Juicio a ex presidentes, en el limbo
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 28, Sep 2020Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- 2021, ¿primer ejercicio de consulta popular?
A propósito de la consulta popular que el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, planteó para que algunos expresidentes puedan ser llevados a la justicia, principalmente por actos de corrupción, en la SCJN ya hay un proyecto de respuesta y está va en sentido negativo a la propuesta presidencial.
El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al pleno de los juzgadores de la nación declarar inconstitucional la consulta formulada para llevarse a cabo durante la jornada electoral a celebrarse el primer domingo de junio de 2021, por considerar que este ejercicio conlleva una restricción de los derechos humanos de las y los ciudadanos, “y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”.
De acuerdo con el documento filtrado a la opinión pública, la pregunta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se enmarca dentro de los requisitos que fija la Constitución general para las consultas populares.
Y es que, si bien es cierto que las consultas son instrumentos que pueden ayudar a encontrar o mejorar las políticas publicas sobre diversos temas, el caso que nos ocupa es un tema muy complejo y por sus características no creemos que este ejercicio deba estar en el resorte de la participación ciudadana, pero precisamente por esa complejidad corresponderá ahora los especialistas en derecho constitucional fijar lo procedente para estos casos de controversia, donde suponemos la última palabra será apegada a criterios jurídicos y alejados de cualquier simpatía política e ideológica.
Cabe señalar que la La Ley Federal de Consulta Popular excluye del ejercicio de consulta popular cualquier propuesta que restrinja: los derechos humanos; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización y disciplina de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, según la reforma constitucional aprobada por el Congreso federal en 2014, el ejercicio de la consulta popular está limitada a realizarse una cada tres años, en concurrencia con las elecciones federales organizadas por el INE.
Es precisamente por el término “restricción de derechos humanos” por el que los opositores a la consulta argumentan que no procede y de ahí, que la decisión final sobre este tema corresponda al pleno de la SCJN .
Es un hecho que en la vox populi el sentimiento por juzgar a ex presidentes de los últimos ejercicios de gobierno por agravios diversos está más que presente y por eso la manifestación de apoyo para que, desde Salinas hasta Peña, sean llevados a tribunales a rendir cuentas claras de sus administraciones y las decisiones tomadas, pero más de un jurista, estudiante de Derecho o investigador jurídico, opina que aunque cada vez en nuestro país se cuenta con una sociedad cada vez más informada, el caso que nos ocupa requiere del conocimiento de las leyes y por eso la decisión la deben dar los jueces. ¿Usted qué opina amable lector?
VOY CON TODO: En caso de que el poder judicial de luz verde a la propuesta presidencial en materia de consulta popular, además los más de 21 mil cargos que se elegirán en todo el país, entre ellos 15 gubernaturas y la renovación total de la Cámara de Diputados, la jornada electoral tendrá también la particularidad de que por primera vez, de manera simultánea, los electores podrían ser sujetos de emitir su opinión en torno a si deben ser o no juzgados por sus acciones u omisiones los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
Es probable que la consulta pudiera no prosperar, lo que es un hecho es que, en el marco de una mayor participación ciudadana, desde ahora los electores debemos ir familiarizándonos con esta fórmula que, no hay duda, ya forma parte de nuestra cultura democrática: consulta popular.
VA MI RESTO.- No es la primera vez que, desde la reforma política de 2014, escuchamos propuestas para que se realice este ejercicio consagrado en nuestra Carta Magna, por ejemplo, en las elecciones intermedias de 2015, los partidos de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) hicieron un planteamiento de mayor participación ciudadana. Los blanquiazules promovieron una consulta popular para elevar el salario mínimo en todo el país, en tanto que los del sol azteca pedían derogar la reforma energética. Ninguna de esas propuestas prosperó y la de AMLO está en el limbo o lo que es lo mismo, entre el sí y el no.
Así las cosas, en el caso de la pregunta sobre si deben o no ser juzgados los ex presidentes, lo que decidan en el poder judicial será trascendente y cualquiera que sea la decisión lo relevante es que los ciudadanos cada vez más tenemos mayores herramientas para hacer valer nuestros derechos, y en todo caso no está mal que los que saben de leyes nos orienten para saber cuáles consultas son válidas y cuáles no, y en eso hay que tener muy presente y claro que los derechos de uno terminan donde comienzan los de otro, y hasta ahí porque como veo doy.
