Para proteger remesas no es necesaria la reforma al Banco de México
Miguel Ángel Rivera viernes 11, Dic 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Mientras la reforma a la Ley Orgánica del Banco de México entra a revisión en la Cámara de Diputados, los cambios aprobados por el Senado están sometidos a una fuerte presión de parte de quienes los consideran totalmente negativos.
Para empezar, las protestas, como se verá más adelante, echan abajo el principal argumento de los senadores que promovieron la reforma: que se trata de proteger a los migrantes que envían dinero a sus parientes en México.
La inconformidad empieza en las mismas filas del banco central, por considerar que se viola su autonomía, una condición que costó mucho trabajo concretar, pero que le ha valido el reconocimiento internacional porque es la base de una estabilidad financiera que ha salvado a México de crisis más graves.
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reiteró ayer que obligar a esa institución a comprar dólares en efectivo, pone en riesgo su autonomía.
Como complemento, el propio Banxico lanzó un comunicado en el cual advierte que la reforma aprobada en el Senado, por el cual se le obliga a comprar billetes y monedas de divisas extranjeras que no pueden ser repatriadas, implica el grave riesgo de que esa institución vea deteriorado su prestigio al involucrarse en operaciones que pueden encubrir el lavado de dinero.
El Banco de México destacó que las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo.
En particular, un comunicado del banco central respecto a las recién aprobadas reformas insiste en que la reforma aprobada vulnera su autonomía y recuerda que, desde antes de que se revisara la iniciativa en el Senado, los especialistas y directivos de Banxico advirtieron acerca de los riesgos que implica la compra de moneda extranjera en efectivo.
El documento menciona reuniones de análisis convocadas por el Senado, en la que participaron, también, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero destaca que nada de lo que allí expusieron fue tomado en cuenta por los legisladores.
“Al respecto, cabe mencionar que las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que el Banco de México envió a dicha comisión legislativa no fueron incluidas en el proyecto aprobado por el Senado, ante lo cual, este instituto central considera que el proyecto generaría las afectaciones que expuso en la documentación entregada a dicha comisión”.
El documento al que se hace referencia, de fecha 7 de diciembre de 2020, echa por tierra el principal argumento de los senadores: que la reforma era necesaria para proteger los intereses de los residentes en el extranjero.
“Para dimensionar la situación expuesta en la iniciativa, es conveniente tomar en cuenta la información recabada por el Banco de México sobre las operaciones con moneda extranjera en efectivo. De esta información, destaca que, de enero a septiembre de 2020, las instituciones financieras realizaron 34.3 millones de operaciones con dólares en efectivo en territorio nacional a través de las cuales captaron 4,731.9 millones de dólares, De dicho monto captado, las instituciones colocaron, mediante operaciones con sus clientes, usuarios y otros intermediarios, 744 millones. Del monto captado que no lograron colocar, las instituciones exportaron al país de origen 3,886.8 millones de dólares a través de servicios de corresponsalía que contrataron con entidades del exterior. Es decir, las instituciones que captaron dólares lograron colocar en territorio nacional y exportar el 98 por ciento del monto total captado; el restante 2 por ciento, que representó 102 millones de dólares, corresponden al excedente que dichas instituciones acumularon en sus bóvedas durante ese periodo.
“Con respecto a las cantidades referidas, es conveniente precisar que las correspondientes remesas internacionales representan sólo alrededor del 1 (uno) por ciento del total de las remesas que se envían a México, ya que el 99 por ciento de las remesas llegan mediante transferencias electrónicas. El monto de estas transferencias electrónicas llega a nuestro país en pesos, ya que la moneda extranjera utilizada en la instrucción de envío de dichas remesas se queda en cuentas en el país del que provenga la remesa. Conforme a lo anterior, considerando los últimos datos publicados por el Banco de México, de enero a septiembre de 2020, el monto de las remesas en efectivo asciende a 200.99 millones de dólares, mientras que en transferencias electrónicas a 29,964.22 millones de dólares, es decir, el componente en efectivo corresponde a sólo el 0.67 por ciento”.
La iniciativa, aprobada la noche del miércoles en el Senado, pasará a su revisión en la Cámara de Diputados.
Es de esperar que los diputados tomen en cuenta las razones y los datos aportados por las autoridades del Banco de México. De otra manera, lo que está en riesgo no son las remesas utilizadas como pretexto, sino la autonomía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere a este instituto central para el ejercicio de sus funciones.
En efecto, la exposición de motivos de la iniciativa establece que, con los cambios, se pretende atender “la problemática que enfrentan las instituciones de crédito al tratar de repatriar al país de origen los billetes y monedas extranjeros que captan del público y que no pueden colocar en la economía nacional”, pero como se deduce de la información proporcionada por Banxico a los senadores, tal “problemática” no existe, como tampoco hay amenaza generalizada contra las remesas de los residentes en el extranjero.
Una de cada tres empresas, víctima de algún delito
La otra institución cuya autonomía ha causado molestias en el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) parece empeñada en justificar esa incomodidad provocada en las filas de la llamada Cuarta Transformación.
Por ejemplo, a pesar de las afirmaciones oficiales en el sentido de que ha disminuido la delincuencia, los especialistas dieron a conocer que la pregonada reducción apenas es apreciable, pues además se tienen indicadores de que gran parte de los delitos no son denunciados por los afectados.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 puso en evidencia que, durante 2019, el 30.5 por ciento de las empresas que operan en el país fue víctima de algún delito, es decir, aproximadamente una de cada tres.
A pesar de lo elevado de esa cifra, se debe reconocer que hubo un ligero avance respecto a 2018, cuando 33.7 por ciento de las unidades económicas sufrió algún tipo de delito.
Según el informe del Inegi, durante 2019 ocurrieron 3.9 millones de delitos asociados a 1.5 millones de unidades económicas que fueron víctimas.
Además, el estudio reveló que la extorsión y el asalto o robo de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia.
Las empresas del sector comercio son las más afectadas, pues 32.2 por ciento fueron víctimas de al menos un delito; seguidas las de industria, 25.4 y por las de servicios, 27.8 por ciento.
De conformidad con el mencionado estudio del Inegi, durante 2019, el 51.5 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4 por ciento de las medianas, 48.3 por ciento de las pequeñas y 29.6 por ciento de las micro.
El costo promedio del delito por unidad económica en 2019 fue de 85 mil 329 pesos, mientras que en 2017 fue de 66 mil 031 pesos.
En las unidades económicas grandes el costo promedio pasó de 1.9 a 1.5 millones de pesos entre 2017 y 2019, de igual forma en las unidades económicas medianas pasó de 725 mil a 545 mil pesos, mientras que en unidades económicas pequeñas pasó de 241 mil a 279 mil pesos.
La cifra negra de los delitos ocurridos durante 2019 al sector privado asciende a 92 por ciento, en los cuales no hubo denuncia, o bien, no se inició una carpeta de investigación. Dicha cantidad resulta ser estadísticamente superior a 86.6 por ciento estimado en 2017.
Esta cifra negra ha aumentado en las unidades económicas comerciales al pasar de 83.7 a 91 por ciento de 2017 a 2019, así como en las grandes, en donde pasó de 56.9 a 68.3 por ciento.
