Viene nueva serie, ahora con Emilio Zebadúa
Miguel Ángel Rivera martes 3, Nov 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ahora que están de moda las series televisivas acerca de capos del narcotráfico y los errores o presuntos delitos de funcionarios de diversos países, se puede anunciar que viene la secuela de Emilio Lozoya contra el ex presidente Enrique Peña Nieto.
En esta nueva temporada el personaje central será Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), mano derecha de la ahora encarcelada Rosario Robles Berlanga, cuando ella fue titular de esas dependencias.
El marco de esta nueva serie es la llamada “Estafa maestra”, un supuesto plan de transferencia de recursos del gobierno federal al PRI para financiar campañas electorales. El monto del dinero en juego es muy elevado, aunque no tanto como en Pemex, en donde todo aumenta porque las operaciones son en dólares. De cualquier forma, la acusación contra Robles y Zebadúa implica mucho dinero: alrededor de cinco mil millones de pesos.
Acusado como presunto cómplice en esas operaciones ilegales, Zebadúa parece haber decidido seguir el mismo camino de su tocayo Emilio Lozoya: convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República para dar constancia de los malos manejos de la encarcelada Rosa Robles y de otros funcionarios de alto nivel, que tentativamente podrían llegar al ex presidente Peña Nieto.
Zebadúa se hizo figura pública como miembro el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) al que le correspondió supervisar las elecciones de la alternancia, en el año 2000, cuando la Presidencia de la República recayó en el candidato del PAN Vicente Fox Quesada.
Luego pasó al gobierno, como secretario de Gobierno de Chiapas, de 2001 a 2003, cargo que dejó para ser postulado y electo diputado federal por el PRD, partido del cual fue presidenta nacional Rosario Robles.
En pretendió ser candidato del partido del sol azteca al gobierno de Chiapas, pero en el proceso interno fue superado por el ex priista Juan Sabines Guerrero, quien había sido presidente municipal de la capital, Tuxtla Gutiérrez, por lo cual renunció al PRD y aceptó la candidatura por el desaparecido Partido Nueva Alianza, a la cual renunció para fortalecer la llamada Alianza por Chiapas, que postuló a José Antonio Aguilar Bodegas, quien finalmente fue superado por Sabines.
Posteriormente fue nombrado presidente de la Fundación SNTE, hasta que Rosario Robles, que se había incorporado al gobierno del priista Peña Nieto, lo llamó a colaborar como oficial mayor en la desaparecida Sedesol, ahora Bienestar
Desde esta posición es donde se supone que empezaron los desvíos de recursos oficiales. Como Oficial Mayor, Zebadúa es señalado como uno de los responsables de autorizar la transferencia de recursos hacia decenas de universidades públicas y de suscribir convenios con ellas para contratar a terceras empresas que cobraron, pero no hicieron los trabajos para los que supuestamente fueron contratadas. Al parecer, el mecanismo siguió vigente cuando Robles y Zebadúa pasaron a la Semarnat.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la FGR calcularon que mediante ese esquema se produjo un daño al patrimonio de México por al menos 5 mil 73 millones de pesos.
La Fiscalía y el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna -el mismo que decidió encarcelar a Robles- confirmaron la participación de Zebadúa en el desvío de recursos públicos, pero hasta ahora no ha sido consignado ante un juez por supuestas fallas en los procedimientos, como el no informarle oportunamente que estaba sujeto a investigación.
En estas circunstancias es donde al parecer Zebadúa y sus abogados decidieron que era preferible acogerse a la figura de testigo protegido. Al parecer convenció a las autoridades al revelar que tiene elementos para demostrar el desvío de recursos, pero sobre todo estar en condiciones de involucrar no sólo a su ex jefa Rosario Robles, sino a otros altos funcionarios e inclusive al ex presidente Peña Nieto.
Según versiones aparecidas en medios de comunicación y atribuidas a fuentes del gobierno federal, el ex funcionario acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el criterio de oportunidad.
Este recurso consiste en colaborar con las investigaciones a cambio de inmunidad penal. Como parte de su negociación para obtener este beneficio, presuntamente Zebadúa reveló que Robles fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales.
La propuesta de Zebadúa se dio una semana después de que Robles Berlanga acusó a la FGR de inducirla a señalar a “ex colegas” de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado para recuperar su libertad bajo la figura de testigo protegido.
Al parecer, mediante una carta escrita a mano y publicada en su cuenta de Twitter, Robles Berlanga afirmó tener información “de fuentes al interior de la FGR” que se han reunido con ex colaboradores para ofrecerles impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.
No es separación, pero no quieren recortes a sus presupuestos
En conjunto y por separado, los diez gobernadores disidentes que integran la llamada Alianza Federalista han afirmado en diversas ocasiones que no pretenden separarse al federación, que lo único que persiguen es una mejor distribución de los recursos federales.
Además, ahora que estamos en la parte final del proceso para definir la forma como se asignará el presupuesto federal, los mandatarios solicitaron al gobierno federal que en 2021 ningún estado reciba menos recursos, en términos reales, que los recibidos este año.
En carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios destacaron el impacto de la pandemia de Covid-19 a la economía mexicana, por lo cual reafirmaron su preocupación por la propuesta del Ejecutivo Federal de reducir para el próximo año las asignaciones a las entidades federativas, en materia de infraestructura, seguridad, salud, participaciones y aportaciones.
La autodenominada Alianza Federalista propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador posponer la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal y sugirió concentrarse en este momento en el presupuesto 2021, “donde nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en 2020”.
Mediante una carta signada por los 10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista, propusieron que la discusión en torno al presupuesto se realice bajo los siguientes lineamientos: 1, hacer la distribución geográfica de recursos pendientes (Insabi, SCT, etc.); 2, garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados; 3, generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la recaudación federal participable, con los remanentes de operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021; 4, creación del Fondo para atención de emergencia sanitaria Covid-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por la pandemia que recayeron en las finanzas estatales en 2020 y que la pandemia seguirá teniendo en 2021.
Los diez gobernadores afiliados a la alianza, que previamente renunciaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) son: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León; Miguel Riquelme, Coahuila; José Rosas Aispuro, Durango; Silvano Aureoles, Michoacán; José Ignacio Peralta, Colima; Enrique Alfaro, Jalisco; Martín Orozco, Aguascalientes; Javier Corral, Chihuahua, y Diego Sinhue Rodríguez, Guanajuato.
Hace unos días el presidente López Obrador respondió a los gobernadores disidentes López Obrador que su reclamo de recursos es infundado y negó que haya recortes presupuestales a los estados. Además, explicó que existe una fórmula de distribución de fondos que no es caprichosa, sino de orden constitucional, que contempla población, pobreza y otros parámetros.
“Explico esto para que no haya manipulación”, dijo, para luego insistir en que modificar dicha fórmula implicaría una reforma constitucional. También aseguró que su política de austeridad no afecta a los estados, pues sólo se aplica a los presupuestos federales.
