Muchos acusados de corrupción, ningún consignado
Miguel Ángel Rivera miércoles 12, Ago 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Empezó el espectáculo y, como lo anunciaban las carteleras y los pregoneros, el protagonista principal Emilio “L” -las normas penales imponen el anonimato- puso en la picota a sus ex jefes, Luis “V” y Enrique “P”, quienes le ordenaron cometer delitos.
La intención de conservar el anonimato de los acusados o involucrados en los supuestos delitos es preservar su derecho a ser considerados inocentes hasta que se les pruebe lo contrario evitar y evitar ser condenados por la opinión pública antes de que una juez dictamine que son responsables de cometer delitos.
Pero en este caso particular, los nombres han sido lo más importante desde el momento en que surgieron los primeros indicios de que se había cometido un delito en contra del patrimonio de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y por consecuencia en contra del erario nacional, pues aparte de formalidades se presume que todos los mexicanos somos copropietarios de la riqueza que se extraiga del subsuelo.
Sin embargo, en contra del sigilo que imponen las averiguaciones judiciales, desde un principio se señaló a un presunto responsable y se le ubicó por su nombre completo y por el cargo que desempeñó al momento en que presuntamente se cometieron los delitos.
Como ya ha trascendido ampliamente en los medios de comunicación, en las redes sociales y como lo ha confirmado el propio Presidente de la República en sus tradicionales conferencias de prensa mañaneras, se trata del ex director de Pemex durante la gran parte del mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Se le acusa, básicamente, de haber recibido cohechos de la empresa brasileña Odebrecht y de haber tramitado la compra a precios abultados de una planta productora de fertilizantes, Agronitrogenados, perteneciente al conglomerado encabezado por la siderúrgica Altos Hornos de México.
En este caso no hubo tampoco sigilo oficial respecto a los nombres, pues con gran revuelo mediático se anunció que se había solicitado a la Interpol la captura del empresario Alonso Ancira Elizondo, principal accionista de Altos Hornos, y presuntamente beneficiario del sobreprecio que pagó la empresa estatal por una planta industrial presuntamente inútil.
Ancira Elizondo, al igual que Lozoya Austin, se refugió en España y su extradición se ha tramitado al paralelo, pero hasta ahora no se ejecuta. Mientras, el empresario disfruta de libertad bajo fianza de un millón de dólares.
Lozoya Austin no disfrutó de ese beneficio, pero a cambio, luego de ser repatriado recibió toda clase de beneficios. En vez de ir directo a una prisión, fue enviado a un hospital privado de primera clase, para ser tratado de un padecimiento que no se le diagnosticó durante su reclusión en España.
A cambio, el presunto culpable de corrupción alimentó las versiones que manejó desde un principio en su defensa, que se basan en dos principios que exacerban el morbo público: uno, que actuó por instrucciones de sus superiores (evidentemente el ex presidente Peña Nieto y su poderoso secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso) y, todavía más, que el dinero de la corrupción se destinó a financiar campañas electorales del PRI.
Después de tantos privilegios, ayer se informó que el ex director de Pemex había declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR, ex PGR), ante la cual confirmó que Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, le ordenaron repartir más de 100 millones de pesos producto de sobornos de la empresa Odebrecht entre diversos asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña del ex mandatario.
El titular de la autónoma FGR, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer, además, que se canalizaron 120 millones de pesos para la compra de votos en las reformas estructurales en 2013-2014 que fueron entregados a un diputado y cinco senadores.
El fiscal, siempre según las declaraciones de Emilio “L”, aseguró que se entregaron 84 millones de pesos más a diversos legisladores, un secretario de Finanzas de un partido político; además de 200 millones de pesos para la aprobación de la Reforma Electoral.
Conforme a Derecho, lo procedente ahora sería que la FGR sustente las denuncias de Emilio “L” y consigne a quienes entregaron o recibieron dinero ilegalmente, pero eso se aprecia muy lejano, pues para efectos políticos basta con la denuncia de los supuestos culpables.
Por ejemplo, el multimencionado Emilio “L” parece estar a salvo de ir a prisión, por su condición de colaborador con la Fiscalía.
En tanto, la dirigencia nacional del PRI se deslindó de posibles delitos, al asegurar que “las instituciones no delinquen, sino los funcionarios que las traicionan con desvíos y abusos”.
“Nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Otra vez, los problemas por no leer la “letra chiquita”
Con frecuencia, los ciudadanos que contratan créditos en instituciones bancarias y financieras afrontan problemas no previstos debido a que, como se dice en términos comunes, no leyes “la letra chiquita” de los contratos.
Esta situación está a punto de repetirse y afectar a un gran número de clientes de bancos que se acogieron a los sistemas de “ayuda” durante la pandemia, que principalmente consistieron en aplazar durante tres o cuatro meses las mensualidades de sus préstamos o de sus tarjetas créditos.
Lo que nadie les explicó a los deudores es que no se trataba de una aplazamiento general, sino que al cabo del plazo de gracia tendrían que pagar, juntas, las mensualidades vencidas, eso sí, sin intereses por el retraso.
En términos personales puede ser un problema importante, pero a nivel social puede generar graves problemas.
Así lo advirtió el ex diputado y ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).Mario di Constanzo, quien sostuvo que la moratoria en el pago de créditos bancarios es un tema de especial relevancia, ante el cual es urgente que el gobierno federal implemente acciones a fin de evitar que este problema financiero eventualmente pudiera convertirse en un grave problema social, ante la desesperación de la gente que no pueda pagar sus deudas.
Con base en sus estimaciones, que coinciden con las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el informe de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), para septiembre próximo, 9.8 millones de créditos podrían entrar en morosidad, involucrando a aproximadamente siete millones de personas y una cartera que podría estar en alrededor de 1.25 billones de pesos.
De acuerdo con una nota aparecida en el portal del diario La Crónica, el especialista indicó:_
“Si estimamos la deuda promedio de una tarjeta de crédito, ronda los 31 mil pesos, el crédito de las Pymes los 125 mil y el de nómina 82 mil pesos, con un salario promedio de 15 mil pesos, las cifras son alarmantes”.
El ex titular de la Condusef mencionó en particular que las tarjetas de crédito ya deberán ser pagadas a partir de agosto y lo que se dejó de pagar ya está incorporado al saldo deudor en el estado de cuenta de este mes.
Además, para algunos créditos de nómina lo que se hizo fue recorrer la mensualidad, pero los pagos que no se hicieron generan intereses a tasa normal, así como en los créditos hipotecarios, la mayoría de las veces, el pago se va hasta el final del crédito, pero también genera intereses a tasa normal.
Este programa de “ayuda” hizo que la cobranza se detuviera cuatro meses, pero los intereses siguieron corriendo, y si bien es cierto que fue un apoyo momentáneo de liquidez, no fue una reestructuración formal de sus deudas.
La morosidad, sostuvo Di Constanzo, se puede volver en un problema social muy importante por la desesperación de la gente de no poder pagar sus créditos.
“Hablamos cuando menos siete millones de personas, sin considerar aquellos créditos de entidades no bancarias es decir, sofipos, sofomes, cajas de ahorro y tiendas departamentales, pero, si consideramos todo esto, serían más de 10 millones de créditos que se verían emproblemados, entonces, o van acabar 7 millones de personas en el buró de crédito o se lanza un verdadero programa de reestructura de adeudos”, sentenció.
