Seis años de Ayotzinapa
Armando Ríos Ruiz miércoles 30, Sep 2020Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
Los funcionarios que tuvieron que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace seis años, desde el Presidente Enrique Peña Nieto para abajo y desde el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, también hacia abajo, apostaron al tiempo.
En esta administración, hay igualmente quien ve en la investigación moderna una acción dilatoria. La promesa de continuar con las indagaciones fue hecha en momentos de campaña política. Una vez hechos con el poder, sólo hay que dejar que el tiempo transcurra y listo.
Recuerdo una mañana del 27 de septiembre una gran alarma entre guerrerenses asentados en la Ciudad de México. “¿Ya te enteraste de lo que está ocurriendo en Iguala?” Me preguntaron por teléfono. De inmediato comencé a ver los noticieros que hablaban de la desaparición de los estudiantes, incluidos miembros de un equipo de futbol llamado Los Avispones.
Todo era confusión, que crecía con la cero intervención, tanto de las autoridades locales como de las federales. Como si tuvieran miedo de dar la cara, de salir a explicar los hechos. Después, se echaron la culpa unos contra otros. Como a los 10 días, desde la Presidencia de México, se dijo que no habían aparecido a explicar el tema, porque pensaron que era obligación del gobernador.
La explicación del mandatario guerrerense fue similar. También pensó que el gobierno federal asumiría la responsabilidad sobre la desaparición. Luego de todo esto se iniciaron investigaciones atropelladas, nada confiables, con policías experimentados que hoy ocupan cargos destacados en diferentes gobiernos estatales, como en el de Jaime Bonilla, en Baja California.
Como la intervención de Tomás Zerón de Lucio, hoy prófugo, acusado de alterar el probable escenario del crimen en el basurero de Cocula, en donde fue visto por moradores de ese territorio y denunciado a otros que igualmente realizaban averiguaciones del caso.
Finalmente, el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam inventó la famosa Verdad Histórica, que nada contenía de verdad y menos era histórica, para sepultar La tediosa investigación. Pero jamás la aceptaron los padres de los desaparecidos, quienes hasta hoy, exigen conocer el paradero de éstos, como sea que hayan ocurrido los hechos.
El ex gobernador Aguirre Rivero compareció ante el Ministerio Público Federal, en donde aseguró que no tenía relación, ni con el matrimonio conformado por José Luis Abarca, alcalde entonces de Iguala y María de los Ángeles Pineda, ni con el narcotráfico. Recibió las gracias y listo. Como si preguntaran: “¿eres culpable?” “¡No…!” “Gracias”.
Lo que se puede apreciar hasta hoy, es que el entonces Presidente Peña Nieto encubrió y mintió. Los funcionarios que intervinieron, también encubrieron y mintieron, torturaron, manosearon pruebas y escondieron la verdad como quisieron. Todo, con la complacencia de un Presidente cómplice.
Con las nuevas investigaciones han aparecido escenarios diferentes que se negaron a investigar el sexenio anterior, como las minas de Carrizalillo, a pesar de que, desde el principio, lugareños señalaron este lugar como probable cementerio de los estudiantes, aunque aún hay otros que no se han tomado en cuenta aún, como el capítulo que apunta a Huitzuco.
Sabemos desde que inició este sexenio, que Peña está exonerado de su probable participación como encubridor, igual que de todos los delitos de corrupción en que incurrió en un sexenio que se distinguió por estos actos, a pesar de que tanto se habla mal del pasado.
Los deudos de los desaparecidos aún dudan de las indagatorias actuales y exigen se llegue a la verdad, sea cual sea. Desean con vehemencia saber en dónde se ubica el destino final de sus descendientes.
