SCJN, FGR y Senado van por jueces sin cara que juzguen a jefes del crimen organizado
Roberto Vizcaíno martes 7, Jul 2020Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Dictaduro… | Maral
Saben que no son la panacea para romper la cadena de la violencia e inseguridad en México, que al final estos jueces son expuestos a graves riesgos y represalias, pero Ricardo Monreal, Alejandro Gertz Manero y el ministro Arturo Zaldívar analizan hoy la viabilidad de crear la figura de jueces sin nombre o cara, que actuarían en el anonimato en juicios contra los altos criminales en México.
Esta fórmula es apoyada en forma creciente por gobernadores, senadores y diputados como un instrumento de cambio y seguridad dentro del sistema de impartición de justicia.
El análisis se aceleró con el cruel asesinato del Juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas Guerra en su casa en Colima.
Hoy los juzgadores, dicen todos los anteriores, corren graves riesgos ya que la propia Constitución y las leyes penales los obligan a que deban estar presentes en cada juicio como obligación del debido proceso.
“… eso implica que el juzgador esté de frente a las personas imputadas en todas las audiencias, generando una exposición directa que debe tomarse en cuenta, especialmente en casos delincuencia organizada”, explica Monreal.
De ahí, que sea urgente la renovación del sistema de justicia penal, mediante la creación del Código Penal Único.
“Debemos transitar de un sistema de justicia opaco, anacrónico y poco efectivo, a uno dinámico, accesible y transparente”, subraya el líder de la mayoría de Morena en el Senado.
Ello incluye, necesariamente, dice, acudir a esquemas de protección para juzgadores como lo es la figura del “Juez sin nombre”.
Precisa:
“Se debe mantener el anonimato del juzgador cuando se trate de asuntos relacionados con delincuencia organizada y casos de corrupción de altos funcionarios y políticos.
“Adicionalmente, se debe impulsar la capacitación y profesionalización permanentes de policías y elementos de la Fiscalía, y para el respeto a los derechos humanos dentro de la perspectiva de género, como ejes fundamentales.
“Eso comprende también a los sistemas periciales y así logremos lo que por años ha parecido un ideal inalcanzable: paz y justicia social para todas y todos los mexicanos”.
Monreal revela que esto es analizado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar, con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y con gobernadores, senadoras y senadores preocupados y urgidos por este tema.
“No podemos esperar más, pues al proteger la vida de los impartidores de justicia y sus familias se garantiza a todo el pueblo de México una justicia independiente e imparcial”, afirma el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta.
Experiencias similares se han aplicado en Italia en el caso del combate a la mafia siciliana, donde el hoy histórico juez Giovanni Falcone investigó desde el anonimato al mafioso Rosario Spatola, vinculado al poder político.
Al final, el juez Falcone fue descubierto y asesinado junto al juez Paolo Borsellino, entre otros magistrados italianos. Sin embargo su actuación llevó a la cárcel a varios jefes mafiosos y a la desarticulación de sus grupos.
En Colombia y Perú se dieron otros casos de jueces sin rostro.
Colombia, bajo el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), creó esta figura y en Perú, durante la administración de Alberto Fujimori hubo jueces sin rostro en los procesos contra líderes de Sendero Luminoso.
Ricardo Monreal considera que el proceso de violencia e inseguridad que vive México hace inaplazable una reforma integral en materia de procuración y administración de justicia.
“Y esta reforma sólo será efectiva si la hacemos de la mano del propio Poder Judicial”, apuntó.
El Estado, afirma, debe garantizar la seguridad y protección de magistrados, jueces y todos quienes intervienen en la impartición de justicia, es una máxima constitucional y un compromiso establecido por tratados internacionales.
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La visita oficial del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a territorio de Estados Unidos, no requiere la autorización del Senado de la República, precisó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.
A través de un mensaje emitido en redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado puntualizó que el mandatario saldrá menos de dos días, mientras que la autorización formal se solicita cuando el jefe del Ejecutivo federal se ausenta del territorio nacional por más de siete días.
Agregó que basta con que el Presidente, a través de la Secretaría de Gobernación o la de Relaciones Exteriores, señale el objeto de su visita y se dé por enterado al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Recordó que el próximo 8 y 9 de julio, el Presidente de la República tendrá su primera visita oficial, la cual será a uno de los países más poderosos y socio comercial más importes de México, Estados Unidos.
Especificó que esta gira se realiza con el propósito de revisar el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entró en vigor el pasado 1 de julio.
Monreal Ávila destacó que, por primera vez en la historia, el Presidente de México va a caminar por los filtros usuales de migración y aduanas, y viajará en avión comercial como cualquier ciudadano o visitante. Insólita será la imagen, apuntó.
“Estamos muy claros de que la austeridad republicana se impone: eso se llama congruencia. Bien, por nuestro Presidente de la República”, subrayó.
Diputadas piden a Herrera respetar presupuestos
Un grupo de dirigentes y coordinadoras de la Cámara de Diputados le pidieron ayer formalmente al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no aplicar recortes presupuestales a las áreas establecidas en los rubros de “erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.
En un comunicado firmado por las diputadas Laura Angélica Rojas, (PAN), presidenta de la Mesa Directiva; Verónica Juárez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD; Lorena Villavicencio, coordinadora de la Subcomisión para la Atención de los Feminicidios (Morena); Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, y Lourdes Erika Sánchez, del PRI, le recordaron que la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, ha derivado en un incremento de la violencia de género en México durante los meses recientes.
Y le recordaron igual que en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro “Erogaciones para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres”, concurren Programas Presupuestarios y Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación, estableciendo, además, en el último párrafo del artículo 58 de dicha ley, (por lo) que:
Desde que fue declarada la cuarentena el pasado mes de marzo, le dicen, se denunció que el confinamiento genera condiciones para que la violencia de género se incremente de manera alarmante, ya que el aislamiento produce una limitación de la movilidad que aumenta sustancialmente la violencia contra las mujeres y contribuye a la impunidad por parte de los agresores, incrementando las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia que se ejerce en su contra.
Los datos recabados por diversas organizaciones dedicadas a erradicar la violencia de género confirman el incremento de ésta durante los meses de la cuarentena, expuestos en el aumento significativo de número de llamadas de auxilio a los servicios de emergencia y las cifras de homicidios dolosos adicionados a los feminicidios. En definitiva, el confinamiento ha atrapado a las mujeres en un círculo de violencia que aparece actualmente como un flagelo imparable. Y atender toda esta problemática, requiere de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos, concluyen.
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