Policías antisecuestro, a otras labores
Miguel Ángel Rivera martes 18, Ago 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Las unidades especiales de la policía en contra del secuestro resultaron tan exitosas y efectivas que tuvieron como premio un aumento de sus responsabilidades que las llevó al extremo de dejar de cumplir con sus funciones esenciales.
Este círculo vicioso fue denunciado por una de las organizaciones de la sociedad civil que con su empuje y sus demandas llevaron a crear esos grupos especializados. Se trata de Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, madre de un joven víctima de ese terrible delito.
En uno de sus reportes periódicos en donde informa del avance o retroceso de las acciones para combatir el delito de secuestro, la organización recuerda:
“Las unidades antisecuestro fueron creadas para tener especialización en la atención de este delito, con Ministerios Públicos, policías, peritos y asesores jurídicos. Al paso del tiempo y darse cuenta que las Unidades daban resultados, acordaron todas las entidades y la Federación el delegar la atención del delito de extorsión a prácticamente el 80 por ciento de las unidades en todo el país.
“Lo que hoy es preocupante es que además de atender secuestros y extorsiones, varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, estén realizando reformas para que las llamadas UECS atiendan otros delitos de alto impacto como narcomenudeo, trata de personas o incluso homicidios que a consideración del Fiscal sean relevantes. Con esta decisión se pierde la especialización y se pulveriza el esfuerzo que se ha dado tanto en recursos como en capacidades para que un delito tan grave como el secuestro sea atendido de forma prioritaria.
“Por lo que, hacemos un llamado a las Fiscalías y a los Congresos estatales, a fin de que no se pierdan las Unidades Especializadas en el Combate al Delito de Secuestro y por el contrario, se les fortalezca con infraestructura, equipamiento, tecnología, bonos de riesgo a sus integrantes, permanencia, profesionalización y capacitación para que cumplan adecuadamente con su objetivo que es erradicar el delito de secuestro”.
En su más reciente informe, Alto al Secuestro, además de quejarse del desvío de los grupos especializados, denunció que el gobierno de Puebla, encabezado por el ex perredista y ahora militante de Morena, Miguel Barbosa Huerta, se ha negado a revelar su información estadística acerca del aumento o descenso del número de secuestros en su territorio.
“Esto es un hecho histórico y muy grave, ya que todos los estados, en un ejercicio de transparencia, han proporcionado siempre su incidencia delictiva.
“Por tal motivo, la cifra que reportamos en el informe que hoy les presentamos para Puebla, corresponde únicamente a los secuestros que localizamos en medios de comunicación”, advierte la organización encabezada por Miranda de Wallace.
En el reporte, correspondiente al mes de julio, se informa de un incremento de 3.3 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. En dicho mes se integraron 92 carpetas, en comparación con las 89 del pasado mes de junio.
No obstante, se registró una disminución de 10.5 por ciento en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante julio hubo 119 víctimas mientras que en junio fueron 133.
Además hubo un aumento de 28.4 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en julio fueron detenidas 149 personas mientras que en junio fueron detenidos 116 presuntos responsables.
Los estados con mayor incidencia en julio fueron: Veracruz (15), Estado de México (9), Michoacán y Puebla (7), Ciudad de México (6) y Tamaulipas (5).
Por el contrario, los estados que reportaron cero secuestros son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán.
Con Lozoya, el gobierno federal arranca campaña electoral
Es de conocimiento general que el año venidero se efectuarán las elecciones del México contemporáneo donde estarán en disputa mayor número de cargos de representación popular, tanto federales como estatales y municipales.
En total se elegirá a quienes deban ocupar más de 21 cargos, entres los cuales destacan 500 sitios en la Cámara de Diputados federal y 15 gobiernos estatales. En total, son 30 entidades donde habrá elecciones concurrentes y será la primera vez que los diputados federales puedan reelegirse.
Aunque las votaciones serán en junio de 2021, de hecho el proceso electoral se inicia mucho antes. Así, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron que el año electoral empiece el próximo 7 de septiembre.
Como preámbulo al gran operativo, habrá una especie de prueba, con las elecciones, ya pospuestas por la contingencia sanitaria y reprogramadas para el próximo 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo.
Dentro de ese gran marco, de hecho la última etapa corresponde a las campañas propiamente dichas, a las cuales se destinan periodos relativamente breves que varían según el cargo de representación que esté en disputa.
Sin embargo, siempre hay posibilidades de aventajar a los competidores y empezar a fijar posiciones con mucho tiempo de anticipación.
En tal sentido, el singular “juicio” al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, abre la posibilidad de que el gobierno federal, así como su partido, Morena, y asociados como PT, PES y PVEM empiecen a enarbolar que la que ha sido una de las banderas favoritas del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante 12 años de campaña política: el combate a la corrupción.
A partir de arreglos extrajudiciales que le han permitido muchas facilidades desde que fue extraditado por España, Lozoya Austin se ha convertido en elemento vital para la llamada Cuarta Transformación para exhibir la corrupción que le atribuye a los llamados gobiernos “conservadores” y “neoliberales” encabezados por abanderados de sus repudiados contrincantes del PRI y del PAN.
Una prueba del posible alcance y de la potencialidad de las eventuales revelaciones del ex director de Pemex tuvimos con la reciente filtración de un video donde aparecen ex funcionarios del Senado de la República, ligados a ex legisladores del PAN, que reciben grandes cantidades de dinero que presumiblemente sirvieron para “comprar” votos para hacer realidad las grandes reformas emprendidas por el ex presidente priista Enrique Peña Nieto.
La subrepticia grabación carece de paternidad, pues nadie se hace responsable de haberla hecho llegar a medios de comunicación o de “subirla” a las redes sociales.
En principio, se atribuyó a un hermano del ex funcionario “procesado”, de nombre Juan Jesús, quien de inmediato se deslindó, no obstante que, desde que surgieron los primeros rumores en el sentido de que el ex funcionario estaba dispuesto a revelar nombres de quienes le ordenaron recibir y repartir sobornos y que para sustentar sus denuncias tiene varias grabaciones.
Aunque -como aducen algunos analistas- los videos no sirvan de prueba ante un juez, su efecto de propaganda ya es aprovechado por “morenos y asociados”.
En particular, el presidente López Obrador aprovechó para pedir a los medios de comunicación que exhiban profusamente el video que pone en evidencia la corrupción de anteriores administraciones, así como dieron amplio espacio a las grabaciones donde aparecían René Bejarano y otros ex funcionarios de su administración cuando estuvo al frente del gobierno capitalino.
“Yo sostengo tres cosas, con todo respeto a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza al Fiscal General, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero, sin entorpecer las investigaciones, ni con una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad”, sostuvo el Presidente al tiempo que amenazó con revisar o cancelar el contrato de Pemex con Etileno XXI, una de las empresas que se presume resultaron beneficiadas por actos de corrupción.
“Ese contrato se tiene que cancelar. O sea, es mi opinión, por ser un contrato ‘leonino’. Se tiene que revisar y también en este caso es importante ya que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto del señor Lozoya”, manifestó el primer mandatario en su conferencia mañanera.
