Outsourcing: La 4T destruye al país con recetas bolivarianas
Francisco Rodríguez lunes 16, Nov 2020Índice político
Francisco Rodríguez
En medio del torbellino del desastre económico general, la pandemia sin control, el terrorismo fiscal, las arcas vacías por falta de recaudación, el embate contra la empresa privada, el desempleo galopante, la inflación, las inundaciones provocadas por la soberbia y la ineficiencia, las peores insensateces del bolivianismo se arraigan en un país devastado.
El nuevo sistema político que promueve la Cuarta Decepción se construye en base a la ignorancia, el odio, la intolerancia, el miedo y la depredación de los bienes colectivos. Se pretenden cerrar a presión y con fiereza todas las válvulas de desfogue que aligeran la desesperación, que contribuyen a hacer más llevadera la situación de crisis integral.
En el día mundial contra la violencia sobre las mujeres se anuncia la iniciativa para exterminar el outsourcing -la subcontratación, que da trabajo a millones de ellas-, a 4.6 millones de trabajadores free lance que tienen en el trabajo fuera de nóminas laborales la única posibilidad de supervivencia. Una real y no inventada traición a la patria. Difícilmente se encuentra otra más dañina.
El aparato estatal se lanza contra el outsourcing
Obstaculizar la inversión es traicionar el combate a la pobreza. La negación institucional del outsourcing, aunque en la realidad sea una solución que han ofrecido las circunstancias, es un despropósito que va más allá de cualquier postura ideológica, de cualquier jalada de pelos que pueda producir un régimen atacado de corrupción.
Si a esa posición se aúna que el presupuesto fantasioso de egresos no contempla el dinero para la compra de vacunas, si las distribuidoras de medicamentos que contaban con la refrigeración necesaria para conservarlas fueron desterradas del sector público es imposible pensar un ápice en la solución para empezar la normalidad.
Pero eso sí, un capitán de segundo pelo ha sido escogido como chivo expiatorio para pagar por todos la masacre oficial de Ayotzinapa. Y el gobernador, eso dicen, de Tabasco, el infame Adán Augusto López, dice que la culpa de las inundaciones y de la apertura inesperada de la presa Peñitas, es el neoliberalismo. No tienen fondo. Así es imposible.
Todo huele a revancha política y a capitalización de votos
Nada es culpa del régimen, todo viene desde el pasado. Los de hoy sostienen que son limpios y puros, aunque el video de Pío les haya tapado la boca y haya desenmascarado sus vergüenzas. Pero ésas son aportaciones a la revolución, todo lo demás sí es corrupto y merece penalizarse.
A partir de ya, sólo será autorizada la subcontratación buena a los proveedores de servicios especializados, no importa que incumplan las obligaciones fiscales y laborales, las demás subcontrataciones no procederán, y quien las practique podrá ser sujeto a procedimientos penales, criminalizado a priori, sin que nadie sepa cuáles son los servicios especializados exentos de juicio penal.
Todo huele a revancha política, a capitalización de votos que el “caudillo” espera recibir de todos aquéllos a quienes les permita violar las leyes en nombre de servicios especializados al mercado laboral. Todo queda sujeto nuevamente a la interpretación y al capricho, al resentimiento y al embuste político. Juegan con el desastre del país.
Pero se pusieron el huarache antes de espinarse: ordenaron a la Suprema Corta resolver por unanimidad que es inconstitucional la inhabilitación perpetua o “ muerte civil” a funcionarios públicos acusados de corrupción. Que se haga toda la justicia en las mulas de mi compadre, parecen argumentar. Ellos son los limpios y puros. Para ellos no se hizo la ley.
¿Prohibirán la subcontratación a cargo de Poncho Romo?
Los razonamientos de la élite de mamarrachos son más criminales que descabellados. Y eso es poco decir, lo demás es lo de menos. Porque para lanzar una cruzada contra el outsourcing en estos momentos del país, se necesita tener la boca y la cola limpias.
