Falta quien le ponga el cascabel al gato
Miguel Ángel Rivera lunes 17, Ago 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque todos los personajes que participarán en la reunión de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete en pleno han dado seguridades de que no habrá enfrentamientos, los cuatro temas elegidos para este encuentro nacieron de diferentes formas de enfrentar los principales problemas de nuestro país.
Lo que ofrece más seguridad de que no habrá enfrentamientos es un viejo tabú de la política mexicana: al Presidente de la República nadie lo confronta en persona y menos lo contradice.
Esto se confirma por lo menos con dos ejemplos recientes, la visita del primer mandatario a los estados de Guanajuato y Jalisco, gobernados, respectivamente, por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y por Enrique Alfaro Ramírez, el primero del PAN y el segundo de MC, quienes se habían distinguido por expresar sus desacuerdos con el gobierno federal por el desigual reparto de recursos y por el inadecuado manejo de la crisis por el coronavirus.
Antes del arribo del Presidente de la República a los territorios de esos estados mucho se especuló acerca de la posibilidad de que hubiese algún enfrentamiento personal, sobre todo porque con anterioridad el presidente López Obrador se había quejado de falta de respeto de algunas expresiones de los mandatarios, que por supuesto habían sido formuladas a larga distancia.
Cuando se produjeron las entrevistas cara a cara, todo fueron elogios, buen trato y ofertas de mejorar las relaciones y facilitar el intercambio de recursos para mejorar las actividades productivas y la economía general, así como para cuidar la salud general.
El fondo de los problemas, sin embargo, no se solucionó totalmente y por eso continuaron las exigencias de una buena parte de los estados -la llamada agrupa a 10 mandatarios estatales de oposición- para redefinir estrategias y, otra vez, mejorar la distribución de los recursos federales.
Esto se confirma con los temas seleccionados para el encuentro global que, por la forma como se prepara, se parece mucho a las estruendosas “reuniones de la República”, organizadas por el ex presidente José López Portillo.
En particular, los integrantes de la mencionada Alianza Federalista -Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Coahuila- propusieron un temario de cuatro puntos:
Uno, es el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud, a través de diversas medidas de inversión pública.
Dos, definir la estrategia y la forma en que se instrumentará la reactivación económica del país, a fin de recuperar los más de 8 millones de empleos perdidos en estos cinco meses de pandemia.
Tres, revisar el pacto fiscal, conforme a criterios de justicia, para reducir problemas de desigualdad.
Cuatro, apuntalar una política pública de desarrollo y utilización de energía verdes.
Como se aprecia, son cuatro asuntos en los que existen profundas diferencias entre los estados y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Primero, prácticamente casi nadie está de acuerdo con la forma y los resultados de la política federal para el manejo de la pandemia de Covid-19. A manera de ejemplo, se puede recordar que antes del arranque de la etapa crítica se estimaba que habría un total de menor de ocho mil muertes en todo el país y en la actualidad asumamos más de 56 mil.
Ante esas evidentes diferencias, nueve gobernadores pidieron la renuncia del vocero federal para el tema de la pandemia, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, pero luego aceptaron deponer esa exigencia para un mejor desarrollo del encuentro con el primer mandatario y su gabinete. Pero la diferencia esencial no se ha solucionado.
En el tema de las energías verdes o limpias está pendiente una demanda ante la Suprema Corte de Justicia contra una disposición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), avalado por la Secretaría de Energía (Sener) por la cual se limita la actividad de plantas generadoras de electricidad a partir de las energías solar y eólica y se pretende volver a las plantas movidas por combustibles fósiles que son mucho más contaminantes.
El tercer asunto es la distribución de los recursos federales.
Este es un tema de gran profundidad. De hecho, viene desde el nacimiento del país, que formalmente es federal, pero siempre se ha manejado de forma centralista. El gobierno federal, básicamente el Presidente de la República en turno, es quien decide la forma como se distribuyen los recursos que llegan directamente al erario federal, pues estados y municipios de hecho carecen de ingresos propios.
Esa situación desventajosa para las entidades federativas se remedió un poco a finales del siglo anterior con el pacto federal que ahora ya no es satisfactorio para los estados, por lo cual demandan un nuevo ajuste.
El cuarto punto, el plan para la recuperación económica, luego de los estragos causados por la pandemia, está íntimamente ligado al anterior. La Federación es la que tiene posibilidad de determinar la ruta a seguir, pero hasta ahora el presidente López Obrador se ha negado a proporcionar ayuda alguna a las empresas mayores, sobre todo si ello lo obliga contraer deuda. Esto a pesar de que prácticamente todos los organismos internacionales y las organizaciones empresariales recomiendan rescatar a las empresas y con ello preservar los empleos que se han perdido por millones durante la recesión obligada por la pandemia.
Sin embargo el presidente López Obrador se manifiesta muy complacido porque ya se han registrado unas cuantas decenas de miles de nuevos empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De hecho, en un mensaje grabado, todavía ayer se manifestó muy complacido con la recuperación de algunos puestos de trabajo, lo cual interpreta como un éxito de su administración sin seguir las recetas de sus repudiados neoliberales.
Este es el panorama previo a la reunión del día 19.
Lo que falta es conocer si alguien se atreverá a romper tabúes, pedirle personalmente al primer mandatario corregir el rumbo. Estamos como en la vieja historia de quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato.
De paso, el presidente López Obrador rechazó la posibilidad de enfrentamientos con los mandatarios estatales.
“No se pueden crear expectativas de pleito porque hay colaboración. Va haber desencanto de que no haya confrontación, es una reunión para confirmar que se trabaja de manera conjunta y para todos”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.
Controlar plazas, objetivo del magisterio disidente
Cuestiones académicas aparte, uno de los aspectos centrales de la reforma educativa del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto consistió en rescatar para la autoridad federal el decidir a quiénes y en qué condiciones se asignan las nuevas plazas del magisterio nacional y cómo se deciden ascensos y promociones dentro de la jerarquía del sistema nacional de enseñanza.
Siempre se mantuvo la leyenda negra de que eran los dirigentes del magisterio, formales o reales, los que decidían esos nombramientos y en algunos casos el factor para definir era el dinero, o sea, pura corrupción.
Al llegar el actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación la reforma de Peña Nieto fue modificado aparentemente en aspectos fundamentales, pero la autoridad federal siempre preservó su derecho a decidir acerca de las nuevas plazas y las promociones, sin dejar ese espacio a quienes se presentaban como sus aliados políticos, los militantes del magisterio disidente, agrupados básicamente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Actualmente, un contingente de esa disidencia magisterial mantiene un plantón cerca de Palacio Nacional y no se ocultan sus intenciones: insisten en que se les otorguen plazas de manera automática para los egresados normalistas, así como contratación de base para aquellos trabajadores que permanecen en calidad de eventuales.
No se especifican las condiciones y los términos en que se otorgarán esas plazas, pero es evidente que la organización gremial quiere tener facultad de decisión, lo cual les preservará su capacidad de movilización. Aunque siempre se negó en las filas de la disidencia, los aspirantes a ganar una plaza o un ascenso estaban o están obligados a participar de manera “voluntaria” en las movilizaciones ordenadas por los dirigentes gremiales.
