¿Combate a la impunidad o bandera política?
Guillermina Gómora Ordóñez martes 7, Jul 2020Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
Por enésima vez, el gobierno en turno afirma que combatirá la corrupción y la impunidad, la mancuerna infernal que agobia al sistema político. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la extradición voluntaria y la colaboración de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, permitirá “sanear y purificar la vida pública”. ¿Será?
Desde sexenios atrás, nos han prometido que erradicarán estas calamidades; en el de Miguel de la Madrid (1982-1988) apostaron por la renovación moral. En el gobierno de Vicente Fox, el primer Presidente de la alternancia en México, su contralor, Francisco Barrio, prometió que iría tras los “peces gordos” de la corrupción en el país.
Nada pasó, ni antes ni después. Hoy en la #4T se promueve un código de conducta para la sociedad mexicana a través de la conformación de una Constitución Moral a fin de establecer una guía de valores cívicos, republicanos y laicos con los que se dejen atrás las malas prácticas como la corrupción y la descomposición social.
Sin duda, se trata de una buena intención en materia de combate a la impunidad y la corrupción; sin embargo, lo que debe ponerse sobre la mesa va mucho más allá de la detención mediática de los “peces gordos”: Rosario Robles y Emilio Lozoya, su presunta culpabilidad y eventual castigo.
No hay que perder de vista, que la corrupción no es un acto de una sola persona, sino producto de una compleja red de complicidades de actores públicos y privados. Que la corrupción se ha metido como la humedad en todos y cada uno de los personajes de la sociedad que pueden obtener un beneficio y que al país le cuesta el 10% del PIB.
Si partimos de que el combate a la corrupción y la impunidad, tiene el objetivo de hacer justicia y resarcir el daño infringido a la hacienda pública, hay que revisar cómo funciona el sistema de procuración de justicia en México en sus diferentes niveles, desde el sistema penal acusatorio, el poder Judicial en su conjunto, la Fiscalía General de la República y sus pares estatales; la Auditoría Superior de la Federación, las contralorías estatales y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Todo indica que no anda bien, pues la tasa de impunidad en el sistema acusatorio en México sobrepasa 99%, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hace un par de semanas fueron detenidas 31 personas en Guanajuato, acusadas de ser integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes alías “El Marro”, días después el exitoso operativo se fue a la basura; una juez determinó liberarlos a todos por fallas en el debido proceso. Oootro “culiacanazo”, otra estampa de Impunidad.
El presidente López Obrador acusó a los jueces de liberar a los presuntos delincuentes. Sin embargo, las fallas de origen en estos casos se remiten a las fiscalías, que siguen ancladas a viejas prácticas en materia de investigación y violación a derechos humanos, que después son utilizadas por los abogados de los delincuentes ante el poder Judicial para liberarlos.
Una cadena perniciosa que se repite una y otra vez, ya sea para castigar a ladrones de baja estofa, líderes de cárteles como Ovidio Guzmán o bandidos de “cuello blanco”.
Para muestra, los casos de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad e Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública y sus millonarios e inexplicables patrimonios.
Pareciera que la procuración de justicia en México es una historia ligada a la administración de la impunidad dirigida desde el gobierno en turno. Como si los casos que se investigan, lejos de responder a la aplicación de la ley se utilizarán para afianzar el dominio del grupo en el poder. La bandera política con la que buscarán legitimar su administración.
El arribo al poder de López Obrador, generó la expectativa de que, ahora sí, las cosas cambiarían para bien. Gran decepción ha provocado atestiguar que todo sigue igual, que la aplicación de la ley en nuestro país responde a las prioridades e intereses políticos del presidente en turno.V
VERICUENTOS
Morena sin San Andrés
Rumbo a 2021, los coordinadores parlamentarios de Morena en las Cámaras de Diputados y Senadores, exhortaron a la dirigencia del partido a buscar los mejores perfiles para retener la mayoría en San Lázaro. Ricardo Monreal, líder de la bancada en el Senado, reconoció que ganar los comicios será una tarea más pesada porque no los respaldará el nombre del presidente López Obrador en las boletas electorales. Por su parte, Mario Delgado, dirigente de los diputados federales, llamó a elegir al nuevo presidente nacional de Morena mediante una encuesta abierta a toda la población y dejar de judicializar las decisiones. ¡Órale!
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