La 4T tiene que aclarar cuál es el futuro del sector energético
Miguel Ángel Rivera lunes 8, Feb 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En varias ocasiones, los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García; de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza; y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, con la ayuda de los legisladores de Morena, han eludido el compromiso de comparecer antes las cámaras de Diputados y Senadores, pero al parecer ahora sí no podrán evitarlo, pues es imprescindible que informen al Poder Legislativo —y a toda la nación— acerca del futuro del sector energético.
Esos funcionarios públicos han afrontado desde el inicio del actual sexenio graves problemas, como el combate al robo de hidrocarburos (conocido como huachicoleo); el desplome del precio internacional del petróleo y la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero nada como ahora en que todo indica que está en juego el futuro de todo el sector energético y en particular de las dos grandes empresas nacionales, Pemex y CFE.
El dilema básico es uno: retiene el gobierno federal el control (monopolio, dicen los críticos) de la producción y comercialización de petróleo y de la generación y distribución de la electricidad o permiten el libre juego económico con destacada participación de la iniciativa privada.
Como es conocido, este dilema se planteó desde mayo del año anterior, a partir de un decreto atribuido al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), pero en realidad, originado en la Secretaría de Energía, por el cual se relega la electricidad generada por empresas privadas para darle preferencia a la proveniente de las plantas operadas por la CFE.
Ese decreto, conocido popularmente como “ley Nahle”, primero fue bloqueado por jueces de distrito y luego por la Suprema Corte de Justicia, por considerar que no se ajusta a lo que establecen las normas constitucionales. Pero aún así, el gobierno federal no se echó para atrás.
Por el contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que pretende revertir la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la inversión extranjera.
Hasta ahí, aunque se tocan temas constitucionales, se trata de un asunto interno. El problema más grave surge porque el mencionado decreto y sus consecuencias trascienden nuestras fronteras, pues intereses extranjeros se sienten o resultan efectivamente afectados.
Por lo pronto, el pasado viernes, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USCC por sus siglas en inglés), lanzó un comunicado en el cual expone una “profunda preocupación” de que la propuesta de reforma eléctrica en México conduzca a la formación de un monopolio que viole compromisos del T-MEC.
El referido organismo estadounidense no depende del gobierno de su país, pero tiene una gran influencia porque representa a importantes empresas de la vecina nación, tanto que se le define como un “grupo de presión”.
“Cambios tan drásticos abren la puerta a la reinstalación de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, que contraviene directamente los compromisos de México bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá”, detalló el vicepresidente senior para las Américas del grupo de presión, Neil Herrington, en un comunicado.
Como parte de los cambios que se pretenden con la iniciativa presidencial en materia energética, el punto central consiste en “rescatar” la rectoría del Estado en esa materia.
Aquí es donde surge el punto de choque, pues como se aprecia, las reformas pretendidas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación son interpretadas por los inversionistas extranjeros como un desconocimiento de los acuerdos expresados en el T-MEC, que tienen validez de principios constitucionales.
Esto es lo que tienen que aclarar los funcionarios mexicanos en una eventual comparecencia ante diputados y senadores. No se puede en este caso culpar a gobiernos anteriores, pues aunque todavía no asumía la Presidencia de la República, el actual primer mandatario estuvo representado por una persona de su plena confianza, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, quien recientemente se retiró de las actividades públicas.
Así las cosas, es de esperar que Nahle, Romero y Bartlett expliquen a los legisladores el propósito de los cambios y, sobre todo, la base sobre la que se sustentarán.
Pero si no fuera así, el tema tendrá que abordarlo directamente el propio Presidente de la República, tal vez tan pronto como hoy mismo, cuando regrese a sus conferencias mañaneras, si se cumplen los buenos deseos de que López Obrador esté totalmente repuesto de Covid-19.
Miles de cargos en disputa, pero son más, los
dispuestos a “sacrificarse” en el servicio público
En las elecciones de junio venidero se disputarán miles de cargos de representación popular, desde gobernadores de 15 estados hasta diputados federales y locales, así como funcionarios de más de mil municipios.
Sin embargo, lo más notable es que son muchos más los ciudadanos que están dispuestos a “sacrificarse” y servir a sus comunidades en esos cargos.
Son tantos los aspirantes que el principal problema para los dirigentes de los partidos es conducir el proceso de selección de manera que sus organizaciones resulten fortalecidas y no debilitadas por las protestas internas.
En este proceso, tal vez una de las plazas más complicadas es la Ciudad de México, que pasó de un control casi absoluto del PRI hasta finales del siglo anterior, para luego dar paso al predominio del PRD que, a su vez, cedió el control a Morena.
En un intento de modificar este escenario, uno de los partidos que recientemente obtuvo su registro oficial, Fuerza por México, empezó el esfuerzo por colocarse como una de las organizaciones dominantes en la capital del país.
Esa difícil tarea se encomendó al ex candidato presidencial independiente Armando Ríos Piter, a quien se considera con capacidad de refrescar procedimientos e impulsar una nueva realidad en la metrópoli. Se requieren nuevos perfiles, con la energía suficiente para tratar de revertir el amplio dominio de Morena y, para ello, la dirigencia nacional de Fuerza por México, encabezada por el dirigente sindical Pedro Haces Barba, decidió confiarle la tarea al ex aspirante presidencial.
La tarea de conquistar un espacio en la Ciudad de México se basa en una campaña que tiene como objetivos relevantes la salud, economía, seguridad, empleo, así como el involucramiento de los pueblos originarios y el enfoque urbano-rural que garantice el bienestar de las familias capitalinas. Por ello, sostienen los militantes de Fuerza por México que van a elevar el nivel de debate, de ideas y de formas de acercarse con la ciudadanía.
La apuesta de Fuerza por México es llegar a la Cámara Local con legisladores capaces de impulsar un cambio real. La transformación participativa inicia bien el 2021, de la mano de “El Jaguar”.
A pesar de los intentos de la oposición, todavía Morena —y en particular su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador— es el principal centro de atracción para quienes desean “sacrificarse” al servicio de la comunidad.
Un ejemplo es la ex secretaria de Salud del gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez, quien se convirtió en una fuerte aspirante al gobierno del estado abanderada por el dominante Morena, a pesar de haber colaborado con la administración encabezada por el priista José Manuel Carreras López.
En una declaración de intenciones, la ex funcionaria estatal, declaró:
“Decidí participar en el proceso de selección de candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, inspirada en mi empatía con el proyecto de Nación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Con esa convicción solicité mi registro y fui testigo de que Morena es el único partido que elige a sus candidatas y candidatos, escuchando al pueblo.
“También de que es el único partido comprometido en acelerar, facilitar y mejorar las condiciones para la incorporación de las mujeres en la vida política de San Luis Potosí.
También en esta declaración afectiva, la ex funcionaria aseguró que “en Morena la imposición no existe ni existirá”.
Rangel lleva como principal contendiente a Paloma Aguilar, ex integrante de la Ayudantía del presidente López Obrador.
