Proponen 10 años de cárcel a dueños de hospitales abusivos
Luis Muñoz jueves 5, Nov 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
La propuesta del diputado Eleazar Rubio Aldarán, de sancionar a los hospitales privados que incrementan de manera abusiva sus precios ante la emergencia sanitaria, parece una buena idea, pero…
El problema está en que a la Procuraduría Federal del Consumidor no le van a alcanzar sus inspectores para verificar qué no estén abusando de quienes tienen necesidad de ser atendidos en esos lugares.
Muchos consideran que la atención a los contagiados por Covid-19 o cualquier otra enfermedad es mejor que en los del sector público.
El diputado Rubio Aldarán dice que la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ha sido utilizada por algunos hospitales privados para cobrar precios exorbitantes en sus servicios.
Aquí el problema no es para quienes pueden pagar ese tipo de servicio médico sino para aquellos cuyos recursos son limitados.
Ante esta situación, Rubio Aldarán considera que la Profeco debe intensificar las verificaciones a los establecimientos de salud privados que incurran en irregularidades en la atención a pacientes con Covid-19 y en caso de detectar abusos en sus precios se inicie el procedimiento para sancionarlos”.
Si bien es cierto que se trata de hospitales privados, también lo es que en emergencias sanitarias se deben establecer políticas públicas que protejan a la ciudadanía.
Agrega que es necesario prevenir este tipo de conductas cada vez más recurrentes, con la creación de un tipo penal que atienda esta problemática que vive la sociedad en esta ciudad.
Para ello, se propone sancionar hasta con 10 años de prisión a los directores, encargados o administradores de cualquier hospital -público o privado-, donde se preste atención médica con precios abusivos.
Deben frenar fiestas en la CDMX, ¡ya!
Es urgente evitar que continúen los contagios de Covid-19 en la capital del país, pero todo queda en un desesperado llamado al que las autoridades no han querido hacer caso.
Este martes se solicitó al Invea (Instituto de Verificación Administrativa)
intensificar inspecciones a los establecimientos mercantiles con giro de restaurantes ubicados en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez y, en caso de incumplir con las medidas de sanidad establecidas, se emitan las sanciones correspondientes.
El objetivo es evitar al máximo la propagación del coronavirus, como señaló la diputada Leticia Varela, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de esas demarcaciones, Manuel Negrete y Santiago Taboada, respectivamente, a que implementen las acciones necesarias para impedir que se sigan llevando a cabo reuniones en casas particulares y en algunos restaurantes que se encuentran en las demarcaciones territoriales y que no respetan el límite de asistencia permitido por las autoridades.
En la propuesta turnada a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales para su análisis y dictaminación, la legisladora denunció que pese a la implementación de las medidas establecidas por el gobierno central para el resguardo de los habitantes de cada alcaldía, “se han recibido varias denuncias de vecinos que refieren que se organizan fiestas tanto en domicilios particulares como en algunos restaurantes, sin respetar el porcentaje de asistentes establecido, ni la sana distancia, es decir, no se está respetando las restricciones establecidas”.
Licencia laboral por violencia de género
Para garantizar los derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género, la diputada Paula Soto Maldonado, presentó la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 165 y se adiciona el artículo 168 bis, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia laboral por violencia contra las mujeres.
Durante la presentación de la iniciativa, Soto explicó que las mujeres víctimas de violencia que han sido acreedoras a determinadas medidas de protección para salvaguardar su integridad y la de sus hijas e hijos, se ven orilladas en muchos casos a dejar sus empleos, debido al tiempo que les demanda la solución de su conflicto y la atención de sus circunstancias actuales.
Agregó que “conciliar las labores de cuidado incluyendo el propio, con los deberes laborales y además correr por sus vidas, se vuelve irrealizable en muchos de los casos, sobre todo cuando no cuentan con el apoyo y comprensión de su lugares de trabajo”.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 59.4% de las mujeres declaró haber sufrido diferentes tipos de violencia en su última unión sentimental, por lo que se estima que al año, cada mujer perdió treinta días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia, lo que representa un monto varios millones de pesos.
La diputada Soto, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, dijo que, por desgracia, estas faltas llegan a ser consideradas como motivo de despido por parte de las personas empleadoras, agravando aún más la situación de las mujeres víctimas de violencia, quienes al quedarse sin ese ingreso económico, alejarse de su agresor o su ambiente violento, es más difícil.
