Robos al alza en cajeros por falta de coordinación entre autoridades y bancos
Luis Muñoz jueves 15, Oct 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
Los robos en cajeros automáticos del sistema bancario aumentan día con día, ante la impotencia de las autoridades que no logran desarticular a las bandas que, hasta ahora, operan con absoluta impunidad.
Por eso es importante establecer legalmente una coordinación entre autoridades y bancos -como lo plantea la iniciativa que presentó este martes el diputado Nazario Norberto Sánchez al Congreso de la Unión-, para proteger a los usuarios.
La finalidad es implementar una política pública que prevenga fraudes o robos a los clientes de las instituciones bancarias, señaló el legislador, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México.
Explicó que el modus operandi de estos delincuentes es capturar los números de tarjetas de débito o crédito a través de dispositivos y cámaras que se implantan y permiten, incluso, videograbar la contraseña para obtener acceso a la cuenta bancaria sin que el tarjetahabiente se entere de inmediato, sino horas después.
En la exposición de motivos dijo que se adiciona una fracción 25 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de “formular y ejecutar las políticas, programas y acciones en conjunto con las instituciones de crédito para prevenir la comisión de delitos en materia bancaria, bursátil y financiera”.
Además se adiciona un tercer párrafo al Artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito para que “en coordinación con la SSPC verifiquen e inspeccionen de manera diaria los cajeros automáticos, con el propósito de prevenir delitos en esta materia.”
Sánchez lamentó que todos, o la mayoría, “hemos sido víctimas de delitos que tienen como base el uso de las tecnologías de la información y comunicación”, situación que se incrementa año con año.
Como dato, dijo que sólo en junio de este año la Secretaría de Seguridad detuvo a tres personas en Gustavo A. Madero, que colocaban “trampas” en los cajeros automáticos para retener tarjetas, recogerlas y sacar el dinero. Y esto se replica todos los días en la CDMX y en el país.La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública local y a la de Normatividad y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen.
Falta un Centro de Justicia Alternativa
La Constitución Política de la Ciudad de México da una amplia gama de posibilidades para que la mediación sea la forma alternativa de resolución de controversias o de conflictos y como Congreso “tenemos que incorporarlas a nuestra legislación secundaria”.
Luego de señalar lo anterior, el diputado Ricardo Ruiz Suárez, dijo que el objetivo de la iniciativa que presentó es con el objetivo de armonizar la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia local con lo que establece la Constitución Política capitalina.Advirtió que se requiere contar con un Centro de Justicia Alternativa como un órgano desconcertado del Tribunal, que tenga autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión.
También se plantea dejar claras las competencias de este órgano ya que, advirtió, la Constitución establece que el CJA tendrá atribuciones para facilitar la mediación como mecanismo de solución de controversias civiles, mercantiles, familiares, penales cuando no se trate de delitos graves.
Ruíz Suárez dijo que al no judicializar todos los asuntos que llegan a tribunales, se evita el gran rezago que ya existe y que se ha incrementado con el actual escenario que nos plantea la contingencia sanitaria.
Sostuvo que no hay manera de resolver este rezago a través de los medios tradicionales que, además, implica gran una cantidad de recursos económicos, por lo que se requiere implantar fórmulas que permitan dar solución a algunos de los problemas que enfrenta el Poder Judicial.
No deben quedar sin servicio medico
Eso es lo que pretende la diputada Margarita Saldaña Hernández, quien busca que las personas que se quedaron sin empleo por la pandemia, mantengan los servicios médicos que ofrece el IMSS, como derechohabientes
y no queden desprotegidos ellos y sus familiares.
Por esta razón, comentó que “es necesario actuar, apoyando a aquellos que perdieron su empleo y además quedaron desprotegidos para recibir los servicios médicos básicos. Esta propuesta de iniciativa plantea reformar la Ley del Seguro Social para que la gente derechohabiente sin empleo siga con la atención ocho semanas más”.
Esto, actualmente lo dispone el artículo 109 del citado ordenamiento legal, pero no se respeta, sino que se ha aplazado por el Estado para no generar “gastos extra”. Saldaña dijo que ese dinero ya esta previamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el entendido de que son de ocurrencia emergente.