Para empezar, habría que prohibir la subcontratación en las haciendas tabasqueñas, chiapanecas y yucatecas de Alfonso Romo, el mayor empleador de menores de edad en sus explotaciones del medio ambiente del mundo maya. Justo ahí de donde salen los arbolitos del dizque programa Sembrando Vida, fallido en todos los flancos, mochado hasta la saciedad.
Tendría que prohibirse de inmediato el outsourcing que practican a los ojos de todo el mundo las organizaciones criminales del narcotráfico y de la mamá de El Chapo Guzmán, preferida de este régimen, que reclutan menores de edad para sus ejércitos de informadores y de halcones púberes.
Tendría que exterminarse de súbito la contratación de las grandes empresas hoteleras de los paraísos playeros que obligan a los menores a ser carne de cañón para el turismo sexual de los proxenetas y de los pederastas protegidos por el sistema. Usted sabe, ésas no son sino divisas, indispensables para el desarrollo, ¿no?
Casi todas las empresas que proveen a la 4T usan el outsourcing
Todas las formas de la subcontratación laboral existente son producto de un sistema fracasado para ofrecer empleo en condiciones de justicia social mínima. Empezando por las que utilizan los viejos líderes del charrismo sindical protegidos por su gran coyote, Arturo Alcalde Justiniani, el padre de la Secretaria del Trabajo, una de las cartas escondidas a piedra y lodo para la sucesión presidencial del 2024. Una carta a modo del Tlatoani. Nadie tiene el morro de aventarse esta ocurrencia, salida del catafalco de las revoluciones fracasadas en el continente latinoamericano.
Porque casi todas las empresas fantasmales a las que se les han asignado contratos sin licitación utilizan el sistema de la subcontratación. Pero ésas seguramente serán oficializadas por las “mañaneras” como proveedoras de servicios especializados, y como protegidas contra el brazo corto de esta justicia de contentillo. Son parte del ejército electoral para las elecciones intermedias.
Destrucción del país al servicio de la ambición populista
De inmediato, se tendrá que proteger con el manto de la impunidad las actividades sindicales de Víctor Flores, Carlos Romero Deschamps, Francisco Hernández Juárez, Alfonso Cepeda y toda la pléyade de charros sindicales en las industrias y actividades ilegales afines al sistema que socavan cotidianamente todas las reglas exigibles.
Ferrocarrileros, electricistas, petroleros, maestros, huachicoleros, responsables de la prostitución política, social y financiera en la que se encuentra nuestro bolseado país, la que produce los arrepentimientos hipócritas en favor de la clase obrera y campesina. Todo sea en pro del mensaje electoral para los chairos.
La destrucción del país tiene que estar al servicio de la ambición populista y de los afanes de la perpetuidad en el poder. Todo lo demás será execrable, demoníaco, inútil, penalizable. La empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe, ésa que se queda don toda la inversión del extranjero que no pase sus certificados de limpieza, protegida al máximo. Aunque sea outsourcing.
El único dinero que pasará sin remilgos es aquél que esté destinado a los bolsillos de los patriarcas del régimen corrupto y depredador de los bienes nacionales.
El país sigue la ruta de la destrucción, con apego a los lineamientos del Foro de Sao Paulo y de las insensateces fracasadas en su lugar de origen por los regímenes bolivarianos del Cono sur.
Inaceptable y vergonzoso desde cualquier punto de vista.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: La iniciativa de ley para mejorar regulación de la subcontratación que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea sancionar como evasión fiscal calificada, que se castiga hasta con nueve años de prisión, a las empresas que facturen operaciones simuladas a través de la prestación de servicios. De acuerdo con la iniciativa, que difundió Presidencia, se propone establecer en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que la conducta consistente en usar esquemas simulados de prestadores de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o realizar subcontratación de personal constituyen calificativas de la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
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