La 4T va ahora por Banxico e Inegi
Miguel Ángel Rivera martes 8, Dic 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En su mensaje a la nación del pasado día uno del mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó su respeto a la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, pero nada dijo de los organismos autónomos.
Esa precisión es importante, porque ayer, al dar a conocer cambios en su gabinete, además del hecho evidente de dar más espacios a las mujeres, destaca el propósito del primer mandatario de avanzar en el control de los referidos organismos autónomos.
Ahora están en la mira el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y, nada menos, el Banco de México.
No se requiere especial perspicacia para concluir que ninguno de esos organismos son del agrado del presidente López Obrador, pues no responden a sus instrucciones y en ocasiones son casi ubicados entre los enemigos de la llamada Cuarta Transformación.
Los estudios del Inegi con frecuencia han desmentido o desvirtuado los optimistas cálculos oficiales respecto de la caída económica y el aumento del desempleo.
Un caso sobresaliente ocurrió entre abril y mayo del presente año.
En el primero de los meses, en una de conferencias mañaneras, el jefe del Ejecutivo presumió “un incremento nunca visto” de empleos durante el primer trimestre del año, pero un mes después las cifras del Inegi decían lo contrario.
En su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el organismo autónomo informó que la tasa de desocupación fue de 3.5% en los primeros tres meses del 2019, lo que significa el mayor registro desde el primer trimestre del 2017, cuando el desempleo alcanzó el mismo porcentaje.
En cifras absolutas, en el primer trimestre (cuando todavía no se manifestaba la pandemia de Covid-19) hubo un millón 886 mil 205 mexicanos desempleados, cuando en el mismo periodo del año pasado hubo un millón 713 mil 857 desocupados.
Es decir, en el gobierno de López Obrador se sumaron 172 mil 348 mexicanos a las filas del desempleo.
Graciela Márquez, encargada de corregir al Inegi
Además de su cabellera plateada, la ahora ex secretaria de Economía, Graciela Márquez, se hizo popular porque en los videos informativos acerca del viaje de la delegación mexicana a los Estados Unidos para negociar ajustes al T-MEC siempre era dejada atrás por sus compañeros y tenía que correr para incorporarse a la comitiva.
Luego, tuvo una presencia más amable, cuando fue la encargada de informar de los avances del programa de los dos millones de créditos de 25 mil pesos que otorgará el gobierno federal a micro y pequeños empresarios que hayan preservado el empleo durante la contingencia por la pandemia de Covid-19.
Ahora, conforme a los cambios anunciados por el primer mandatario, la economista graduada en la UNAM, con maestría en Economía en El Colegio de México y un doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard, será propuesta por López Obrador para ser miembro de la Junta de Gobierno del Inegi y estar en condiciones para presidir el organismo a partir del año venidero.
Obviamente, el interés es evitar que el Instituto se mantenga como un rectificador de las cifras oficiales.
Mucho dinero en juego en el caso del Banco de México
Si el esfuerzo por lograr el control de Inegi representa sólo una posibilidad de mejorar la imagen del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno del Banco de México (Banxico) no sólo asegura eliminar críticas, sino también la posibilidad de tener asegurado el manejo de cuantiosos recursos hasta ahora mantenidos fuera del alcance del Ejecutivo federal.
También en abril pasado, al inicio de la contingencia sanitaria, la junta de gobierno de Banxico anunció medidas para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero.
Esas acciones implicaban reforzar el sistema financiero con la inversión de hasta 750 mil millones de pesos, decisión que no gustó al presidente López Obrador por suponer que era para beneficio de los sectores privilegiados de siempre. Pero no se pudo oponer y se limitó a recomendar mucho cuidado con el manejo de las reservas, sobre todo con los créditos a la iniciativa privadas, pues esos recursos son de toda la nación.
“Las reservas no son del Banco de México, no son del gobierno, son de la nación, de todos los mexicanos. Es muy interesante porque la corriente sigue empujando, ya hasta salieron personalidades a defender esto y a decir que no queremos apoyar a los empresarios. Claro que sí queremos, pero también a indígenas a maestros, a tianguistas, a médicos, enfermeras y estudiantes, a todos; este no es un comité al servicio nada más de una minoría”, advirtió el primer mandatario.
El segundo disgusto evidente del jefe del Ejecutivo con la Junta de Gobierno del banco central provino cuando ese cuerpo colegiado se negó a darle un anticipo del denominado remanente de operación del ejercicio 2020. Ese remanente es una supuesta utilidad derivada del cambio de paridad del peso frente al dólar.
Como Banxico es una institución sin fines de lucro, está obligado a entregar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el importe de su remanente de operación. De acuerdo con el artículo 55 de su Ley Orgánica, el importe de esta “utilidad” se entrega a más tardar el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente.
La administración de López Obrador deseaba un adelanto para destinarlo a “salir de la crisis, sin endeudar a México”. El banco se negó bajo el argumento de la “importancia de observar el procedimiento” previsto en la ley.
Por si fuera poco, hace unos cuantos días se vino abajo una tentativa del gobierno federal de “rescatar” a Pemex con las reservas bajo el cuidado del Banco de México. Al parecer se trataba sólo de una consulta, pero la respuesta del banco fue definitiva.
El pasado 18 de noviembre, el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, recordó que la ley no permite que las reservas internacionales administradas por el banco central sean utilizadas para financiar a Pemex, como se planteó en el consejo de administración de la petrolera.
Otro intento más de la llamada Cuarta Transformación por meter mano en Banxico está pendiente en el Poder Legislativo. Allí, el coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para que el banco central pueda recibir dólares en efectivo, posibilidad que fue rechazada de inmediato por el gobernador de esa institución, Alejandro Díaz de León, quien advirtió que ese cambio podría ser utilizado por la delincuencia para “lavar” dinero.
Como las acciones desde fuera han fracasado, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación intenta ahora colocar a un “infiltrado”, o más bien una infiltrada, pues se trata de la tesorera de la Federación, Galia Borja Gómez, quien será propuesta al Senado para ser considerada para la subgubernatura del Banco de México, así como para la Junta de Gobierno del mismo.
“A finales de este año se concluye el periodo de un subgobernador y va a ser sustituido, si es ratificada mi propuesta, por Galia Borja”, comentó.
Galia Borja Gómez, actual tesorera de la Federación, es licenciada en Matemáticas por la UNAM, maestra en matemáticas aplicadas por la Universidad Estatal de Nueva York y maestra en economía y política pública por el Tecnológico de Monterrey.
De 2001 a 2007 fue responsable de diversas áreas en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal. En 2008 ingresó a la Tesorería de la Federación, donde ocupó el cargo de directora general adjunta de Ingresos.
En caso ser ratificada por el Senado, sería la segunda mujer subgobernadora de Banxico, junto con Irene Espinosa Cantellano, a quien también sustituyó como tesorera de la Federación.
El sitio que deja Graciela Márquez será ocupado por la actual diputada Tatiana Clouthier, quien fuera coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador y recientemente desechó ser candidata al gobierno de Nuevo León.
Además, el presidente López Obrador anunció que la capitana de altura Ana Laura López Bautista será coordinadora general de Puertos y Marina, en sustitución de Rosa Icela Rodríguez, quien se desempeña como secretaria de Seguridad Pública.
