La 4T les niega acceso a un presupuesto directo a las comunidades indígenas
Luis Muñoz martes 13, Oct 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
Parece que eso de los pobres primero no es más que un eslogan de la 4T, desde el momento de que el gobierno federal se niega o por lo menos se resiste a que las comunidades indígenas del país tengan acceso a un presupuesto directo.
Recordemos que por resolución de la máxima instancia judicial en México, el presupuesto directo es un derecho que no se puede negar a los pueblos indígenas, sin embargo…
Según afirman dirigentes de comunidades indígenas, el gobierno teme que éstas ejerzan independencia financiera, no obstante que eso ayudaría a un desarrollo más equitativo e integral del país.
La Red Nacional Indígena, dirigentes y abogados de comunidades originarias coincidieron en afirmar lo anterior, en la víspera de la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en el que se prevé solamente un monto de 3,600 millones de pesos que se dirigirá al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el marco del Presupuesto Transversal Indígena.
En el conversatorio virtual con el tema “Presupuesto Directo al Municipio Indígena y Reforma al Artículo 115 de la Constitución de México”, Fidencio Romero Tobón, abogado comunitario de Puebla, aseguró que los municipios politizan los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y acusó que por ello nunca se han tenido los recursos suficientes para propiciar un desarrollo integral de los pueblos indígenas.
Recordó que anteriormente las comunidades tenían la capacidad financiera de construir infraestructura de caminos en sus regiones e incluso de repararla, lo que ahora es prácticamente imposible llevar a cabo.
En pocas palabras y ante la promesa del actual gobierno, “estábamos mejor cuando estábamos peor”, ironizó.
Por su parte, el abogado comunitario de Guerrero, Manuel Vázquez, aseveró que a los diputados indígenas que han llegado al Congreso poco les interesan las reformas que beneficien a las comunidades originarias, ya que, incluso, a dos años y dos meses de que ciudadanos indígenas participaron en foros de consulta, “no hay respuestas ni reformas consolidadas que les acerquen a considerar que pueden administrar sus recursos de forma autónoma”.
Por lo tanto, resulta evidente que el Estado tiene temor infundado de que las comunidades indígenas manejen sus propios recursos, así como algunas de ellas han podido manejar sus reglas y mecanismos de elección de sus autoridades, lo que implicaría, de darse ambas, establecer una verdadera democracia comunitaria en México.
Pável Uliánov Guzmán, del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, expresó que el derecho por un presupuesto directo de los pueblos indígenas es legal, legítimo y viable, y no es revolucionario, mismo que puede administrarse a través de los Consejos de Gobierno comunal.
Para Gabriel Méndez, abogado comunitario de Oxchuc, municipio autónomo de Chiapas, el proceso para un presupuesto se ha judicializado en México y a pesar de lo cual no hay una legislación completa, con el uso de leyes secundarias, que permitan tener condiciones de independencia en el manejo de los recursos para las comunidades, ni siquiera en el artículo 115 constitucional.
Una región con “estrés hidrico”
La diputada Isabela Rosales Herrera advirtió que desde la esfera gubernamental y legislativa se requiere estudiar profundamente las finanzas y establecer prioridades para atender la grave problemática que enfrenta la Ciudad de México en materia de abasto y suministro de agua.
A unas semanas de que inicie el análisis presupuestal para 2021, la legisladora de Morena reconoció que en medio de la crisis sanitaria por Covid-19, el tema del agua no es el único asunto sensible para la ciudadanía, pero sí de los más importantes ante la evidente escasez del vital líquido en la capital del país.
Explicó la legisladora que “de manera general podemos decir que a nivel federal y local tenemos conocimiento de los escenarios complejos que enfrentamos respecto al agua, pero a pesar de ello y las herramientas con las que disponemos, las acciones que se llevan a cabo son lentas y complejas ante la urgencia que la situación demanda”.
Rosales Herrera dijo que estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que de continuar esta tendencia en 20 o 25 años el consumo generará una crisis por escasez.
“De ahí la importancia de que las autoridades exploren nuevas formas de abasto como el impulso de plantas de tratamiento para reutilización de la mayor cantidad del líquido, habilitación de sistemas de captación pluvial, sustitución de la tubería antigua de la ciudad y recarga artificial de los mantos acuíferos”.
Y por si no fuera suficiente, al escenario actual se suma que el 80% del agua que se utiliza en la capital termina en el drenaje, sin procesos para su reutilización, lo que convierte a esta ciudad en una de las regiones con mayor estrés hídrico en el mundo.
