Senadores y diputados se desviven por cumplir demandas del Presidente
Miguel Ángel Rivera miércoles 7, Oct 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como una manifestación más del sometimiento a la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de Morena y asociados se prepara para presentar una iniciativa para que la consulta para juzgar a políticos del pasado -que originalmente estaba destinada exclusivamente a los cinco últimos ex presidentes- se incorpore a las boletas que serán utilizadas el próximo 6 de junio, en las elecciones federales y estatales.
Ese propósito fue anunciado por el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de su Cámara, Ricardo Monreal Ávila, quien expuso que una de las razones para incorporar este tema a las elecciones de 2021 es que no existe presupuesto para realizar una votación nacional específica, como sería en caso de que se realice en agosto venidero, como está previsto hasta ahora.
Al margen de la razón económica expuesta por Monreal en una entrevista a un noticiario de televisión que conduce Ciro Gómez Leyva, lo cierto es que de realizarse el cambio se cumpliría el propósito del presidente López Obrador de aparecer en las boletas y con su amplio respaldo popular aportar votos para los candidatos del partido que creó, Morena, así como para los partidos aliados que sustentan el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
El costo estimado de una votación de tal tipo es de ocho mil millones de pesos, gasto que no está considerado en el presupuesto para el año venidero presentado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la consideración de la Cámara de Diputados.
El argumento de la falta de recursos es fácilmente desechable, pues si no existe dinero lo mejor sería sencillamente desechar esa pregunta, que fue radicalmente modificada por la Suprema Corte de Justicia, al negarse a aceptar que sólo se preguntara si se juzga a los ex presidentes de los últimos 30 años, que fue lo que originalmente propuso el actual primer mandatario supuestamente para corregir actos de corrupción en los que incurrieron sus antecesores.
Pero, además, Monreal que es un jurista de altos vuelos, con un grado de doctor en Derecho, debería estar consciente de que ya no es posible realizar cambios legales que se apliquen a las elecciones del año venidero, pues ya inició el proceso electoral 2020-2021.
Tal vez se puede alegar que la consulta popular respecto a los políticos del pasado no forma parte de las normas electorales, pero no se puede olvidar que para incluirla entre las boletas para las elecciones de 2021 se tendrán que hacer cambios en las normas que regulan los comicios.
Los senadores tienen efectivamente, la facultad de iniciar nuevas leyes o modificar las existentes, pero su actuación debe apegarse a lo que establecen las normas generales de Derecho y, especialmente, lo que ordena la Constitución General de la República y sus leyes reglamentarias.
Pero si lo anterior no fuera suficiente para explicar lo inútil del anunciado ejercicio de consultar la opinión pública para juzgar a políticos del pasado -sin precisar su número ni los posibles delitos- el fiscal que se ha erigido en defensor de la pregonada lucha contra la corrupción, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien en un acto de sinceridad reveló que los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña son los únicos que podrían ser juzgados por presuntos actos ilícitos cometidos durante sus gobiernos.
Esto porque las acciones o actos supuestamente delictivos que pudieron suceder durante los sexenios de Vicente Fox y Carlos Salinas ya prescribieron.
Los diputados también le dijeron al presidente: “misión cumplida”
Mientras miles de personas han abandonado sus hogares por la amenaza del huracán “Delta”, a miles de kilómetros de distancia, en el buen equipado Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó extinguir el Fondo Nacional para Desastres Nacionales (Fonden) y otros 108 fideicomisos relacionados con diversas áreas de la economía nacional.
Después de días de resistencia que llevaron a aplazamientos y a la suspensión de sesiones por falta de quórum, al fin se realizó la sesión para aprobar las iniciativas respectivas para cumplir con la demanda del presidente López Obrador de extinguir todos los fideicomisos, lo cual representará para su administración un ingreso adicional estimado en 68 mil millones de pesos.
Al aprobarse en general, a favor votaron 242 diputados, de Morena, PES y PVEM, 178 en contra (del PAN, PRI, MC, PRD y PT) y 7 se abstuvieron. En total fueron reformadas 15 leyes y se abrogaron dos más.
Como desde el inicio de la discusión de estas reformas, se dieron numerosos casos de diputados que se ausentaron para no votar. Así, en una primera convocatoria, no se alcanzó el quórum -hubo sólo 274 votos, 230 a favor, 12 en contra y cinco abstenciones-, por lo cual se decretó un receso de 15 minutos, al cabo de los cuales se realizó la segunda votación, en la cual se tuvo el resultado ya anotado.
El “castigo” para los legisladores de la mayoría fue que tuvieron que escuchar una larga serie de recriminaciones de parte de todos los partidos de oposición, que se extendieron horas, pues se tuvieron que tramitar más de 400 reservas.
Una y otra vez, los diputados de oposición fueron a pedir que se respetaran fideicomisos o que se modificaran al menos parcialmente las iniciativas propuestas. Pero en todos los casos, las inconformidades fueron rechazadas una tras otra. Simplemente, “morenos y asociados” se negaron a discutir las reservas y así quedaban definitivamente desechadas.
Todo cambió cuando subió a la tribuna e diputado de Morena Arturo Pérez Negrón Ruiz, quien presentó reservas a 11 artículos.
Desde antes de que el legislador “moreno” iniciara su exposición, ya se sabía que sus propuestas de cambios habían sido previamente aprobadas y que así quedaría registrado.
Esto porque, efectivamente, mientras transcurrían las inútiles protestas de la oposición continuaron las negociaciones entre coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias.
La única oposición a las propuestas presentadas por Pérez Negrón fue de procedimiento, porque presentó todas las reservas juntas y muchos diputados de oposición deseaban revisar punto por punto.
Así quedó la sesión a la hora de cierre de esta columna, bajo la suposición de que, a final de cuentas, se aprobarían las reformas tal como lo deseaban “Morena y Asociados” para cumplir su compromiso con el presidente López Obrador.
Por su parte, el primer mandatario insistió en que ninguno de los beneficiarios de los fideicomisos que justifiquen que merecen los apoyos económicos o becas dejarán de recibir los recursos.
Según de lo que se trate, “lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo esos presupuestos, va a haber control”, aseguró López Obrador.
El Tribunal Electoral dio marcha atrás
A pesar de rumores previos en sentido contrario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló por unanimidad los trabajos del Instituto Electoral Nacional (INE) para efectuar la encuesta con la cual se decidirá la nueva dirigencia del partido Morena.
El magistrado presidente del Tribunal y ponente del caso, Felipe Fuentes Barrera, reconoció que el lunes circuló en medios un proyecto de resolución que proponía revocar el proceso hecho hasta el momento en el INE. Sin embargo, ayer presentó una propuesta en sentido contrario, para confirmar la validez del proceso de encuestas para elegir a la dirigencia de Morena.
Fuentes Barrera aclaró que los proyectos de dictamen no “atan” a los magistrados y sólo son herramientas para iniciar un diálogo y construir las mejores soluciones. Agregó que el tribunal no responde a consignas ni presiones mediáticas, pero sí responde a las presiones de la Constitución, a sus principios y valores.
Los magistrados explicaron que no hay inequidad en el proceso de Morena, debido a que no existen campañas. Por lo tanto, no era necesario fijar un tope de gastos, ni fiscalizar los mismos, tampoco era posible organizar debates, además de que está garantizada la equidad de género.
El magistrado José Luis Vargas subrayó que el tribunal no ha causado el conflicto de dos años al interior de Morena, sino que se trata de desacuerdos internos.
