Los Duarte de la corrupción
Ramón Zurita Sahagún viernes 10, Jul 2020De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Hace varias décadas se conoció a dos beisbolistas con el mismo apellido como “Los Camacho de la destrucción”. Se trataba de Moisés y Ronaldo Camacho, sin parentesco alguno, quienes guiaron con su bateo a los Pericos de Puebla al banderín de la Liga Mexicana.
En la política existe un símil, aunque un poco distinto, ya que César y Javier Duarte tampoco tienen parentesco, además de ser catalogados como de la destrucción y descomposición en Chihuahua y Veracruz, están catalogados como de la corrupción.
Ambos llegaron a gobernar sus entidades al mismo tiempo de 2010 a 2016, considerados dentro de la nueva generación de priistas celebrada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, por ser menores a los 50 años, al asumir sus gobiernos.
Sus historias son similares en muchos aspectos. Gobernaron en medio de un desastre económico y administrativo, provocando hoyos financieros en sus estados, cuya deuda creció exorbitantemente, además de beneficiarse ellos, sus familiares y amigos.
De Javier ya conocemos su historia, dejó sin concluir el gobierno de Veracruz y huyo al extranjero, por lo que hubo de lanzar la ficha roja de la Interpol para localizarlo, finalmente en Guatemala, de donde fue traído y actualmente se encuentra procesado y sentenciado en uno de los reclusorios capitalinos.
Se le decomisaron una serie de propiedades, algunas de ellas le fueron devueltas y su caso sufre de constantes litigios y amparos, mientras su esposa está a la espera de ser extradita a México, desde Londres.
Ahora se logró la captura de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien huyó del país desde hace cuatro años y fue capturado en Miami, de donde será extraditado a territorio mexicano.
Lo raro del caso de César Duarte es que siempre se supo que estaba localizado en Estados Unidos, no tan alejado de la frontera con México, sin que fuese detenido, hasta ahora que lo hicieron en Miami.
César que se considera como uno de los “pupilos” de Emilio Gamboa, su principal impulsor político, está acusado del manejo descarado de los recursos gubernamentales a su favor, los que fueron desde la creación de un banco, pasando por la adquisición de grandes extensiones de tierras, bienes inmuebles y dinero.
Según las denuncias, César Duarte habría desviado en conjunto, mil 200 millones de pesos del dinero público de Chihuahua.
La Fiscalía de Justicia de Chihuahua mantiene abiertas 10 causas penales en contra del ex gobernador, incluso 10 bienes inmuebles pertenecientes a Duarte que fueron embargados.
La justicia mexicana ha asegurado, además, otras cuatro propiedades a nombre de prestanombres que colaboraban con Duarte.
Pero los señalamientos no fueron solamente en ese tenor, ya que fue acusado en múltiples ocasiones de nepotismo, por situar a varios familiares suyos en cargos vinculados a su gobierno, entre ellos se encuentran sus hermanos Ricardo Duarte Jáquez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; su otro hermano, Crecesiano Duarte Jáquez, “aviador” en la Universidad Autónoma de Chihuahua; Sixto Duarte Jáquez, responsable de la flota aérea del gobierno de Chihuahua; Jesús Alonso Duarte García, que fue director del Colegio de Bachilleres en el estado; Ricardo Gómez Carrillo que fue director del plantel 10 del Colegio de Bachilleres y es primo de su esposa Bertha Gómez Fong; Balbina Duarte, sobrina del mandatario fue nombrada jefa del Departamento de Educación Media Superior y Superior en Ciudad Juárez; su sobrino Sixto Duarte Álvarez fue asesor del director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Ciudad Juárez; Sofía Duarte es parte del equipo de trabajo de la esposa del gobernador y sobrina del mismo y Federico Duarte, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua.
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Se renovó la dirigencia del Congreso Nacional de la Abogacía, asumiendo la presidencia del mismo el Dr. Roberto Vidal Méndez, académico de la UNAM, quien se comprometió a promover iniciativas que impulsen reformas legislativas, para fortalecer la estructura de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y el mejoramiento de la procuración e impartición de justicia y sistema penitenciario.