La SCJN hace más difícil el cambio de política energética
Miguel Ángel Rivera jueves 4, Feb 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En momentos en que una iniciativa presidencial puso en el centro de la lucha política la conducción del sector eléctrico nacional (petróleo y electricidad), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contribuyó a poner en su sitio a los actores interesados, básicamente el gobierno federal y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Básicamente, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte, determinaron que la conducción de la política de generación y distribución de la energía eléctrica y los aspectos relacionados de la industria petrolera corresponden al referido organismo autónomo, la Cofece.
Esta sentencia lleva también a una de las obsesiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la de eliminar o al menos someter a los organismos autónomos que limitan o se oponen a los designios de la llamada Cuarta Transformación y uno de esos es la Cofece, que no ha estado de acuerdo con los criterios que el primer mandatario y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, han tratado de imponer en el sector energético.
Precisamente esas diferencias de criterio llevaron a la intervención del máximo tribunal del país.
El 15 de mayo de 2020, por conducto del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que es una dependencia de la administración pública federal centralizada, publicó el denominado “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, para cambiar los procedimientos por los cuales la CFE compra y distribuye la energía generada por plantas particulares.
Para sustentar los cambios se alegó que la electricidad generada por plantas privadas resultaba demasiado onerosa a la empresa nacional y complicaba el objetivo central de asegurar un suministro suficiente y oportuno a toda la república.
De inmediato hubo reacciones en contrario, primero de las empresas propietarias por considerar que les dejaba sin defensa, al modificarse las bases sobre las cuales invirtieron en México y, además, porque prácticamente se dejaba fuera del sistema eléctrico nacional las nuevas plantas de energía limpia en beneficio de viejas y contaminantes plantas operadas directamente por la CFE.
A los inconformes se sumó la mencionada Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que pidió intervención de la Suprema Corte por considerar que la Sener había asumido facultades que le son conferidas por la Constitución.
El decreto de la Sener invade facultades de la Cofece, estiman los ministros de la Corte.
En principio, un juez federal concedió la suspensión provisional del decreto Nahle, solicitado por tres empresas privadas. Además, otras cinco compañías ganaron un amparo con el mismo propósito de impedir que se aplicaran las nuevas normas.
Más tarde, fue la primera sala de la Suprema Corte la que confirmó la suspensión derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Cofece.
El llamado decreto Nahle y los cambios en la política eléctrica fueron defendidos por el presidente López Obrador, quien, fiel a su estilo, dijo que los procedimientos anteriores eran ejemplo de la corrupción de los anteriores gobiernos, más preocupados por los negocios privados que de los intereses públicos.
El primer mandatario anunció que si la nueva política energética no era avalada por la Suprema Corte, entonces cambiaría las leyes.
“Estamos en la revisión, porque se abusó mucho, era dejarle el mercado de los energéticos a los privados y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y la CFE, eso era el propósito de la política económica en el periodo neoliberal y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, dijo el primer mandatario.
Esto lo cumplió, al arrancar el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, al enviar la iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), con el fin dar prioridad a la energía producida por las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), delegando al último lugar a las renovables y ciclos combinados operados por particulares.
Aquí es donde entra la sentencia dada a conocer ayer por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió que el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional invade facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por lo cual invalidó varios de sus puntos.
El único voto en contra fue de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó a la Corte a propuesta del presidente López Obrador, los otros miembros de la Sala aprobaron el proyecto presentado por Luis María Aguilar Morales, en donde se afirma que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece, toda vez que anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente en lo que concierne a las Energías Limpias Intermitentes”.
La SCJN invalidó únicamente los aspectos del acuerdo que consideró invaden las facultades de la Cofece, pero están pendientes de resolverse por el Pleno de ministros en la SCJN controversias interpuestas por los gobiernos de los estados de Tamaulipas, Jalisco, Colima y Guanajuato.
En espera de conocer ese fallo definitivo, de cualquier forma, la referida decisión de la Segunda Sala cambia mucho el panorama político, pues la iniciativa presidencial se refiere a la Ley de la Industria Eléctrica, que se puede reformar con el respaldo de la mayoría de senadores y diputados del partido del gobierno, Morena, y sus asociados, pero de mantenerse el criterio de que los cambios propuestos por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación son anticonstitucionales, entonces se requerirá modificar artículos de la Carta Magna.
En tal caso, “morenos y asociados” requieren de mayorías calificadas, que sí tienen en la Cámara de Diputados, pero que no reúnen en el Senado, donde el coordinador Ricardo Monreal tendrá que recurrir a toda clase de tácticas para convencer a algunos de los legisladores del llamado bloque opositor.
Preparativos de la oposición para arrebatar posiciones a Morena
En 2017, Margarita Zavala Gómez del Campo renunció al PAN, luego de que se le negó la candidatura presidencial.
Ayer, la directiva del partido azul y blanco en la Ciudad de México anunció que la esposa del ex presidente Felipe Calderón será su candidata (externa), pero ahora a diputada federal, no plurinominal, sino que tendrá que hacer campaña para tratar de regresar a la Cámara de Diputados.
Los enterados sostienen que la tarea no es fácil, pues Zavala será postulada por el décimo distrito capitalino, que se vaticina será muy disputado en las urnas.
Junto con la ex precandidata presidencial, se reincorporan a las filas de Acción Nacional otras dos figuras vinculadas al calderonismo: Roberto Gil, quien fuera secretario particular del ex mandatario; Francisco Ramírez Acuña, quien como gobernador de Jalisco encabezó el movimiento para que Calderón fuera candidato presidencial del PAN; y el ex embajador de México en España, Jorge Zermeño.
En las filas del PRI, concretamente en Colima -uno de los estados que podría retener el tricolor- reapareció el experimentado político Arnoldo Ochoa González como dirigente estatal de ese instituto político, en reemplazo de José Manuel Romero, quien irá al CEN.
Ochoa rindió protesta ante el secretario de Organización del CEN del Revolucionario Institucional, Ricardo Aguilar Castillo, en un acto en el que estuvieron la precandidata a gobernadora, Mely Romero Celis, y los ex mandatarios Fernando Moreno Peña, Elías Zamora Verduzco y Ramón Pérez Díaz.
El nuevo dirigente hizo un llamado un llamado a trabajar en unidad e informó que de inmediato encabezará el fortalecimiento de la estructura territorial y de las organizaciones.
Aguilar Castillo aseguró que su partido “es el único partido con responsabilidad social, y es por eso que queremos cambiar las cosas que están sucediendo en el país”.
Además, hizo un reconocimiento a Ochoa González por su capacidad de organización y experiencia, facultades “que nos van a ayudar para construir la nueva historia del PRI y de Colima”.
