Y Calderón le jala los bigotes al tigre
Roberto Vizcaíno viernes 19, Feb 2010Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Lo que se ve, reiteran sus críticos, es que Felipe Calderón o no ha entendido que con este tipo de decisiones se convierte en el principal factor de desestabilización e ingobernabilidad de México, o de plano podría confirmar con estos hechos las sospechas de que está buscando por todos los medios darle vida al escenario para dictar el estado de excepción.
Emergencia / Trizas
Hace algunas semanas planteamos en este mismo espacio la preocupación de algunos respecto a la actuación del presidente Felipe Calderón que pudiera incidir en rompimientos del orden social, de la gobernabilidad en el país, y las suspicacias de otros quienes advierten en ello una intención: la de crear un escenario propicio para decretar un estado de excepción.
Eso, dicen, le podría permitir al panista Calderón diferir las elecciones presidenciales del 2012 y alargar su mandato en la búsqueda de impedir el regreso de un presidente priísta a Los Pinos.
Pareciera esto un exceso. Pero cuando uno observa cómo este Presidente toma una y otra vez decisiones que afectan a amplios sectores sociales, entonces no se pueden ya dejar de lado tan fácilmente esas suspicacias de dirigentes políticos y analistas que así lo señalan.
Ya incluso el para nada ingenuo senador priísta Manlio Fabio Beltrones advirtió que el PRI (que hoy cuenta con 19 gobernadores, la mayoría de los diputados federales, de los alcaldes y diputados locales y una parte muy importante de los senadores), impediría cualquier intento de llegar a esa circunstancia.
Todo esto lo rescato porque ayer la muy flaca pero aguerrida bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados apoyada por otros legisladores perredistas se alzaron y tomaron de nuevo la tribuna de San Lázaro.
Lo hicieron en protesta porque en el orden del día no se incluyó el tema de la Controversia Constitucional exigida por ellos respecto de un nuevo reglamento emitido el 6 de enero pasado en Pemex.
Este nuevo reglamento permite a la paraestatal privatizar áreas vitales como son los terrenos donde se localizan yacimientos petroleros al entregarlos a empresas para su explotación y cuando permite realizar convenios con industrias particulares para que estas operen algunos servicios de la paraestatal.
En fin, a juicio de muchos expertos y legisladores este nuevo reglamento permite al régimen de Calderón darle la vuelta al mandato Constitucional de mantener a Pemex lejos del capital privado nacional o extranjero, para hacer exactamente lo contrario.
La toma de la tribuna y la paralización de los trabajos del pleno de los diputados federales se dio, porque a pesar de que desde el 3 de febrero se pidió formalmente poner a votación la procedencia de que la Cámara de Diputados, es decir, la 61 Legislatura en turno interpusiera ante la Suprema Corte de Justicia la Controversia Constitucional respecto de la procedencia o no de este nuevo reglamento, no se hizo.
Los diputados petistas y otros se fueron a la toma en apoyo a que luego de interponer su exigencia de esa controversia, esta fue analizada y redactada junto con el jurídico de la propia Cámara de Diputados, el cual estuvo de acuerdo con su procedencia.
Pese a todo eso ayer no se incluyó en los asuntos del día cuando precisamente ayer jueves vencía el plazo constitucional para interponer esa controversia.
Al final la petición fue rechazada con base a que desde Pemex se les hizo llegar un nuevo reglamento que mantenía las mismas prerrogativas privatizadoras –es decir, que no solucionaba sino que mantenía los mismos puntos que provocaron la toma de tribuna-, y que las bancadas del PAN y el PRI dieron por buenas.
Fue lo que algunos columnistas, analistas y editorialistas califican como mayoriteo. El burdo e irracional uso de la mayoría contra una razón evidente en contra de los intereses de la nación y las mayorías que se oponen a la privatización de Pemex.
Al mismo tiempo se discutía la decisión asumida por un juez que declaró improcedente la huelga que mantiene desde hace 2 años el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia —quien está refugiado en Vancouver, Canadá, debido a una persistente ilegal persecución ejercida en su contra por el gobierno de Felipe Calderón—, debido a una serie de violaciones al contrato colectivo y que mantienen condiciones de inseguridad para los mineros.
