma no reducirá el costo de las tarifas, sino que éstas aumentarán o serán subsidiadas, además de que no se logrará reducir la contaminación ni beneficiará al medio ambiente.
