Outsourcing, sigue el debate. ¿Se regula o desaparece?
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 2, Nov 2020Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- Subcontratación apegada a derecho, exigen legisladores
“Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores…”, dijo la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la subcontratación laboral, figura jurídica mejor conocida como outsourcing.
Aunque polémico, entre la opinión pública, el tema no es nuevo, pero expuesto en las conferencias mañaneras, sin duda, se mete con más fuerza en las mesas de análisis y discusiones de los expertos en la materia, donde unos piden que ese esquema de contratación laboral desaparezca y otros se inclinan por una regulación mediante un marco de obligaciones legales en materia de seguridad social para los trabajadores y de deberes fiscales en beneficio de las finanzas públicas.
En ese contexto, bajo el esquema de parlamento abierto, legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo, académicos, profesionistas, organismos sindicales y grupos empresariales, han alcanzado consensos sobre la necesidad de establecer mecanismos legislativos que doten de herramientas suficientes a las diversas autoridades para erradicar la subcontratación ilegal, fortaleciendo en contrapartida la subcontratación legal y estableciendo con claridad en la Ley Federal del Trabajo las condiciones para la existencia de que esta práctica se apegue a derecho.
El eje central de las discusiones en comisiones y mesas de trabajo legislativas giraron en torno al fortalecimiento de los derechos de los trabajadores bajo ese régimen de subcontratos que hasta ahora han sido utilizados para explotar casi 5 millones de trabajadores adscritos a empresas que, en su gran mayoría, no cuentan con los mínimos datos fiscales, de ahí que esta actividad económica también se utilice como una forma de evadir al fisco.
A inicio del presente año en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se contaba con los respectivos dictámenes en los que se regulaba la subcontratación laboral, quedando de manera explícita el derecho de los trabajadores a la seguridad social y a las prestaciones consagradas en la legislación laboral. Sin embargo, ante la reacción adversa del sector empresarial al dictamen que la Comisión de Trabajo en el Senado de la República había aprobado de manera unánime, la Junta de Coordinación Política decidió convocar a un “Grupo de Alto Nivel” que conciliara las posiciones adversas.
El dictamen referido define con toda precisión, en la reforma al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, la figura de subcontratación legal y se establece, con igual claridad, cuándo se convierte en un régimen ilegal, ya que no deja a interpretaciones la determinación de la subcontratación permitida por la ley. Sobre todo, porque se salvaguardan los derechos de los trabajadores (seguridad social, antigüedad, prestaciones sociales, reparto de utilidades (PTU), seguridad en el empleo y libre sindicación), y se desincentivan prácticas viciadas que se traducen en la utilización de empresas fachada para la defraudación fiscal y hasta lavado de dinero.
Contrariamente, con las modificaciones que se pretendieron introducir al dictamen de la Comisión de Trabajo del Senado, como resoluciones del llamado “Grupo de Alto Nivel”, no sólo se permitiría que siga funcionando el outsourcing ilegal que tanto daño ha causado al país, sino más grave aún, se legalizaría, en detrimento de los derechos más elementales de los trabajadores y del erario público. Lo más peligroso es que los cambios propuestos por ese grupo coinciden extrañamente con las propuestas del Grupo GIN, señalado como el mayor subcontratista ilegal de México.
Desde la cámara baja se ha insistido en que una reforma en materia de subcontratación debe necesariamente salvaguardar los derechos de los trabajadores, que son el eslabón más débil de ese régimen laboral rapaz. Por eso se pretende reformar los artículos 12, 13 y 14 y particularmente el artículo 15-A de la Ley Federal de Trabajo, para definir ahí la subcontratación laboral y erradicar otros términos que no son sinónimos, sino conceptos totalmente distintos, como tercerización, intermediarismo, externalización y el anglicismo de outsourcing.
Con base en todo lo anterior, en el mes de marzo del presente año, desde San Lázaro se hizo un llamado a la cámara alta, para dar cause legislativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, en el sentido de cumplir con su presentación al Pleno de esa Cámara, ya que sería un grave error avalar cualquier cambio que pudiera aprovecharse para dejar una puerta abierta que permita la subcontratación ilegal, la cual daña al país y a las y los trabajadores. Que conste.
VA MI RESTO.- A propósito del poder legislativo, dos apuntes: El diputado federal Isaías González Cuevas fue el primer legislador en presentar una iniciativa sobre el tema de la regularización de la subcontratación en el sector laboral y ello ocurrió en octubre del año pasado.
Y destacar que en la LXIV legislatura, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, sigue llamando la atención una nueva modalidad de consulta legislativa respecto a algunos temas del interés nacional, acción conocida como Parlamento Abierto. Bajo ese esquema, en la cámara alta han transitado ejercicios de consulta para las reformas a la ley Laboral y en la colegisladora salieron avantes la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y últimamente el tema de los fideicomisos, y hasta ahí porque como veo doy.
