La resolución de la Corte puede dar pie a “vendettas”, advierte Von Roehrich
Luis Muñoz jueves 8, Oct 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
Se diluye la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a los ex presidentes del llamado periodo neoliberal. Ahora, la pregunta es si tendrá algún sentido llevar a cabo la consulta.
El juicio político, que no jurídico, es considerado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, como “una buena salida”.
De acuerdo a lo que señaló este martes por el titular de la UIF, sólo se podría investigar por la vía penal a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto. A Carlos Salians de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce y Vicente Fox ya no, porque los delitos en los que pudieran haber incurrido ya prescribieron.
Durante su participación en el Seminario de Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, Santiago Nieto dijo que lo ideal sería contar con una comisión de la verdad que se encargue de investigar a los ex presidentes y revelar los posibles actos de corrupción en los que habrían participado, aunque su informe no tenga vinculación judicial.
“Creo, añadió, que podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece esta conclusión de las responsabilidades penales por el simple transcurso del tiempo”.
Dijo, además, que no está de acuerdo con que no se pueda investigar a los ex presidentes por prescripción de delitos; sin embargo, reconoció que hacerlo rompería con el sistema normativo.
El pasado jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la propuesta de consulta ciudadana para enjuiciar a los ex mandatarios, impulsada por el presidente López Obrador.
El Pleno discutió la propuesta del ministro Luis María Aguilar, que planteaba declarar como inconstitucional la consulta popular. Al final, la votación se determinó por 6 votos a favor y 5 en contra que la cumple con los requisitos constitucionales para realizarse.
Ayer, el diputado de Acción Nacional en el Congreso capitalino, Christian Von Roehrich, advirtió que la resolución de la SCJN genera un “muy pernicioso precedente”, que más adelante puede ser utilizado contra cualquier persona con imputaciones falsas, por vendettas personales o políticas y sea sujeto de una acción punitiva por un ficticio o, incluso, inducido clamor popular.
El legislador destacó que la consulta tendrá un costo millonario (8 mil millones de pesos), lo cual es un insulto para la población de un país que requiere de recursos para enfrentar dos crisis: la sanitaria y la económica.
Von Roehrich dijo que la consulta es un capricho muy caro de la 4T.
Maltrato institucional a pacientes
En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la dirigente del PRD, Nora Arias Contreras, dijo que es responsabilidad de los gobiernos garantizar el derecho a la salud y subrayó que en la Ciudad de México la reconstrucción mamaria gratuita está contemplada en la ley, “no hay confusión, exigimos que las leyes se cumplan”.
Explicó que la reconstrucción mamaria forma parte del tratamiento integral de ley para atender el cáncer de mama. Sólo es cuestión de voluntad del gobierno de Sheinbaum para hacer valer este derecho a pacientes que lo requieran.
Recordó que desde hace cuatro años la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama incluye esta atención, por lo que exigió a la Secretaría de Salud informe en lo inmediato sobre la implementación y resultados del programa de atención a personas en estas condiciones de vulnerabilidad.
Contrario a lo que las autoridades divulgan, señaló la dirigente, prevalece un maltrato institucional hacia los pacientes con enfermedades crónicas y una muestra de ello es el inexplicable desabasto y falta de de medicamentos, tratamientos y programas para atender estas enfermedades en los hospitales públicos.
Concluyó que de acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de cada 100 mujeres que sobreviven al cáncer de mama tras la extirpación del seno, sólo 30 continúan el tratamiento hasta la reconstrucción mamaria, por eso es necesario hacer valer la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama con que cuenta la capital.
Castigo a corruptos en el servicio público
Una iniciativa de la diputada Valentina Batres Guadarrama para castigar la corrupción en el servicio público, fue avalada por el pleno del Congreso capitalino con 38 votos a favor.
Esto es importante, dijo la legisladora, porque una ausencia de castigo se convierte en un incentivo que perpetúa las condiciones de dolo o negligencia.
En su sesión virtual del martes, el Congreso avaló con 38 votos a favor, una reforma al artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Batres explicó que en caso de faltas administrativas no graves, la autoridad resolutoria sólo podrá abstenerse de imponer alguna sanción cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública haya sido resarcido o recuperado y este no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
