La consulta ciudadana para juzgar a ex presidentes, a punto de ser desechada
Miguel Ángel Rivera viernes 25, Sep 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Prácticamente cualquiera medianamente informado presumía que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de convocar a una consulta ciudadana para conocer si el “pueblo sabio” desea juzgar a los cinco ex presidentes que lo antecedieron, sabía que esa propuesta no pasaría la aduana de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y en los hechos esta suposición va camino de confirmarse.
Por principio de cuentas, el ministro encargado de preparar la ponencia sobre la cual discutirán los integrantes del máximo tribunal del país, el ex presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, determinó que no procede la propuesta del primer mandatario y, se puede adelantar, que tampoco tendrá efecto un solicitud complementaria o paralela, presentada por el Senado de la República, a pesar de que ésta última recibió el visto bueno de un doctor en Derecho, como lo es el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien ya ha enderezado otros entuertos en lo que va del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Aguilar Morales no se limitó al singular, sino que calificó a la solicitud de la consulta para enjuiciar a ex presidentes ser un “concierto de inconstitucionalidades” que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo.
En consecuencia, el jurista presentó un proyecto de resolución donde propone declarar inconstitucional la petición de una consulta popular en la que se pregunte si se debe o no juzgar a los ex presidentes por la presunta comisión de delitos en sus respectivas gestiones.
Explicó que es inconstitucional porque condicionar el cumplimiento de la ley a lo que digan las mayorías rompe con los principios generales del proceso legal previstos en el artículo 20 de la Constitución e impide el esclarecimiento de los hechos delictivos, al desproteger a las víctimas y ofendidos, lo cual ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aguilar Morales señaló que la solicitud alega la necesidad de llevar a cabo una consulta popular con el propósito de lograr que, a través del mandato de la ciudadanía, se logre dar un cauce legal y hacer posible que se inicien procesos legales en contra de los ex presidentes, pero esa no puede considerarse una justificación constitucionalmente válida para someter a la opinión popular la aplicación de la ley.
Por el contrario, detalla el ministro, el efecto de la consulta popular en los términos ahora planteados podría afectar negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso legal.
También indicó que no es necesaria una consulta, pues si se tienen elementos para sostener que se han realizado violaciones generalizadas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad, es obligación del Estado mexicano investigarlas, perseguirlas y, en su caso, sancionarlas conforme a los principios esenciales del debido proceso y a las garantías de la persona imputada”.
El tema será discutido por el pleno de la Suprema Corte y se presume que la gran mayoría, si no es que la totalidad de los restantes diez integrantes de la Suprema Corte de Justicia, coincidirá con los razonamientos de Aguilar Morales.
La revisión del tema está programada para el próximo 1 de octubre.
Las únicas dudas son un poco morbosas, pues la atención general estará centrada en los ministros que han sido nombrados a propuesta del presidente López Obrador para conocer si responden a cuestiones estrictamente jurídicas o se les escapa un gesto de simpatía con el jefe de la llamada Cuarta Transformación.
De hecho, aunque mucho repitió que él no tiene ningún interés personal en juzgar a sus antecesores, el presidente López Obrador pidió a los ministros de la Corte “que no se dejen intimidar”.
Al hacerse público el sentido de la ponencia del ministro Aguilar Morales, el jefe del Ejecutivo federal demandó a los integrantes del máximo tribunal actuar con apego estricto a la ley.
El primer mandatario sostuvo que la petición de convocar a una consulta popular no implica ninguna violación a los derechos humanos.
Además, como lo hace con frecuencia en sus mensajes, el jefe del Ejecutivo pidió tener en cuenta la voluntad de lo que siempre ha llamado el “pueblo sabio”.
“Que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”, demandó el primer mandatario, quien al mismo en una aparente contradicción, pidió tener confianza en la Corte.
“Ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, no necesitan leerme el artículo de la Constitución, el 35, establece que no se deben de violar los derechos humanos”, manifestó también el mandatario.
El presidente de la Coparmex niega estar detrás de FRENAAA
Por otra parte, fiel a su estilo de siempre buscar la controversia, el presidente López Obrador aseguró que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, respalda al Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), pero no da la cara.
La mencionada organización, que ya logró mover su plantón de la avenida Juárez a la plancha del Zócalo capitalino, demanda la renuncia del Presidente.
Pero contra lo expresado por el primer mandatario en el sentido de que el dirigente empresarial oculta su participación, De Hoyos respondió que está dispuesto a acudir a Palacio Nacional para tratar cualquier tema.
“Dice el presidente López Obrador que ojalá que yo vaya a Palacio Nacional. Puesto. Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco. PD. Nunca tiro la piedra y escondo la mano. Respeto al movimiento de #FRENA, pero no promuevo que el Ejecutivo renuncie”, aseguró el titular de Coparmex.
De Hoyos recomendó al Presidente que en lugar de calumniar a quienes piensan diferente, construya con y para todos, porque cuando el Ejecutivo federal escucha, como lo hizo en la propuesta de incremento al salario mínimo y la reforma de pensiones, “avanzamos hacia un México ganador”.
Este nuevo enfrentamiento del Presidente de la República con el sector privado podría significarle otro revés y además confirmar que en esta materia no hay unidad dentro de su propio equipo de trabajo.
Al respecto se deben tomar en cuenta las declaraciones del jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo Garza, en el sentido de que el sector privado es la “única esperanza” de crecimiento que tiene el país.
El empresario y funcionario público explicó que el sector privado es la esperanza porque el gobierno no tiene los recursos que se requieren para impulsar el desarrollo.
Al participar en la reunión mensual del Comité Directivo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Romo Garza puntualizó que hay limitaciones presupuestales, pues la inversión pública está concentrada en los proyectos especiales de la actual administración.
“No tengo duda, pese a la dialéctica, de que el sector privado es la única esperanza para crecer que tiene el país, el sector público no tiene recursos suficientes”, indicó el funcionario.
“Si la inversión pública está etiquetada, y el gasto restringido, lo único que tiene México para crecer es la inversión privada, sobre todo la nacional. Nadie hará más por México que lo que los mexicanos podemos hacer”, apuntó el funcionario.
Agregó que, en consecuencia, el país no tiene otra salida que dar certidumbre al sector privado, por lo cual se deben tener cero barreras a la inversión y brindar la mayor estabilidad al sector empresarial.
No obstante, Romo pidió a los empresarios que los temas álgidos se toquen en privado: “No queremos guerras psicológicas que a nada nos lleva”.
Por su parte, el presidente del CNA, Bosco de la Vega, dijo al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, que como sector se sienten atacados por el gobierno federal, dado que no ha dejado de embestirlos.
En particular, el representante empresarial destacó el recorte al presupuesto del campo, el nuevo etiquetado y la prohibición de productos calóricos en estados como Oaxaca, entre otras cosas.
“Hay un gobierno de un solo hombre, que no escucha al sector privado. Hemos presentado tres propuestas que no han sido tomadas en cuenta. La relación entre el gobierno y el sector empresarial en sectores estratégicos no se ha dado”, apuntó el dirigente.
