No hay votos para mejorar pensiones
Miguel Ángel Rivera miércoles 22, Jul 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En su parte esencial, el plan de reducir el tiempo para que una persona pueda jubilarse, lo presentó hace unos días el PAN y, a partir de ayer, se sumó a la propuesta el PRI, aunque con algunas variantes.
Básicamente, los dos proyectos coinciden en dos puntos: reducir el periodo durante el cual debe cotizar un trabajador de los 23 años que establece la legislación laboral actual a sólo 15 y, a cambio, aumentar las cuotas que paga el trabajador.
La propuesta del PAN, dada a conocer el pasado día 14 por la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez aclara que el aumento de cuotas sería con cargo a los patrones. El breve comunicado del PRI donde se proponen los cambios no aclara quién aportaría las diferencia, aunque se presume que estarían de acuerdo en que el cargo lo asuman los empleadores, pues los precarios salarios imperantes en México harían muy oneroso el aumento para los trabajadores.
“En el PRI, sabemos que muchas de las pensiones no alcanzan para nada. Para quienes ganen entre uno y cinco salarios mínimos, vamos por un incremento sustancial”, dice el documento del tricolor.
Al presentar la iniciativa panista, la senadora Murguía Gutiérrez destacó que estimaciones estadísticas señalan que el trabajador mexicano promedio sólo recibiría, en el mejor de los casos, un tercio de su último salario, como pensión durante su vejez.
También mencionó que, en los próximos 30 años va a cambiar la proporción de la población, “vamos a tener un mayor número de personas de edad avanzada respecto de aquellos que están en edad económicamente activa”, por lo que consideró de suma importancia fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de brindar bienestar y tranquilidad al trabajador al término de su vida laboral.
“Durante los últimos sexenios se fortalecieron las pensiones. Los ahorros de los mexicanos son un patrimonio intocable. Y aunque algún diputado de Morena ha intentado cambiar la ley para que el gobierno maneje las Afores discrecionalmente, desde la oposición lo hemos impedido. Los priistas hemos estado y estaremos, para evitar que esto suceda”, aseguró el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que, además acusa a Morena de haber administrado “de manera pésima el país y ahora quiere también malgastar el dinero de los ahorradores”.
La dirigencia priista sostiene que su propuesta de cambio en las pensiones surge luego de haber escuchado a muchos jubilados, ahorradores y expertos, por lo que se llegó a la conclusión de que “23 años es mucho tiempo para tener derecho a un retiro digno. Por ello, proponemos aumentar las aportaciones y disminuir a 15 años el tiempo de cotización”.
Además, el comunicado sostiene que “los trabajadores independientes tienen también derecho a una buena jubilación. Deben ser tratados como ciudadanos, no como clientelas. Proponemos una pensión para todos los mexicanos. En eso, y no en elefantes blancos, sí vale la pena invertir”.
Finalmente, remarcó que “las madres que opten por dedicarse a la crianza de sus hijos, podrán hacerlo sin que eso implique que dejen de cotizar para su jubilación. En esto, también vale la pena invertir”.
Lo único malo de estas iniciativas es que, por el momento. No pasan de ser buenas intenciones, pues ni el PAN ni el PRI -aunque unieran fuerzas- tienen la presencia suficiente en el Congreso de la Unión para impulsar los cambios.
Para que eventualmente se materialice esta reforma se requiere el respaldo de la amplia mayoría de diputados y senadores de Morena, que hasta ahora no se han pronunciado acerca de este tema, tal vez porque no han recibido instrucciones del Ejecutivo.
Revés del Tribunal Electoral a los “golpistas”
La Cámara de Diputados no tiene ya ningún obstáculo para elegir en el periodo extraordinario que se realizará hoy a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto es posible porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la exigencia del “ideólogo” de Morena John Ackerman, así como de un grupo de diputados encabezados por los impresentables Gerardo Fernández Noroña y Dolores Padierna, de que se “repusiera” el proceso para elegir a los nuevos consejeros electorales, simplemente porque no fueron seleccionados los que ellos querían.
Esta actitud de rechazo al minucioso trabajo realizado por el Comité Técnico de Evaluación aprobado por la Cámara de Diputados no tuvo respaldo alguno fuera de las filas de los “duros” de Morena, al grado que fueron repudiados por sus propios compañeros de grupo parlamentario, al grado que el ex presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, los calificó de “golpistas”.
Tampoco tuvieron efecto las protestas presentadas por tres de los aspirantes a consejeros que no quedaron dentro de las quintetas que hoy serán puestas a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. Los inconformes son Dora Rodríguez Soriano, Armando Hernández Cruz, y Diana Talavera. Ésta última es la que más inconformidades generó, de parte del “ideólogo” Ackerman.
El tribunal desechó las impugnaciones por considerar que las decisiones se han tomado de manera “irreparable”, ya que los plazos constitucionales son improrrogables y no puede repetirse el proceso.
Aunado a ello, la naturaleza del comité es transitoria y su encargo concluye una vez que la Junta de Coordinación Política recibe las listas de aspirantes.
Dado lo anterior, el acto reclamado se ha consumado de forma irreparable pues el comité ya presentó dichas listas. La etapa de evaluación ha terminado sin que sea posible reponerla, sostuvo la Sala Superior por mayoría.
La propuesta la presentó la magistrada Mónica Soto Fregoso.
Adicionalmente, la periodista Sara Lovera, integrante del mencionado comité seleccionador, escribió una declaración en la que descalifica a John Ackerman.
“El abogado John Ackerman miente. Es un individuo sin ética y, aparentemente, un mal representante de una corriente política. Fue primero impuesto en el comité, tras una votación que lo dejó fuera en la designación que hizo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la cual eligió a las doctoras Blanca Heredia Rubio y Silvia Giorguli Saucedo y al doctor Diego Valadés Ríos. Ackerman fue propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), supongo que por consigna. Los doctores José Roldán Xopa y Ana Laura Magaloni Kerpel fueron propuestas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Cámara tuvo que hacer un acuerdo para incluirlo, a pesar de no ser mexicano por nacimiento. Hoy no puede hablar de exclusión”, aseguró Lovera.
“Desde la instalación del comité, sus actitudes siempre fueron sospechosas. El primer día de trabajo, el señor llegó con un equipo de cinco asesores, quienes participaron en todos los equipos de trabajo; por lo general, queriendo siempre imponer reglas. La Jucopo había autorizado un presupuesto para la contratación de dos asistentes, y así lo hicimos la mayoría, excepto él”, escribió también Lovera, quien además remató:
“¿De qué se queja cuando habla de un trabajo sesgado en el Comité y de la existencia de un bloque conservador? No tengo idea. Pero evidentemente su comportamiento es peligroso; hoy queda en claro. Estuvo emboscado y cuando no logró sus objetivos, entonces se hace eco de quienes sí trabajan por destruir al INE. Se convirtió en su vocero. Durante los trabajos del Comité, no tuvo empacho en convertirse en un censurador”.
Por otra parte, se informó que el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, puso en marcha estrategias de reestructuración financiera para recuperar el pago gradual del adeudo histórico de 60 mil millones de pesos por cuotas y aportaciones al instituto por parte de los gobiernos de los Estados.
Como se recordará, a través de una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para este año 2020, se estableció que el ISSSTE puede requerir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes que los gobiernos locales no han realizado al Instituto.
Ante ello, el ISSSTE formalizó sendos convenios de compromiso de pago con los gobiernos de San Luis Potosí, Baja California y Guanajuato, entre otros.
