Servidores públicos corruptos podrían ser inhabilitados hasta por 24 años
Luis Muñoz viernes 7, Ago 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
El diputado Nazario Norberto Sánchez, el mismo que tomó la decisión de retirar la iniciativa para sancionar penalmente a quien no use cubrebocas, “a petición de la ciudadanía”, ahora, con el fin de inhibir las faltas administrativas graves de servidores públicos, pretende endurecer las sanciones al inhabilitar al infractor con penas de tres a 12 años y de 12 a 24 años si dicho monto excede el límite establecido en la ley, es decir, cuatro administraciones sin ocupar un cargo.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino propuso reformar el Artículo 78 fracción IV párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo objetivo es aumentar el periodo de inhabilitación que se les impone a quienes cometen cohecho, peculado, desvió de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia, etcétera.
Explicó que actualmente los ilícitos de este tipo se sancionan con una inhabilitación para ejercer un cargo público de uno a 10 años, si el monto de la afectación no excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida (UMA) y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite.
El diputado de Morena señaló que con esta reforma “se pretende disminuir la afectación y daño que se ocasiona al debido funcionamiento de la prestación del servicio público; eliminar y erradicar la impunidad; combatir la corrupción, disminuir y erradicar el menoscabo que se produce con estas conductas al erario público y dotar de certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía de que los servidores públicos se conduzcan con probidad, integridad, responsabilidad, profesionalismo y honestidad para el cargo o comisión que les fue encomendado”.
El diputado Sánchez, quién preside la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, recordó que el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Refirió que Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, respectivamente. Los delitos fueron principalmente negligencia administrativa con 1,495; incumplimiento de declaración de situación patrimonial 338; abuso de autoridad 290; violación de Leyes y Normatividad Presupuestal 175; violación a Procedimientos de Contratación 118; cohecho o extorsión 101; ejercicio indebido de sus funciones en materia migratoria 41 y violación a los derechos humanos 6.
Las dependencias con mayor número de sanciones son la Policía Federal, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad, que juntas representan casi el 40% del total de funcionarios sancionados. Destacó que si consideramos el año con más sanciones desde 2013, es decir, 2017, podemos observar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son las tres instituciones con más sanciones en ese año.
¡Basta! de violencia de género: A. Solache
Uno de los fenómenos que seguirá creciendo si no se atienden de manera inmediata sus causas, es el de la violencia de género. Durante el periodo de confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19, se incrementaron los casos de agresión doméstica contra mujeres, niñas y niños.
Por esta razón, la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Guadalupe Aguilar Solache, presentó una propuesta de exhorto al gobierno capitalino para implementar acciones interinstitucionales urgentes que atiendan y disminuyan ese flajelo.
Explicó la legisladora de Morena que la propuesta incluye la disposición de una línea telefónica específica, que reciba todos los reportes que se realizan al 911 por violencia familiar, mismos que serán atendidos por personal debidamente capacitado para ofrecer atención inmediata y asesoría a las y los demandantes.
Se propone además la conformación de brigadas multidisciplinarias integradas por personal de la Fiscalía General de Justicia y las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de las Mujeres, locales; para dar atención particular a las denuncias recibidas.
Aguilar Solache dijo que en caso de que las víctimas requieran resguardo, se plantea también la posibilidad de habilitar albergues en escuelas y hoteles de la ciudad, así como instalar unidades médicas especializadas para atender violencia y embarazos.
