Por unanimidad, aprobados los nuevos consejeros
Miguel Ángel Rivera jueves 23, Jul 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque está muy disminuido, al grado que muchos analistas le auguran estar en vías de desaparecer, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede presumir ser el gran ganador en el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto porque, a pesar de que, durante el proceso para nombrar a los nuevos consejeros electorales, mucho se insistió en que no habría “cuotas ni cuates”, dos de los cuatro candidatos presentados a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados -luego de un acuerdo entre los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- se iniciaron o pasaron parte de su vida política dentro de las filas del partido del sol azteca.
La cuarteta propuesta por la Jucopo fue aprobada luego de difíciles e intensas negociaciones que demoraron el arranque del periodo extraordinario de sesiones. El inicio de la sesión estaba programado para mediodía, pero la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), inauguró los trabajos pasadas las 5 de la tarde.
Los cuatro seleccionados son: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey, José Fernando Faz Zamora y Uuc-kib Espadas Ancona.
Norma Irene de la Cruz Magaña fue asesora política del actual gobernador de Chiapas (postulado por Morena), Rutilio Escandón, cuando fue parte del Senado, como integrante de la bancada del PRD. La ahora consejera electoral presumió en su currículum presentado a los diputados haber sido observadora en misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia.
Uuc-kib Espadas Ancona, licenciado en Antropología Social por la Universidad de Campeche, con doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, España, se dio a conocer por sus colaboraciones en diversos medios de comunicación, además de escribir varios libros, entre los cuales están “Las Elecciones de 1991”, procuró que no se recordara mucho que fue diputado federal de 2000 a 2003, postulado por el PRD, pero venció cualquier resistencia del grupo mayoritario de Morena y sus aliados al ofrecer durante su presentación ante los coordinadores legislativos ser un decidido partidario de la austeridad republicana y que se compromete a ganar menos que el Presidente de la República.
La actual directora general adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carla Astrid Humphrey Jordan es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (2006 a 2013) y su perfil es muy discutido, pues lo mismo se le ubica como integrada a la llamada Cuarta Transformación, por su jefe el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto García, pero también hay quien la ubica como cercana al PAN.
El cuarto seleccionado, José Martín Fernando Faz Zamora, es licenciado en Filosofía por la Universidad Abierta San Luis Potosí y por el Instituto de Filosofía AC, de los Misioneros del Espíritu Santo, en Guadalajara, Jalisco, y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Fue elegido para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí en el periodo 2014-2020; y fue catedrático de la maestría en Derechos Humanos Universidad Autónoma de ese estado y profesor en diversas instituciones.
De hecho, la sesión extraordinaria y la correspondiente votación resultaron superfluas, pues todo quedó decidido en la referida reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presidida por el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien logró convencer a sus pares del llamado Bloque Opositor (PAN-PRI-PRD-MC) para que aceptaran a los candidatos previamente sancionados por sus compañeros de Morena.
En esa fase de coordinadores de los grupos parlamentarios la mayor oposición surgió de parte del grupo del PAN, encabezado por Juan Carlos Romero Hicks.
Delgado Carrillo también tuvo que vencer los últimos resabios de las protestas de los integrantes de la “línea dura” de su partido, encabezados por el “ideólogo” John Ackerman y la diputada Dolores Padierna que demandaban anular todo el proceso porque no se eligió a quienes ellos consideraban los mejores aspirantes.
En una carta, los legisladores morenos inconformes acusaron que las quintetas puestas a consideración de la Cámara “no incluyen a los mejores perfiles y, en cambio, es por demás manifiesto que fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación y que anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral”.
También acusaron al Comité Técnico encargado de la selección de haber incurrido “en una obvia violación del Acuerdo de la Junta de Coordinación que lo habilitó a intervenir, dado que adoptó sus resultados sin consenso y desprovistos de toda fundamentación y motivación que los razonara o justificase”.
El coordinador de Morena reiteró que la lista de aspirantes a consejeros fue resultado de un proceso democrático.
A final de cuentas, no hubo debate, todas las fracciones parlamentarias se declararon a favor del acuerdo y esto se confirmó con la votación, que aprobó el convenio de la Jucopo por unanimidad.
Acuerdo de todos los sectores para mejorar pensiones
Parecía difícil que se llegara a un acuerdo, pero a final de cuentas todos los sectores, gobierno, empresarios y trabajadores -además de partidos políticos, incluidos los de oposición PAN y PRI- aceptaron iniciar el proceso para modificar el sistema de pensiones, que consiste básicamente en aumentar las cuotas, pero reducir a sólo 15 años el plazo durante el cual deben cotizar los trabajadores para tener derecho a una pensión vitalicia.
Para el efecto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció haber enviado al Congreso una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con la meta de aumentar en 40 por ciento el ingreso de los pensionados, gracias al compromiso de los patrones de incrementar en más del doble sus aportaciones.
La iniciativa, comentó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, también propone aumentar de 34 al 82 por ciento la cobertura de trabajadores con una pensión garantizada y elevaría de 56 a 97 por ciento la proporción de mexicanos activos con derecho a una pensión
La nueva norma reduciría el requisito de 1.250 semanas (25 años) de cotización a sólo 750 semanas (15 años) para el derecho a una pensión garantizada.
También incrementa la aportación total a la pensión de 6.5 a 15 por ciento sin aumentar la cuota de los trabajadores. En tanto, la aportación patronal se elevará de 5.15 a 13.87 por ciento, mientras que la del Estado se modifica en beneficio de quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, destacó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones de México es un hecho histórico para el país que fue logrado gracias al trabajo conjunto entre los empresarios y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo considero un hecho histórico para México. Es verdaderamente trascendente, vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Esto es enormemente relevante y explica que a todos nos interesa el bienestar de México”, destacó el representante empresarial.
Salazar Lomelín agradeció a las 12 organizaciones que conforman el CCE por el apoyo a la propuesta y reconoció al senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por su apertura a favor de esta propuesta de reforma.
Por otra parte, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) celebró la propuesta del gobierno para reformar el sistema de pensiones, pues permitirá corregir algunas deficiencias propias de un modelo vigente desde hace 23 años y logrará que los trabajadores en edad de jubilación obtengan mejores condiciones de retiro.
