Los 72 migrantes masacrados
¬ Augusto Corro miércoles 26, Ago 2020Punto por punto
Augusto Corro
El 22 de agosto se cumplieron diez años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Los narcotraficantes mataron a hombres y mujeres (dos en cinta) originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, India y Brasil. El hecho es conocido como la matanza más grande de extranjeros que intentaron cruzar por México para llegar a Estados Unidos.
Ese hecho sangriento impactó a la opinión pública nacional e internacional, que exigía el castigo para los asesinatos, pero el tiempo pasó y ninguno de los autores intelectuales o materiales ha recibido sentencia condenatoria, aunque están identificados plenamente por las autoridades.
La condena a la masacre fue universal; sin embargo el gobierno fue lento en la aplicación de la justicia que en México es lenta. Los familiares de los sacrificados (58 hombres y 14 mujeres) ven con desesperación y dolor que los narcos del cártel de Los Zetas, responsables de los asesinatos, aún no son sentenciados.
La historia de violencia con toda clase de crímenes se agudizó en el gobierno del Presidente panista, Felipe Calderón, quien declaró sin ninguna estrategia la guerra a los cárteles de la droga: un intento fallido que sólo provocó miles de muertes y llevó el luto a los hogares mexicanos.
A diez años de la matanza de migrantes, ninguna de las 81 personas como responsables de la matanza no recibe todavía sentencia condenatoria. Y no se sabe qué piensan las autoridades de este caso que no es el único; pues, los narcos tienen un historial sangriento en los últimos sexenios.
En el caso de la matanza de San Fernando, los delincuentes señalados como del cártel de Los Zetas enfrentaban una guerra contra el Cártel del Golfo al que servían como brazo armado. Surgieron las diferencias y los Zetas aprovecharon para la oportunidad para demostrar su capacidad de sanguinarios.
Difícil lucha de la justicia
En México la delincuencia organizada incluidos narcos, extorsionadores, secuestradores, etc., llevan una ventaja considerable al gobierno, que no encuentra la manera de detener la ola de violencia, que en algunas regiones son los propios delincuentes los encargados de “gobernar”.
Cuando se trata de casos relacionados con narcotraficantes, el problema se complica porque las autoridades en contubernio con los narcotraficantes no cumplen con la aplicación de las leyes. En algunos estados la impunidad es total. Los crímenes no son investigados, menos castigados.
Por ejemplo, las autoridades no pudieron relacionar a Salvador Alfonso Martínez Escobedo (a) “La Ardilla”, con la matanza de San Fernando, Tamaulipas, a pesar de ser acusado de ordenar la matanza del 22 de agosto. El mencionado sujeto se desempeñaba como líder de Los Zetas en el noroeste del país. Tampoco se logró vincular con ese delito a Miguel Angel Treviño Morales (a) El Zeta 40, el líder más importante del grupo criminal.
En prisión se encuentran 15 elementos de Los Zetas, sin recibir sentencia. Quedaron en libertad 18 policías que protegían las actividades delincuenciales de los narcos. Los hechos sangrientos en Tamaulipas continúan y los índices de violencia no disminuyen.
Como en otras partes del mundo, en México también se practica la violencia contra los migrantes. Sus derechos humanos no son respetados y son víctimas de extorsiones, secuestros, tortura y asesinatos.
Y no solamente eso, en la sociedad civil aumenta la percepción de que no vale nada la vida de las personas indocumentadas que cruzan por territorio nacional con destino a Estados Unidos.
En el presente, los migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos tienen que enfrentar no sólo a los narcos, policías y toda clase de delincuentes, sino que también deben viajar preparados para enfrentar al nuevo enemigo, el coronavirus, sin la atención médica necesaria para salvar la vida. ¿Usted qué opina amable lector?
