Corrupción, cáncer de la política
Ramón Zurita Sahagún jueves 23, Jul 2020De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Sereno moreno… | José Luis
De concretarse las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin (se afirma que ya pactó con las autoridades para jugar el papel de “sapo”) sería el segundo director de Pemex en pisar la cárcel.
La corrupción y el desvío de recursos son dos de los principales delitos con los que inculpan a los miembros del servicio público, destacando las denuncias en contra de ex gobernadores, cuya cifra rebasa la docena de personas detenidas y procesadas, aunque ninguno de ellos supere los cinco años de prisión y otros consiguieron ser exculpados.
El único que se mantuvo más años en la cárcel (sigue estándolo, ya que está en prisión domiciliaria) es Mario Villanueva Madrid, acusado de vínculos con el narcotráfico, en lo que muchos consideran una venganza política.
Los gobernadores han sido el lado flaco de los políticos que han incurrido en la comisión de delitos, aunque no han sido detenidos durante su gestión, sino después de dejar el cargo.
Actualmente, los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge, se encuentran detenidos, aunque en el caso del segundo no ha sido sentenciado, al igual que Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, los dos ex de Tamaulipas y el ex de Chihuahua, César Horacio Duarte, está a la espera de ser extraditado. Guillermo Padrés se encuentra libre bajo fianza.
Flavino Ríos, Veracruz; Jesús Reyna, Michoacán; Pablo Salazar, Chiapas; Andrés Granier, Tabasco; Luis Armando Reynoso, Aguascalientes; Guillermo Mercado Romero y Narciso Agúndez, ambos de Baja California Sur, también fueron perseguidos por la justicia y sufrieron prisión, aunque los cargos imputados son distintos entre sí. Rodrigo Medina, Nuevo León, pasó unas cuantas horas detenido.
Otros gobernadores fueron desaforados por supuestos delitos, aunque no sentenciados: Israel Nogueda Otero, Guerrero, y Óscar Flores Tapia, Coahuila.
En su mayoría, los ex gobernadores consiguieron ser liberados de los delitos imputados.
La justicia mexicana no es muy prolífica en juzgar a los políticos y menos lo hace con dureza, ya que los que llegan a pisar la cárcel no lo hacen más allá de los cinco años y obtienen su libertad. Hace unas cuantas décadas ni siquiera existían penas contra los políticos abusivos o rateros, por lo que solamente se ejercía acción judicial en contra de aquellos que entraban en conflicto con quienes ejercían el poder.
Dos son los casos más emblemáticos de funcionario de alto nivel en pisar prisión por esos cinco años: Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex y senador en funciones (fue desaforado) acusado por un fraude de 35 millones de dólares en la compra de dos embarcaciones, operación que sí se realizó para el beneficio de la familia presidencial. Félix Barra, ex secretario de la Reforma Agraria, es el segundo político no gobernador en pasar cinco años en la cárcel, denunciado por amenazas cumplidas.
Otros ex secretarios que pisaron prisión son Eugenio Méndez Docurro, ex de Comunicaciones y Transportes, acusado de peculado y fraude, pagó un desfalco en Correos y salió libre. Óscar Espinosa Villarreal, ex secretario de Turismo, fue detenido con acusaciones de peculado, derivadas por su paso como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Eduardo Pesqueira, ex secretario de Agricultura y Rosario Robles, ex titular de Sedesol, también les ha tocado lidiar con la justicia, aunque siguen siendo pocos los ex miembros de un gabinete presidencial que han pisado la cárcel.
Hay también un abundante número de políticos que han pasado por otras oficinas que también les tocó la balanza de la justicia y pasaron algún tiempo en prisión, aunque no fue demasiado, salvo en el caso de Arturo Durazo Moreno, ex jefe policíaco del Distrito Federal; Leopoldo Ramírez Limón, ex director del Monte de Piedad; Everardo Espino, ex director de Banrural; Fausto Cantú Peña, ex director de Inmecafe; Alfredo Ríos Camarena, ex director del Fideicomiso de Bahía de Banderas y Lydia Camarena, ex directora de Productos Pesqueros Mexicanos.
La realidad es que la vara con que se mide a los políticos acusados de delitos varios no es similar a la que se usa en otros casos.
