Justicia a la mexicana
¬ Augusto Corro viernes 12, Feb 2021Punto por punto
Augusto Corro
Al ex gobernador de Puebla, Mario Marín (a) el góber precioso, le dictaron la formal prisión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. En caso de resultar culpable, el ex mandatario podría alcanzar una pena de 12 años de cárcel.
El asunto de Mario Marín deriva de temas relacionados con actos de pederastia que fueron denunciados por la periodista en su libro Los Demonios del Edén, en el que aparecen nombres de políticos y empresarios involucrados en el escándalo.
Mario Marín en contubernio con la banda de pederastas promovió, según se informó en los medios de información, la captura y tortura de Lydia Cacho, quien fue detenida y trasladada a la ciudad de Puebla. Esto que le comentamos sucedió hace 14 años.
La periodista denunció los hechos y mantuvo su exigencia de justicia a pesar de las amenazas de la banda de pederastas, qué por cierto, tendrán que ser investigados y, en su caso, procesados por su asociación con los delincuentes.
De destaparse la cloaca, aparecerán los nombres de políticos de primera línea que participaron en actos de pederastia. Y es, precisamente, el interés de saber hasta dónde llegará el brazo de la justicia para castigar a esos delincuentes.
Primero, vamos a ver cómo actuarán los representantes de la ley en el juicio al góber precioso, que en los círculos políticos cuenta con funcionarios públicos que trabajaron con él o tuvieron relaciones que los obligan a un compromiso de agradecimiento.
Es decir, que su grado de amistad con Mario Marín los presione a usar el influyentismo para pedirle al juez que trate bien al presunto inculpado, con penas de prisión suaves, ligeras, que le permitan alcanzar la libertad lo más pronto posible.
No sería nada extraño, ni raro, que Mario Marín resultara uno más de los beneficiados de la justicia mexicana. Se encuentra, pues, pendiente el asunto del ex gobernador acusado de torturador.
Aunque también podría tener una salida fácil y rápida a su problema si se convierte en colaborador de las autoridades, en testigo protegido, como ocurre en el presente. No sería el primer presunto responsable que se ampara en la ley para burlarla.
El otro caso pendiente lo tenemos con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien optó por convertirse en colaborador de la Fiscalía y desde el día que llegó extraditado de España el trato que se le brindó fue de persona muy importante (vip).
El ex funcionario se encuentra acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A la fecha, se ignora que hace la Fiscalía para exigirle cuentas.
Antier supimos que Rosario Robles Berlanga buscará acogerse a la figura de testigo protegido para aportar su testimonio sobre el esquema conocido como la “estafa maestra”.
Una investigación periodística titulada “estafa maestra” puso al descubierto una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas, bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7 mil 760 millones de pesos.
A Rosario Robles Berlanga ya le mostraron el camino para dejar la cárcel donde se encuentra recluida desde 2019. Es posible que las autoridades acepten a la ex funcionaria, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Lo que buscan los abogados de Robles Berlanga es recurrir al criterio de oportunidad, una figura incluida en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite al Ministerio Público no ejercer la acción penal contra un acusado si es que considera que esto le reditúa un beneficio, con información que vincule a otros implicados en el caso y permita esclarecer cuál fue el destino final del dinero sustraído. ¿Usted qué opina amable lector?
