Claman ayuda a Carlos Joaquín las comunidades colindantes de Q. Roo con Campeche y Yucatán

Derecho de réplica

José Luis Montañez

• Cuestiones limítrofes retrasan el suministro de agua potable

El gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Othón P Blanco tienen en sus manos, una vez más, ponerle fin al conflicto limítrofe con Campeche y Yucatán, señaló el representante legal Blanco Cruz.

Desde hace décadas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán se disputan el territorio de los municipios colindantes entre los tres estados de la península y a pesar de que el caso se mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta el momento no ha sido resuelto.

Sin embargo, el gobierno de Campeche presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de queja en contra de Quintana Roo, al que ahora acusa de violar la suspensión otorgada por el máximo tribunal del país dentro de la controversia constitucional 226/2019, promovida en su oportunidad por Yucatán.

De prosperar el nuevo recurso del gobierno campechano, los más afectados serán los habitantes de la zona limítrofe, principalmente de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles, en donde el gobierno de Quintana Roo tiene presupuestado para este año 100 millones de pesos para dotar del servicio de agua potable, gracias a los amparos promovidos por los habitantes de estas que hábilmente su representante legal, Andrés Blanco Cruz, ha hecho prosperar ante las instancias judiciales.

Como se recordará, el abogado especialista en el derecho de las comunidades indígenas al agua, en un hecho sin precedentes en el estado y el país, en 2015 logró acreditar ante un juzgado federal que la localidad de San Antonio Soda, una de las 32 comunidades en disputa dentro del conflicto limítrofe entre las tres entidades federativas, pertenece a Quintana Roo, obligando a las autoridades de la entidad a dotar de agua potable en sus domicilios a sus habitantes; más tarde en 2019, hizo lo propio con las poblaciones de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto, también por orden de un juez una obra que deberá llevar a cabo en el presente año la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

En ese sentido, el representante legal de las comunidades, Blanco Cruz, dijo que el gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Othón P Blanco tienen en sus manos, una vez más, ponerle fin al conflicto limítrofe con Campeche y Yucatán; y demostrar con los instrumentos jurídicos y documentales existentes que el territorio en disputa es quintanarroense, luego que la  SCJN, los notificara  de la queja interpuesta por Campeche.

Detalló que el pasado 4 de febrero la Suprema Corte, notificó tanto al gobierno del estado como al Ayuntamiento de Othón P Blanco, sobre la queja interpuesta por la Consejería Jurídica de Campeche, que señala que los amparos promovidos vulneran el territorio campechano, y por lo cual, dijo, el territorio quintanarroense tiene que ser defendido con todos los recursos existentes y no con simulaciones dentro del plazo fijado de 15 días tras ser notificados.

“Son subdelegaciones de Othón P. Blanco, desde antes de 1997, como parte de la alcaldía de Dos Aguadas. Además, Felipe Ángeles está constituido como ejido desde 1994 con un documento de donación de tierras, que lo indica como en Quintana Roo”, argumentó.

Blanco Cruz resaltó que tanto el gobierno estatal como municipal están obligados constitucionalmente a defender la soberanía del Estado, pero hasta el momento “han actuado con tibieza para demostrar que el territorio en litigio es de los quintanarroenses ante las autoridades judiciales, aun y cuando no sólo se tiene la documentación que acredita fehacientemente que las comunidades involucradas son de Quintana Roo, sino también un equipo jurídico e incluso despachos contratados para hacerlo.”

Dijo que gracias a los amparos promovidos, tanto por los habitantes de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto, con sentencia a favor los últimos dos casos, como representante legal de estas ha logrado a acreditar que las comunidades en cuestión pertenecen al estado de Quintana Roo, sentando precedentes jurídicos y documentales lo cual han aportado no sólo para que los pobladores tengan acceso al suministro de agua potable, un derecho humano de primera generación, sino también al conflicto limítrofe.

“Hemos hecho todo lo que está en nuestros manos y en materia jurídica para demostrar que ese territorio es de Quintana Roo, no obstante, las autoridades en nuestro estado, que constitucionalmente están obligadas a defender la soberanía estatal como lo es la Consejería Jurídica y el propio ayuntamiento de Othón P Blanco, se han mostrado tibios en el tema”, enfatizó.

Exhortó una vez más a la Consejería Jurídica y al ayuntamiento de Othón P Blanco, dejen las simulaciones y se responda con todo lo que se disponga en materia jurídica y documental para defender la soberanía del estado, además que de manera inmediata se inicie con los estudios por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, para que se le pueda dotar de agua potable como lo indica las sentencias de jueces federales a favor de los pobladores y que el conflicto limítrofe, no sea un pretexto para retrasar el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, al no existir elementos para ello.

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