De aquí y de allá
Freddy Sánchez jueves 22, Oct 2020Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Cierto o falso: el gobierno actual en la lucha contra la corrupción ha pecado de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. O más bien al revés.
Quizás ambas cosas un poco.
Y es que ni modo de salir en defensa de administraciones burocráticas del pasado, afirmando que las imputaciones hechas por Andrés Manuel, acerca de conductas inmorales entre múltiples funcionarios de sexenios anteriores, no corresponden a la realidad.
Eso, más que ingenuo, sería francamente mentiroso.
Porque sobran motivos para darle al Presidente la razón en cuanto a lo que denuncia de un pasado corrupto, que de distintas maneras se dedicó a hacer negocios turbios que redituaron ganancias millonarias a personajes de la política y los negocios. Dupla de miserables descaradamente asociados para enriquecerse hasta el hartazgo.
El caso Cienfuegos y las denuncias hechas por Lozoya, además de otras acusaciones formuladas para dar cuenta de supuestas conductas deshonestas en el ejercicio de la administración pública durante los mandatos presidenciales de al menos los últimos cinco ex presidentes, hacen más que indispensable prestar atención a las sospechas habidas y por haber con respecto a la corrupción de la que se habla.
Y en la que, indiscutiblemente, hay que poner bajo “la lupa” lo que haya sucedido en los fideicomisos desde su constitución hasta que por la “oleada legislativa” de Morena, llegó a su fin una era, en apariencia, colmada de un sinnúmero de corruptelas.
Así lo dijo el Presidente y lo reiteró el líder de los morenistas en la cámara baja (Mario Delgado en aquel momento) al justificarse la firme e irreversible voluntad presidencial para que por mandato de ley se suprimiera la continuación operativa de 106 fideicomisos.
Un asunto legislativo que provocó reacciones coléricas de beneficiarios de dichos fideicomisos, legisladores de la oposición, representantes sociales y muchas otras voces a las que el gobierno intentó apaciguar con la afirmación de que lo apoyos de esos fideicomisos se mantendrían vigentes, porque sólo se trataba de eliminar aparatos administrativos inmersos en manejos de corrupción.
Y como era natural, no faltaron las suspicacias de que el aparato oficial cumpliera realmente su palabra, además de criticarse el hecho de anular todos los organismos de un plumazo, en vez de haber procedido previamente a una indagatoria unitaria para no generalizar las imputaciones y en su caso, probadas las irregularidades, haber denunciado penalmente a los presuntos responsables.
Porque, si de actuar por meras sospechas se tratara o bien a partir de conocer una insinuación de posibles conductas deshonestas de los servidores públicos, debieran aplicarse medidas correctivas sin miramiento alguno, igual se debería haber procedido al cierre de distintas oficinas gubernamentales de la presente administración federal, bajo sospecha de haber sido “tocadas” por pillerías de distinta índole.
Como sucedió con las denuncias referentes a compras aparentemente irregulares en el sector médico oficial, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (después de que algunos presuntos malandrines se robaron parte de lo devuelto) y lo mismo en otras áreas del sector central y las paraestatales, cuyos titulares en ciertos casos han sido señalados de estar actuando deshonestamente.
En ese tenor entonces, lo que se critica es que tratándose de supuestos actos corruptos de administraciones anteriores, el gobierno en turno actúa con suma diligencia al recurrir de inmediato a tildar de arrufianada una oficina sin tener pruebas plenas de conductas indebidas ni mucho menos habiendo procedido a poner a disposición de las autoridades competentes a los presuntamente deshonestos burócratas.
De ahí la importancia de otorgar al pasado y el presente el beneficio de la duda, pero pensando que en cuestiones de corrupción los malos hábitos ocurridos en el tiempo lo mismo pueden ser de aquí que de allá.
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