Un fallo esperado: Pío, declarado inocente
Miguel Ángel Rivera martes 10, Nov 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ayer tuvimos dos ejemplos del esfuerzo del gobierno de la llamada Cuarta Transformación por cumplir su promesa de combatir la corrupción “sin importar quién resulte sancionado.
Por una parte, la muchas veces inflexible Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular es el implacable fiscal Santiago Nieto Castillo, determinó que no hay delito qué perseguir en el escandaloso caso de los videos en donde Pío López Obrador aparece recibiendo importantes cantidades de dinero en efectivo de parte del asesor del anterior gobierno de Chiapas, David León Romero.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció haber inhabilitado por 10 años e impuesto multas de casi 20 millones de pesos a cada uno, a la ex secretaria de Cultura de la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda, y a dos de sus principales colaboradores por haber ocasionado un daño al erario al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos para el proyecto “Museo de Museos” que nunca se concretó.
Al parecer, para medir el impacto que tendría en la opinión pública, desde el pasado fin de semana empezaron a circular filtraciones en el sentido de que Pío López Obrador sería declarado libre de toda culpa.
La versión se hizo oficial ayer cuando la mencionada (UIF) informó oficialmente: “No hallamos nada contra Pío López Obrador”
“Lo he platicado con el Presidente, hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo”, señaló el otras veces inflexible Santiago Nieto.
De acuerdo con el reporte oficial, se revisaron los antecedentes financieros de Pío durante un periodo de siete años. La implacable UIF rastreó durante ese lapso sus bienes, recursos y manejo de dinero, sin encontrar ninguna anomalía en el sistema financiero que vincule al hermano del Presidente con el manejo de recursos ilícitos o de origen inexplicable.
El reporte agrega que, de cualquier forma, el resultado de esas pesquisas se pondría a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sorprende que no se involucre en las averiguaciones a Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer los escandalosos videos donde se aprecia la entrega de las cuantiosas cantidades remesas, la primera impresión es que dinero estaba destinado a contribuir al financiamiento de la campaña de Morena en las elecciones presidenciales de 2018 y esas aportaciones de procedencia desconocida son consideradas delitos electorales.
Tal vez la idea de no involucrar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es para evitar suspicacias, pues el abogado que está al frente de la misma, José Agustín Ortiz Pinchetti ha tenido desde hace muchos años una estrecha vinculación con el hermano de Pío, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue secretario general de Gobierno cuando el tabasqueño conquistó el gobierno del entonces Distrito Federal, hace ya 20 años.
Seguramente la intención era demostrar que no había ninguna deferencia para Pío por ser hermano del Presidente de la República. De hecho, el primer mandatario, luego de conocerse los escandalosos videos, declaró: “Si un familiar mío comete un delito, debe de ser castigado”.
A final de cuentas, el único afectado fue David León, quien al arranque del actual gobierno federal cumplió una excelente labor como responsable de Protección Civil, tanto que le valió recibir la encomienda de poner en marcha uno de los programas estelares del presidente López Obrador: el organismo de nueva creación que se encargaría de la distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos a todo el país.
León Romero se quedó sin empleo, pues renunció a la distribuidora de medicamentos para que procedieran las investigaciones que finalmente lo declararon inocente.
Inhabilitación y multa millonaria a la ex secretaria de Cultura
Supuestamente por no haber cumplido al autorizar una inversión cercana a los 60 millones de pesos y no comprobar que se hiciera la obra, la ex titular de la Secretaría de Cultura durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Ceda, así como los que fueran oficial mayor, Francisco Cornejo, y directora general de administración, María Eugenia Araizaga, fueron condenados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y, lo más severo, al pago de multas de casi veinte millones de pesos, cada uno.
La SFP, a cargo de la implacable (contra funcionarios de anteriores administraciones y contra medios de comunicación) Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, determinó tales sanciones “por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto Museo de Museos que nunca se concretó”.
En un comunicado, la dependencia encargada de combatir todo indicio de ilegalidad y de corrupción en el gobierno, explicó que esta decisión se tomó luego de que las indagatorias, se comprobó que los ex funcionarios autorizaron donativos por más de 59 millones de pesos sin ni siquiera contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado donde se pretendía realizar el proyecto Museo de Museos.
El documento precisa que el primer donativo se entregó en 2017 por 50 millones de pesos y otro más en julio de 2018 por nueve millones 313 mil 461 pesos y añade que “desde el inicio de esta administración, el Órgano Interno de Control (OIC) se abocó a la investigación, para la cual también practicó una auditoría, brindando siempre a los involucrados todas las garantías para su defensa y resolviendo que no cumplieron con las responsabilidades inherentes a su encargo, lo que es sancionado por el Artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.
El texto de la SFP destaca una proclama acerca del combate a la corrupción:
“La Función Pública hace honor a su nombre, estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de recursos públicos durante el régimen neoliberal. Asumimos nuestra responsabilidad como garantes de que el erario verdaderamente se destine a brindar resultados a la población.
“A diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, nosotros no permitimos que queden impunes los abusos del servicio público, nos esforzamos por sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerla de arriba hacia abajo”, expresó.
La ex secretaria sancionada, García Cepeda, asumió el cargo tras la muerte de Rafael Tovar y de Teresa. Antes se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) -hoy Secretaría de Cultura- y secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).
La dependencia también insistió en que la corrupción se barre desde arriba hacia abajo, pero la verdad es que entre los 1,881 funcionarios sancionados de septiembre de 2019 a junio del presente año -según cifras del segundo informe presidencial- no aparece ningún funcionario de alto nivel.
Justo es reconocer asimismo que son pocas las denuncias contra altos funcionarios. En ese exiguo listado destacan el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett, por supuesta acumulación de bienes inmuebles y el subsecretario para América del Norte y negociador del T-MEC, Jesús Seade, por aparente uso de recursos públicos para costear viajes privados.
Los dos fueron exonerados, como también la propia titular de la SFP, Sandoval Ballesteros, señalada por tener varias propiedades que ella justificó como donaciones familiares.
Por otra parte, a pesar de las múltiples críticas que ha recibido por no haberse sumado a los muchos mandatarios de otras naciones que ya felicitaron al virtual presidente electo de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, el presidente López Obrador reafirmó que es atinada su decisión de mantenerse en reserva.
“Quiero dejar de manifiesto que, en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de esa nación encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia”, remató.
