Rechazo a la penetración de Banxico y el Inegi
Miguel Ángel Rivera jueves 10, Dic 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ayer se comprobó en la Cámara de Diputados que, en política, no se puede ganar siempre y que más vale negociar acuerdos que permitan avanzar en beneficio de la mayor parte de la población.
En efecto, aunque de nueva cuenta se desecharon las recomendaciones y adiciones presentadas por la oposición, se logró un importante avance al modificar el sistema de pensiones, conforme a la iniciativa presentada en principio por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este mismo espacio recordamos, apenas ayer, que el tema de las pensiones se ha convertido en un problema en muchas naciones y México no es la excepción, pues el sistema de ahorro para el retiro elegido desde los años 90 del siglo pasado, no fue la solución definitiva para subsanar los problemas derivados del anterior sistema de seguridad social.
Con el respaldo de organizaciones patronales y sindicales, el gobierno del presidente López Obrador presentó una iniciativa que aumenta, paulatinamente, las cuotas aportadas por los los patrones y reduce el tiempo de cotización para tener derecho a una pensión vitalicia y asegura recibir lo suficiente para rebasar el mínimo vital.
Pero como no se puede dejar satisfecho a todo mundo, todo el tiempo, en este caso hay un sector relativamente afectado, que son las administradoras del Ahorro para el Retiro, las conocidas Afore, cuyas utilidades estarán por debajo de lo que anteriormente obtenían.
Esto, porque las comisiones por la administración de ahorros para el retiro estarán sujetas a un monto máximo equivalente al promedio aritmético de los cobros aplicados en los sistemas de pensiones de Estados Unidos, Colombia y Chile, lo cual permitiría reducirlas de 0.98 a 0.54 por ciento en México.
La reforma se aprobó con 441 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones, lo que implica que tuvo el respaldo generalizado de todas las fracciones parlamentarias, aunque se mantuvieron inconformidades en lo particular, sobre todo porque se consideraba que los cambios pudieron ir más adelante y con mayor profundidad.
Uno de los argumentos en contrario fue precisamente el del tope a las comisiones que cobran las Afore.
En contra de las objeciones de algunos diputados de oposición, el subcoordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Pablo Gómez Álvarez, expuso:
“Pedimos el voto en conciencia, en defensa y en justicia, para que dejen de asaltar, de robar, de esquilmar a los trabajadores de México con esas ignominiosas comisiones altísimas que están cobrando las Afore”.
Una de las objeciones la presentó la subcoordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que la reforma propuesta por López Obrador es neoliberal y da continuidad al modelo privatizador de las pensiones.
“El PRD no acompañará una reforma neoliberal más al sistema de pensiones. Seguimos siendo congruentes, sin cambiar nuestros principios, y nos pronunciamos por la construcción de un modelo de seguridad social integral, público, redistributivo, equitativo y que sea social y económicamente viable”, afirmó la legisladora perredista.
A su vez, el ex presidente del PRI y ahora diputado federal, Enrique Ochoa Reza, reconoció que esta reforma contiene elementos positivos para las y los trabajadores de nuestro país, ya que les permitirá incrementar su capacidad de ahorro para el retiro.
Sin embargo, indicó el legislador, la reforma también tiene elementos que van en contra de la competencia económica y que puede lastimar la fortaleza del sistema de pensiones en México.
Una reforma que atenta contra la autonomía del Banco de México
Al contrario de la mencionada reforma a las pensiones, que tuvo una aceptación general, con algunos “asegunes”, en el Senado se aprobó un cambio a la Ley Orgánica del Banco de México (Banxico), que de inmediato recibió el repudio generalizado.
La objeción general consiste en que se atenta contra la autonomía del banco central, que durante los últimos años y, sobre todo en momentos de crisis, ha garantizado la estabilidad financiera del país.
Desde la sesión del Senado, la oposición se inconformó con las cambios propuestos por el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal, pero sobre todo es de tomar en cuenta la opinión de los especialistas del banco central, quienes desde antes advirtieron que se afectaba la autonomía de la institución y se le ponía en riesgo de incurrir, involuntariamente, en lavado de dinero, al obligarle a recibir dólares en efectivo, cuando todas sus operaciones eran anteriormente mediante transferencias electrónicas.
“Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación”, escribió en Twitter, como inmediata reacción, el vicegobernador de esa institución, Gerardo Esquivel Hernández.
De ninguna manera se puede ubicar a Esquivel Hernández entre los opositores al gobierno del presidente López Obrador. Él mismo se presenta en Twitter como: “Economista (UNAM, Colmex, Harvard). No se confundan, mi corazón late a la izquierda”.
Por si fuera poco, se debe recordar que su cargo en el Banco de México lo recibió a propuesta del presidente López Obrador y hubo momentos en que se le consideró candidato a la Secretaría de Hacienda.
Por si fuera poco, también tiene vínculos familiares con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues es esposo de la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quien fue promovida por el primer mandatario para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y para ser su titular a partir del año venidero.
Márquez Colín, por cierto, fue ratificada ayer por el Senado para ocupar un sitio en la Junta de Gobierno del mencionado Instituto, a pesar de la resistencia de la oposición, que la aprecia como una infiltrada del gobierno federal en una organización autónoma que no es del agrado del presidente López Obrador.
Por eso no los quieren
En contra de lo que mucho presume el presidente López Obrador en el sentido de que la corrupción ha sido prácticamente erradicada, el Inegi dio a conocer un estudio en el cual advierte que ese fenómeno negativo no sólo no ha sido eliminado, sino que tiene un costo que ha aumentado del año 2017 a 2019 un 63.1 por ciento.
Con anterioridad, el Instituto ha publicado otros análisis que contradicen pronósticos optimistas del actual gobierno federal, como el advertir que la caída de la economía nacional es superior a lo que reconoce la llamada Cuarta Transformación y también ha desmentido la supuesta recuperación del empleo.
Tales análisis han ocasionado el disgusto del primer mandatario y por eso se supone que está interesado en tener el control del Inegi y para ello comisionó la ex secretaria de Economía, la mencionada Márquez Colín.
Sean o no ciertas esas especulaciones, el referido análisis en materia de corrupción, dado a conocer en ocasión de la fecha elegida por las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional contra la Corrupción, reconoce los esfuerzos realizados por el Estado mexicano para responder al reto de controlar y disminuir esa dañina práctica.
Sin embargo, advierte el Inegi, esos ajustes normativos e institucionales de los últimos años coinciden con un aumento sostenido de las víctimas de corrupción entre la población de 18 años y más.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Vista la distribución nacional, se tiene que, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y Estado de México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional.
Desde 2013, reveló el Inegi, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, así como las gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público.