En razón de ese muy cuestionable fallo —que el famoso licenciado laboral Nestor de Buen, quien es el abogado del gremio minero afirma es tan improcedente como ilegal—, la empresa Grupo México propiedad Germán Larrea, le exige ahora al gobierno de Calderón use el Ejército para desalojar las instalaciones de la histórica mina de cobre de Cananea.
Ayer, en contrasentido de su actuación en el caso del nuevo reglamento de Pemex, los diputados del PRI decidieron apoyar a los mineros y exigirle al gobierno de Felipe Calderón rectifique su actuación antisindical en contra de los mineros de Cananea.
La bancada tricolor decidió incluso publicar hoy un desplegado de apoyo a los mineros de Cananea y enviar a esa población una importante representación de sus legisladores para establecer una presencia de ese grupo parlamentario ante la posible intervención militar contra los mineros.
Lo que se ve, reiteran sus críticos, es que Felipe Calderón o no ha entendido que con este tipo de decisiones se convierte en el principal factor de desestabilización e ingobernabilidad de México, o de plano podría confirmar con estos hechos las sospechas de que está buscando por todos los medios darle vida al escenario para dictar el estado de excepción.
“Simplemente le está jalando los bigotes al tigre”, afirma un político de larga trayectoria, para simplificar así la idea de que lo que quiere el Presidente es precisamente el rompimiento social a fin de crear las condiciones que se requieren para dictar un estado de excepción.
CAMPAÑAS SUCIAS: En esta misma línea, pero en otro ámbito, es que ayer se intentó de nuevo ensuciar el proceso de selección del candidato priísta a la gubernatura de Sinaloa.
Esto ocurrió con la publicación en una columna política en la que se afirma que el senador tricolor Mario López Valdéz, popularmente conocido como Malova, era investigado por lavado de dinero y el uso de financiamiento para sus empresas proveniente del narcotráfico.
Hace no mucho el otro aspirante real en esa contienda, el no menos popular alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón fue exhibido en la primera página del diario Reforma al lado de alguien que se afirmaba era el Mayo Zambada, uno de los más importantes narcotraficantes mexicanos.
La foto tomada hace unos 25 o 30 años pretendía colocar a Vizcarra como parte del grupo delincuencial de Zambada.
La cuestión es que no era la primera vez que esa foto era usada para golpear mediáticamente al alcalde y no era tampoco la primera vez que se recibía la misma respuesta: Vizcarra estaba ahí porque la foto fue tomada durante una feria de venta de ganado a lo que él se dedicaba y tampoco conocía a los que estaban ahí, incluido el supuesto Mayo Zambada.
Una y otra mención periodísticas al parecer corresponde a una misma intención: echar a pelear a los tricolores al tiempo de descalificarlos ante sus posibles electores.
Y entonces la mirada se dirige hacia el partido contrario, el PAN que casualmente está en Los Pinos y tiene los elementos y recursos para echar a andar este tipo de acciones periodísticas.
El asunto escaló y tuvo que salir la propia Procuraduría General de la República a explicarlo a través de una nota enviada al director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz en la que se afirma:
“Con relación a la información publicada hoy (ayer) en la columna “Serpientes y Escaleras” de Salvador García Soto, y en virtud de que ésta afecta la imagen institucional con información falsa, me permito hacer las siguientes aclaraciones:
“No hay en la Procuraduría General de la República a nivel central o en la Delegación de Sinaloa averiguación previa contra el Sr. Mario López Valdez. Más aún, no hay ninguna indagatoria con el número que aparece mencionado por el columnista.
“Además, no puede existir ningún oficio firmado por el Lic. Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República con fecha 3 de abril, porque en ese momento no ocupaba la titularidad de esta dependencia.
“En mi carácter de Vocero de la PGR, desautorizo el contenido de este documento por considerarlo aprócrifo.
“Ruego a usted, con base en la Ley de Imprenta, publicar esta nota aclaratoria para que no se siga desorientando a la opinión pública “, concluye y firma: Ricardo Célso Nájera Herrera.
¿Otra duda?
