Muy costoso capacitar a funcionarios; por tres, pagaron 19 millones de dólares
Miguel Ángel Rivera miércoles 14, Oct 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si de verdad el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a encarcelar a sus antecesores ya tiene elementos para hacerlo, sin necesidad de recurrir a una consulta popular.
Esta posibilidad surge de una denuncia del propio primer mandatario, quien reveló que, dos días antes de concluir el mandato de su odiado rival, entonces del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, se firmó un contrato del gobierno con “una empresa vinculada” al entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, para capacitar a funcionarios.
Obviamente se trata de una operación fraudulenta, pues a dos días de entregar el gobierno difícilmente se puede pensar en la capacitación de funcionarios o trabajadores. En todo caso, esa responsabilidad le corresponde al gobierno entrante para tener listos a los nuevos cuadros que presumiblemente estarán en funciones durante seis años.
Lo peor del caso denunciado por López Obrador es que el convenio es para capacitar a sólo tres funcionarios y lo que resulta de escándalo es el precio convenido: 19 millones de dólares. De esa cifra, el gobierno aún debe seis millones de dólares, detalló el primer mandatario.
Sobre esto último seguramente hay otras irregularidades no mencionadas por el Jefe del Ejecutivo, pues han transcurrido ya ocho años y no se ha podido pagar una deuda que, en condiciones normales y a intereses corrientes en los mercados financieros, ya debería estar totalmente saldada.
El Presidente no reveló el nombre de la empresa ni la dependencia con la que se firmó el contrato, pero si de hacer justicia se tratara, tanto los funcionarios responsables -así fuera el ex presidente Calderón- como los directivos de la empresa beneficiada ya deberían estar bajo proceso o al menos consignados ante algún juez. Pero la justicia marcha lento, pues según el mandatario recién fue informado de este escandaloso contrato por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
El problema es que en vez de estarse litigando ante un juez, el presidente López Obrador se limitó a utilizar este abuso para justificar la decisión de su gobierno de desaparecer -con el respaldo de sus legisladores federales- 109 fideicomisos, en los cuales había “mucho derroche y corrupción”, según el mandatario.
López Obrador anunció que se presentará una denuncia por ese costoso curso de capacitación para sólo tres personas y con duración de apenas hora y media, pero aprovechó para insistir en la necesidad de evaluar el trabajo de los fideicomisos, pues quién sabe lo que se va a encontrar.
También utilizó el momento para defender a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a quien se le asignó la tarea de informar acerca de los fideicomisos y que por lo mismo es objeto de los embates de un medio de comunicación que la quiere desacreditar.
Y, ya encarrerado, el primer mandatario salió en defensa de su vocero y encargado de la lucha contra la pandemia de Covid 19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien un día antes fue zarandeado por la oposición durante su comparecencia ante comisiones del Senado, al grado que la sesión tuvo que ser suspendida.
“Están muy molestos, muy enojados cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados de todo esto; siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios”, dijo López Obrador.
El mandatario aseguró que a pesar de la desaparición de los fideicomisos, su gobierno entregará lo que es justo, pues si se está entregando una beca a un cineasta, a un artista, un escritor, un investigador, se le tiene que seguir entregando de manera directa.
Pero también advirtió, se va a revisar “cuántos recursos no tienen ese propósito, si no son transferencia a grandes empresas o subsidios a grandes empresas, supuestamente en el caso de ciencia y de la tecnología para apoyar el desarrollo del país. Tenemos que revisar todo esto y aquí lo vamos a exponer”.
No fijó fecha para que se presente la denuncia por el caso de la capacitación express de alto costo.
El INE no quería participar en las elecciones de Morena
Mientras el ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, insistía en proclamarse “legítimo” dirigente nacional de su partido, Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las fechas y las casas especializadas para levantar la segunda vuelta de las encuestas que deben señalar, ahora sí, en definitiva, al frente de esa organización creada por el presidente López Obrador.
Las encuestas se realizarán del 16 al 22 del presente mes y las empresas responsables del sondeo serán Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia 2.0, las cuales fueron elegidas mediante insaculación (sorteo). El ganador se dará a conocer el 24 de octubre.
Al darse a conocer lo anterior, los consejeros electorales volvieron a dejar en claro que ellos “jamás” quisieron participar en este conflictivo proceso de elección de nuevos dirigentes del partido en el gobierno, pero que tuvieron que responder a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la máxima autoridad en la materia.
El presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, estimó pertinente “reconstruir la historia que nos tiene aquí reunidos” y enlistó los desacatos del partido que llevaron al Tribunal Electoral a ordenarle al INE renovar la dirigencia del partido a través de una encuesta, pese a que el instituto “no tiene entre sus competencias ni en sus capacidades técnicas la realización de encuestas”.
En respuesta a las críticas por el empate técnico declarado luego de la primera ronda de sondeos, explicó nuevamente que “se trata de encuestas, no de ejercicios que recopilan votos, quien piense que aquí se está hablando de votos, simple y sencillamente no está entendiendo el procedimiento que nos mandató el tribunal”.
También precisó que en la primera encuesta solo se preguntó a los simpatizantes del Morena si conocían a los aspirantes, lo que no implicaba una preferencia; por lo que los resultados de la encuesta de reconocimiento y la abierta resultan distintos.
El consejero Ciro Murayama sostuvo que “el INE jamás quiso participar en la renovación de la presidencia de Morena”, pero tuvo que acatar una sentencia del TEPJF “y frente a eso teníamos el desacato al Poder Judicial o el actuar dentro de nuestro mandato constitucional y eso hicimos y lo haremos siempre, cumplir las sentencias, aunque no las compartamos, aunque sean acatables legalmente, pero incuestionables”.
Ante las quejas de quienes sostenían que los números no coincidían con sus mediciones, Murayama explicó que el sondeo “arrojó resultados que a algunos en efecto les sorprendieron porque la respuesta de la población no refleja lo que alguien cree que son sus redes sociales, o sus circuitos cercanos, o su espejo político. Aquí se salió a población abierta”.
El también consejero Uuc-kib Espadas agregó que “una encuesta es un instrumento inadecuado para seleccionar a los dirigentes de un partido nacional” pero esa fue la orden de las y los magistrados de la Sala Superior, además de que el INE habría preferido que no se llegara a una tercera encuesta, pues “para nosotros lo más fácil para salir del problema, habría sido tener un presidente en la primera”.
Luego de las aclaraciones, la consejera Carla Humphrey propuso que dentro de la metodología se estableciera que las empresas debían entrevistar al mismo número de hombres y mujeres, lo cual fue rechazado por sus compañeros.
En la doble y difícil tarea de revitalizar a su propio instituto político y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que su partido ha presidido durante la mayor parte de su existencia, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó el documento “Consenso COPPPAL 2020”, en el que se contemplan diez líneas de acción en la ruta de trabajo para el organismo en los años por venir.
Entre los objetivos de esa alianza están el tratar de lograr que el poder se ejerza de manera democrática; plantear un modelo de desarrollo sostenible que priorice al ser humano y al medio ambiente, así como fomentar el empleo, proteger a la pequeña y mediana empresas; impulsar la universalidad de la seguridad social, la salud y la educación.
